El combate a la corrupción y sus enemigos

La corrupción es uno de los principales problemas de buena parte de los países de América Latina. Desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, muchos gobiernos han emprendido programas de prevención, monitoreo y sanción de la corrupción, pero los resultados han sido, en general, mínimos. Igual o más grave es el hecho que el financiamiento de estas iniciativas suele darse con recursos que los países tienen posteriormente que reembolsar a los supuestos donantes. En sencillo, la corrupción de ahora es igual a la de antes, con pocas variaciones entre países. Regionalmente, los latinoamericanos vivimos en una parte del mundo infestada por distintas modalidades de corrupción. 

Lo paradójico de la corrupción es que, aunque en diversos sectores sociales existe un acuerdo en torno a su tratamiento y disminución, hay una serie de grupos que se verían claramente perjudicados si este fenómeno social iría en descenso. Algunos de ellos, dejando a los políticos por fuera en este momento, son los distintos actores que circulan alrededor del sistema de justicia. Jueces, fiscales y personal judicial encarnan el primer grupo de afectados. Imaginen el perjuicio que generaría a un juez o a un fiscal prescindir de las astronómicas cantidades de dinero que cobran como “honorarios” por su intervención en las causas penales derivadas de delitos relacionados con la corrupción pública.

Si en ese tipo de procesos judiciales está la principal motivación de muchos de ellos para acceder a la administración de justicia, con un poco menos de corrupción los incentivos para ese tipo de cargos descenderían enormemente. Por ello, si de combatir a la corrupción se trata, entre jueces y fiscales está el primer gran grupo de enemigos de ese emprendimiento. Unos y otros tendrían que vivir del sueldo y eso no alcanza para el nivel de vida que les gusta. Se reducirían ostensiblemente los viajes, los licores finos y los tratamientos quirúrgicos. Atacar a la corrupción tiene en el Poder Judicial a un enemigo difícil de roer.

• Objetivos de alto valor

Otro grupo de gente que se vería perjudicada enormemente por la reducción, al menos mínima, de la corrupción, son los abogados. Al igual que con jueces y fiscales, no todos, pero sí aquellos que ahora se enriquecen defendiendo a delincuentes que han perjudicado los intereses del país y sobre todo de la gente más humilde, que es la que deja de recibir bienes y servicios por falta de presupuesto. Con menos escándalos de corrupción, esos superlativos honorarios profesionales, que son pagados con dinero mal habido, hay que decirlo, se reducirían en dimensiones considerables. Ya no habría recursos para tanto alarde ni para la inversión en trajes y vestimenta de diseñador. Los espacios para intentar propiciar un darwinismo social, que en general lo hacen de forma muy rancia e histriónica, se vendrían abajo.     

Así, con un descenso de la corrupción, estos abogados tendrían que ganarse la vida de otra forma: litigando, cobrando por sus servicios, desde luego, pero no siendo parte de la enorme red de corrupción que ahora azota a los países de América Latina y al Ecuador en particular. En ese escenario, si quisieran mantener su estatus y sus pretensiones de ascenso social, porque no son más que eso, pretensiones, tendrían que defender casos de narcotráfico y crimen organizado y eso ya les gusta un poco menos. Solo un poco menos porque bien sabido es que ahora mismo ya lo hacen recurriendo a la firma de mandaderos que están dispuestos a dar la cara a la opinión pública sin saber siquiera el contenido de los grandes alegatos que presentan aparentando ser los abogados patrocinadores.  

Vociferarán inmediatamente el estribillo de que toda persona merece el derecho a la defensa. La ciudadanía les contestará, también a coro, que cada delincuente que ha hecho fortuna con los recursos del Estado está al nivel de quien se beneficia de parte de ese atroz delito a través de su defensa profesional. Más allá de cuestiones éticas y de civismo, lo cierto es que, entre abogados incursos en la defensa de casos de evidente perjuicio a los recursos públicos y operadores de justicia, se encuentran dos de los grupos más importantes de enemigos al combate a la corrupción. Enfrentarse a ellos, provistos de una serie de herramientas para impedir que su gran negocio se vea diezmado, no es fácil. Por eso la corrupción sigue enraizada en el país, igual o incluso peor que antes.