Matías Abad Merchán

Ese es el verdadero riesgo: no que Noboa sea Correa, sino que sigamos midiendo la democracia ecuatoriana en función del menos autoritario o del menos malo.

Cuando la defensa de las libertades depende de quien gobierna, el silencio deja de ser una postura y se convierte en una decisión política.

Lo que comienza como un problema judicial o regulatorio se convierte en una discusión institucional sobre la libertad de expresión y los límites del poder, y pasa de ser un caso particular a una preocupación pública.

Forzar una polarización en este contexto no solo desordena la campaña, sino que reduce su eficacia. Las elecciones seccionales se definen en el barrio, no en Carondelet.

El adelanto de las elecciones seccionales introduce un efecto que ha pasado relativamente desapercibido: las autoridades que no sean reelegidas deberán gobernar seis meses sin poder político real.

Hay un problema de fondo: el tono de la confrontación es vergonzoso. Quienes ocupan —o han ocupado— las más altas magistraturas del Estado deberían encarnar un mínimo de decoro institucional. La democracia también exige formas.

La libertad de prensa no se defiende por nostalgia, sino por necesidad democrática: sin medios capaces de incomodar con rigor, el poder deja de rendir cuentas y la ciudadanía pierde el derecho a distinguir hechos de consignas.

El Estado central acumula retrasos significativos en las transferencias a los GAD, por lo que, antes de exigir porcentajes de inversión, el sistema debe garantizar condiciones mínimas de estabilidad financiera.

Cuando una funcionaria de alto nivel afirma ser "enemiga de los medios", el problema no es solo semántico, es institucional. En democracia, el lenguaje del poder importa tanto como sus decisiones.

Una ecuatoriana, Ivonne Baki, podría dirigir la ONU por primera vez en la historia. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ecuatoriano ha sido el silencio absoluto. En diplomacia, esa ausencia no es neutralidad: es una decisión.