Bye bye, jueces anticorrupción

Recibí la noticia con shock. En medio de la crisis de crimen organizado más grande de la historia del Ecuador, el Consejo de la Judicatura suprime, de un brochazo, los juzgados anticorrupción, a cargo de los casos de crimen organizado.

Ello nos lleva, con urgencia y desesperación a plantear preguntas y a contarles la verdad. ¿Listos?

Para hallar el error, permítanme llegar a algunas conclusiones y formular algunas preguntas incómodas:

1. Si la salvedad constitucional para bypassear el principio de territorialidad y centralizar el juzgamiento de estos delitos en Quito, es la especialidad, ¿qué ocurre ahora que los jueces que conocerán estos casos no están, entre comillas, especializados?

Se dieron un tiro en el pie, calibre .45.

2. Si Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos invirtieron cientos de miles de dólares especializando a los jueces de la unidad anticorrupción, ¿qué mensaje le damos a la cooperación internacional? ¿De dónde van a sacar los recursos para capacitar a los más de 50 jueces que ahora tendrán este rol?

3. Los jueces anticorrupción estaban saturados de carga procesal. ¿Pero sabrá el Consejo de la Judicatura que los jueces de Iñaquito están mucho más saturados? Acaban de “incrementar el número de jueces”, uniendo la sobrecarga procesal, es decir, una pastilla de placebo para los ingenuos. Aquí hacen un hueco para tapar otro hueco. Lo explico con manzanitas:

En Iñaquito (la Unidad Judicial que recibirá toda la carga procesal de los jueces anticorrupción) hay 11 jueces. ¿Preparados? Sí. Han invertido, de su propio bolsillo, en su educación. ¿Con experiencia? Sí, mucha. ¿Y cuál es el problema?

Que esos 11 jueces conocen hoy procedimientos penales ordinarios por delitos acción penal pública, procedimientos de acción privada, acciones constitucionales (porque el Consejo de la Judicatura no ha creado los jueces Constitucionales conforme a la consulta popular), contravenciones penales, contravenciones de ley de defensa del consumidor, competencias de la extinta unidad de desestimaciones y archivos, etc. etc.

Para que tengan una idea, esos 11 jueces, sin cooperación internacional, reciben, cada uno, un promedio de 1.500 casos anuales, a eso hay que sumar los casos de desestimaciones y archivos, que son un promedio de 3.000 causas por juez, además de diligencias pre-procesales (700 al año).

• El intocable

¿Por qué el Consejo de la Judicatura ignora deliberadamente esto? Porque esos archivos están invisibilizados porque no cuentan para la evaluación.

Es decir, los jueces de Iñaquito están colapsados y la solución del Consejo de la Judicatura es, supuestamente, de los 4 jueces de la unidad anticorrupción, enviar 2 a flagrancia y 2 a Iñaquito. Pero llegan con la palanqueta bajo el brazo: 2 jueces más y la carga procesal NACIONAL.

Es decir, el remedio es peor que la enfermedad. Acaban de destruir la mermada capacidad de los jueces de Iñaquito.

4. Pero lo anterior es medio mentira. ¿Saben por qué? Porque la verdadera decisión que tomó ayer el Consejo de la Judicatura fue enviar a los jueces de la unidad anticorrupción a Tumbaco (a violencia de género), a Carcelén, a Carapungo y a Quitumbe y, a los de Quitumbe y Carcelén, al Complejo Judicial Norte.

Es decir, ningún juez anticorrupción seguirá siendo juez anticorrupción. Ahora son jueces ordinarios. Y, los jueces ordinarios, ahora son jueces anticorrupción.

¿Por qué? Porque si no se arrodillan, se eliminan.

5. ¿Pero saben por qué hay tantos procesos represados? Porque faltan jueces en la suma global. ¿Saben por qué faltan jueces? Porque el Consejo de la Judicatura no solo destituye a los incompetentes y corruptos, sino que también suspende a los honestos que no claudican en sus principios.

Esta no es una decisión técnica, es un castigo.

Pero esto se pone peor: ¿sabían que los casos que llevaban los jueces anticorrupción, a diferencia de los casos ordinarios, tienen 10, 20, 30 y hasta 40 procesados?

Así que esa estadística de despacho del 18% es un dato tramposo, una media verdad, y como decía Machado, dime media verdad, diré que me mientes dos veces si dices la otra mitad.

6. Los casos relacionados con crimen organizado y corrupción, por regla general, se tramitan con prioridad y urgencia. ¿De qué forma se garantizará que los procesos comunes no sufran dilaciones? ¿Los jueces tendrán más ayuda? ¿Qué medios se les va a otorgar para ampliar su capacidad operativa? ¿O se pretende que con recursos que ya eran limitados para los casos que manejaban, hoy atiendan necesidades ilimitadas?

7. A duras penas se alcanzaba a dar seguridad a los jueces anticorrupción. ¿Se dará ahora escoltas a los “más de 50 jueces” que conocerán estas causas, o, como al juez Carlos Serrano, se los dejará abandonados a las buenas de Dios?

Pero esto se pone mejor. Como ahora todos quienes eran jueces anticorrupción dejan de ser jueces anticorrupción y se van a Quitumbe y otros lares, ahí ya no tendrán protección. Es decir, muchas gracias por haber combatido al crimen organizado durante 4 años. Ahora que no son jueces anticorrupción, quedan a su suerte.

Si, queridos lectores, si quieren pueden vomitar mientras me leen.

8. ¿Fue una decisión técnica? ¿Consultaron a jueces y fiscales? ¿Consultaron a abogados? ¿En qué basaron una decisión tan precipitada? La verdad es que estamos frente a una decisión política, que de técnica no tiene nada.

Las cosas como son, que ya estamos bastante grandecitos como para mirar hacia otro lado.

Dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Bienvenidos al infierno, sin buenas intenciones, queridos ciudadanos.