Esto no es político
El TCE lo hizo otra vez: 18 mil dólares de castigo a los Yasunidos por 39 centavos mal ubicados
Periodista. Conductora del podcast Esto no es Político. Ha sido editora política, reportera de noticias, cronista y colaboradora en medios nacionales e internacionales como New York Times y Washington Post.
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La justicia electoral en Ecuador parece haber perfeccionado el arte de lo absurdo. Mientras el país observa con indignación cómo circulan maletas de dinero ilícito ante las narices de las autoridades —incluso un millón de dólares fue hallado en una bóveda en un edificio en Quito— y campañas electorales millonarias operan bajo una total opacidad, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decide desplegar todo el peso del Estado contra un enemigo sin estructura partidaria y muy activo en la sociedad civil: el colectivo ciudadano Yasunidos.
El organismo sancionó con 18.400 dólares (40 salarios básicos) de multa y la suspensión de los derechos políticos de dos de los miembros de la organización por un período de dos años. Esto, por 39 centavos de dólar mal ubicados.
Sofía Torres, responsable del manejo económico de Yasunidos durante la campaña que el colectivo hizo en 2023 para mantener el petróleo del Yasuní ITT en tierra, donó 10.39 dólares para el pago de un impuesto municipal.
Al momento de hacer la rendición de cuentas, el CNE considera que los 39 centavos están mal ubicados en el formato contable que el colectivo debe entregar y por eso —entre otras razones casi tan absurdas como esta— sanciona a Torres y a Pedro Bermeo, nombrado como promotor de la organización durante la campaña.
Así de absurdo como se lee. Ella entrega 10.39 de su bolsillo y luego tiene que pagar más de 9 mil dólares de multa.
La decisión del TCE más parece un ejercicio de disciplinamiento desde el poder más que una exigencia de transparencia.
Basta ver a nuestro alrededor.
Mientras en la bóveda de un edificio se encuentra un millón de dólares y el ministro de gobierno sale, ágil, a justificarlo, diciendo que “los nuevos mineros tienden a tener estas cantidades en efectivo”, como si fuera lo más normal del mundo guardar un millón de dólares fuera del sistema bancario.
O mientras nos preguntamos cómo se compran dos medios de comunicación por más de dos millones de dólares cuando el patrimonio del comprador —casualmente, Luis Alvarado Campi, un asambleísta alterno de ADN— apenas supera los 33 mil dólares, según su declaración juramentada.
¿Ahí no hay instituciones para velar por la transparencia?
Los 39 centavos mal ubicados no son la única razón para irse contra Yasunidos, dirán los defensores discrecionales de la ley o los entusiastas del TCE. También hay otras observaciones en relación al cierre del RUC creado para recibir los fondos de campaña o a la donación de 100 dólares y la copia simple —no notarizada— que avala el origen lícito de esos fondos. Sinsentidos inimaginables.
A eso se dedica el más alto tribunal electoral del país.
El mismo tribunal que no encontró motivos para sancionar al presidente Daniel Noboa por hacer campaña sin pedir licencia, o el que permitió que Yadira Bayas y Jorge Chamba, candidatos del gobierno regalaran cocinas de inducción y plátano verde, respectivamente, desafiando toda norma electoral sin enfrentar consecuencia alguna.
Pero qué ágil para actuar contra la sociedad civil. Qué veloz para aplicar el poder de forma contra ciudadanos que intentan ejercer sus derechos a la participación democrática: Torres y Pedro Bermeo, este último, una de las caras más visibles del colectivo, y quien ya enfrentó el congelamiento de sus cuentas bancarias —sin que medie explicación alguna—, en octubre pasado.
¿Quién va a querer manifestarse en las calles u organizarse para hacer campaña, cuando la amenaza es que le bloqueen una cuenta o le condenen al pago de una multa de varios miles de dólares?
También alarma, una vez más, el precedente jurídico. La defensa de Yasunidos argumentó, con lógica jurídica elemental, que el artículo 281 del Código de la Democracia está diseñado para sancionar a organizaciones políticas, no a ciudadanos promotores de una consulta.
Sin embargo, el TCE dijo básicamente que, aunque la ley no lo diga explícitamente, "se entiende" que los ciudadanos deben ser medidos con la misma vara que los partidos.
La sentencia no solo parece un castigo al derecho a organizarse, sino un ejercicio de copy-paste descuidado. El documento está plagado de contradicciones y afirmaciones que rozan lo absurdo. El fallo afirma que los activistas apelaron a la sentencia de primera instancia, basándose en una supuesta "vulneración al debido proceso" por una sentencia desfavorable que aún no existía.
¿Cómo podrían haber apelado algo que les dio la razón en primera instancia? No tiene ningún sentido.
Incluso la propia sentencia se contradice a sí misma al ratificar la inocencia de la jefa de campaña, Antonella Calle. El argumento del TCE para liberarla es que su cargo no existe legalmente. Con esto, el Tribunal admite —quizás sin querer— que la estructura de Yasunidos no encaja en el molde de un partido político, ese mismo molde que ahora intentan imponerles a la fuerza para justificar una multa de 18 mil dólares.
Si el cargo de jefa de campaña es "atípico" y no se puede sancionar, lo mismo debería ocurrir con el promotor, Bermeo. Pero en este laberinto judicial, la lógica es lo de menos; lo que importa es el escarmiento.
El mensaje del TCE es nítido: si usted es un ciudadano que decide organizarse fuera de los partidos para defender una causa en democracia, prepárese para contratar un equipo de auditores de élite que encontrarán la forma de castigarlo. Unos centavos mal ubicados pueden costarle su patrimonio y su derecho a votar o ser candidato.
Castigar a Yasunidos es criminalizar la participación ciudadana independiente. Es, además, un aviso para cualquiera que pretenda incidir en lo público sin el amparo de un partido: en este Ecuador de contrastes obscenos, la generosidad del Estado es para quienes operan en las sombras, mientras que todo su peso cae sobre quienes, con facturas en mano y a plena luz del día, se atreven a disentir.