La eliminación de la unidad especializada de jueces anticorrupción y contra el crimen organizado en Ecuador mantiene en suspenso varios casos emblemáticos, una semana después de la resolución de la Judicatura que dispuso su reestructuración.

Tras esa decisión, que causó preocupación en expertos de Naciones Unidas y Human Rights Watch varias audiencias, de los casos Encuentro o Goleada, han sido suspendidas temporalmente mientras el Consejo de la Judicatura define cómo se redistribuirán las causas.

Los jueces que integraban la extinta Unidad Anticorrupción y de Crimen Organizado fueron notificados la noche del 14 de septiembre sobre su traslado a otras dependencias judiciales de Quito, ubicadas en Quitumbe, Tumbaco, Calderón y Carcelén.

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Los magistrados afectados manifestaron, bajo reserva de su identidad, su preocupación por su seguridad, recogió Teleamazonas. Señalaron que todavía tienen causas instaladas y sentencias pendientes relacionadas con delincuencia organizada y corrupción, por lo que desconocen si continuarán contando con resguardo policial mientras concluyen estos procesos.

La medida también genera inquietud entre los jueces porque, al ser trasladados y dejar de concentrarse en una unidad especializada, podrían perder las condiciones de protección que tenían debido a la naturaleza de los casos que manejaban.

Expertos advierten que la seguridad de los magistrados es un elemento relacionado con la independencia judicial, especialmente cuando se trata de este tipo de procesos.

"Procesos quedan en el limbo"

El exjuez anticorrupción Carlos Serrano advirtió que existe un "limbo" para los procesos cuyas audiencias aún no han comenzado o están pendientes de una decisión. A su juicio, los jueces ordinarios no cuentan necesariamente con la misma formación especializada.

"Cuando uno entra a ser juez penal ordinario se le capacita respecto a todo el Código Penal", mientras que los jueces anticorrupción se concentraban en un número específico de delitos, explicó Serrano a Teleamazonas.

El exvocal del Consejo de la Judicatura, Merk Benavides, también cuestionó la transición y señaló que algunos de los jueces especializados habían recibido capacitación internacional en materia de corrupción y crimen organizado. 

Benavides consideró necesario que la Judicatura realice en cuanto antes el resorteo de las causas para garantizar seguridad jurídica.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, defendió en cambio la reforma. En el programa Vera a su Manera, aseguró que los jueces penales tienen plena capacidad para asumir los casos y rechazó que los magistrados de las unidades especializadas fueran una categoría superior.

“Todos tienen el mismo perfil. Los jueces anticorrupción no son jueces que tengan una mayor categoría".

Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura

La Judicatura insistió además en un comunicado que la resolución no elimina la capacidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado, sino que busca ampliar la cobertura ante el déficit de magistrados y la carga procesal. 

Según el organismo, el sistema pasará de 19 a más de 50 jueces penales capacitados y habilitados para conocer este tipo de causas.

Casos afectados

Entre los procesos afectados está el denominado caso Encuentro, contra Leonardo Cortázar, extraditado desde Panamá y acusado de delincuencia organizada. El tribunal decidió no instalar el juicio previsto para el 14 de septiembre. También dejó sin efecto las fechas establecidas hasta que la Judicatura emita directrices que aclaren cómo debe continuar el proceso.

El caso no es aislado. En Goleada, la audiencia preparatoria de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros procesados quedó suspendida después de que el juez José Cornejo, quien pertenecía a la unidad eliminada, se inhibiera de continuar con la diligencia.

También fue diferida una audiencia del caso La Reina, por lavado de activos, por la falta de claridad sobre la competencia de los jueces.

En total, 484 causas que estaban en manos de los jueces especializados deberán ser redistribuidas entre más de 50 jueces penales, frente a los 19 magistrados que anteriormente concentraban estos procesos.