Columnista invitado
Seguridad sin desarrollo no es seguridad
Profesor e investigador especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
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En los últimos años hemos caído en una falsa dicotomía: para sentirnos más seguros, parecería que debemos sacrificar derechos. Esta idea, repetida hasta el cansancio, ha terminado por moldear no solo el debate público en Ecuador, sino también las expectativas ciudadanas sobre lo que significa y debería significar la seguridad.
A medida que crece la delincuencia, y sobre todo la percepción de su crecimiento, se instala una respuesta casi automática. Se ofrece bajo un lema de “contundencia” y “eficacia” la presencia de más policías, más militares, más armas y mayores facultades para el uso de la fuerza. Esta lógica, sin embargo, parte de una comprensión reducida del problema. Supone que el crimen es un fenómeno homogéneo, que puede enfrentarse únicamente mediante la contención y la disuasión. Bajo esa premisa, todos los “criminales” pasan a ser tratados como una amenaza indistinta, sin espacio para preguntarse por las trayectorias que conducen al delito ni por las condiciones sociales y la corrupción sistemática que lo hacen posible. Se diluye así una discusión incómoda pero necesaria, el rol del Estado en la reproducción o mitigación de desigualdades que empujan a amplios sectores, especialmente jóvenes, pobres y racializados, hacia economías criminales que ofrecen ingresos, protección o sentido de pertenencia.
En ese contexto, las medidas excepcionales dejan de ser excepcionales. Restricciones a la movilidad o toques de queda, estados de excepción prolongados o la ampliación de facultades coercitivas se normalizan como respuestas inevitables. No obstante, la experiencia comparada en América Latina muestra que la presión estatal bajo el uso de la fuerza, por sí sola, no desarticula a los grupos criminales, sino que los obliga a transformarse. Estas organizaciones aprenden, se fragmentan o se recomponen, diversifican sus fuentes de financiamiento y perfeccionan sus mecanismos de control territorial, muchas veces apoyados en redes de corrupción que erosionan al propio Estado. El resultado no es la desaparición de los homicidios, sino su reconfiguración que los hace adaptables y en ocasiones, más complejos de contener.
Frente a ello, la pregunta no es solo qué tan dura debe ser la respuesta, sino qué tan integral puede llegar a ser. Ecuador no es una excepción en la región; más bien, reproduce un dilema largamente conocido. Durante décadas, varios países han oscilado entre políticas de mano dura y reformas institucionales incompletas, sin lograr consolidar estrategias sostenidas de prevención. En ese vaivén, se ha postergado una discusión central, simplemente, la seguridad no puede desvincularse del desarrollo humano.
Hablar de desarrollo en este contexto no es un ejercicio abstracto. Implica reconocer que la violencia encuentra terreno fértil allí donde el Estado no garantiza condiciones mínimas de bienestar y ciudadanía. Educación de baja calidad, mercados laborales precarios, sistemas de salud insuficientes y un acceso desigual a la justicia configuran entornos donde las economías criminales pueden expandirse con relativa facilidad.
Los indicadores recientes del país dan cuenta de estas tensiones. Desde 2020, el Índice de Pobreza Multidimensional, que mide privaciones en educación, empleo, salud, vivienda y acceso a servicios básicos, se ha mantenido estancado e incluso ha empeorado tras la pandemia, pasando de 40,9% en 2020 a 41,7% para diciembre de 2025. A ello se suma el deterioro registrado en el Índice de Progreso Social, que evidencia retrocesos en el acceso a derechos, la calidad educativa y la provisión de servicios de salud, particularmente en territorios históricamente relegados.
El desafío, por tanto, no radica en contener la violencia con más violencia, sino en promover mecanismos y condiciones que reduzcan la pobreza y la desigualdad que las ocasionan. Esto supone fortalecer capacidades estatales, pero también reconstruir la relación entre el Estado y la ciudadanía en territorios donde esa presencia ha sido débil, corrupta, intermitente o percibida como exclusivamente coercitiva.
Nada de esto depende de un solo gobierno ni ofrece resultados inmediatos. Pero insistir en respuestas parciales tiene costos acumulativos. Mientras sigamos atrapados en este falso dilema de seguridad sin desarrollo, continuaremos administrando la violencia en lugar de reducirla. Y, en ese proceso, el miedo cada vez más extendido seguirá restringiendo la vida cotidiana, el uso del espacio público y las oportunidades de una generación que crece aprendiendo a convivir con la incertidumbre como norma.