El indiscreto encanto de la política
Seis meses sin poder
Catedrático universitario, comunicador y analista político. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
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El adelanto de las elecciones seccionales introduce un efecto que ha pasado relativamente desapercibido: las autoridades que no sean reelegidas deberán gobernar seis meses sin poder político real.
La jornada electoral se realizará en noviembre de 2026, pero la posesión de las nuevas autoridades, como manda la Constitución, se mantiene para mayo de 2027.
Es decir, prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales serán figuras formales durante este lapso, pero políticamente debilitadas. No se trata solo de un ajuste de calendario, sino de una reconfiguración anticipada del poder político en los territorios.
La experiencia muestra que, cuando una autoridad ha sido derrotada en las urnas, su capacidad de decisión se reduce de manera inmediata. Políticos, funcionarios y ciudadanos, una vez conocido el resultado electoral, comienzan a reorientar sus lealtades hacia quienes ejercerán el poder en el futuro. A rey muerto, rey puesto, dice el refrán.
En la literatura política, este fenómeno se conoce como lame duck (“pato cojo”), un término originado en la Bolsa de Londres del siglo XVIII que se usaba para describir a un inversionista quebrado que no podía pagar sus deudas. Luego fue adoptado en la política anglosajona para referirse a autoridades que ya han perdido capacidad de influencia.
En el caso ecuatoriano, durante los seis meses de transición, la gestión pública local puede entrar en una zona gris, con decisiones postergadas, proyectos ralentizados y una burocracia que, progresivamente, se alinea con la autoridad entrante para preservar posiciones.
El riesgo no es solo administrativo, sino político. Una autoridad deslegitimada pierde capacidad para ejercer control, sostener agendas y tomar decisiones de mediano plazo.
En un caso extremo, pueden abrirse dos dinámicas igualmente problemáticas: la paralización de la gestión o, en sentido contrario, la adopción de decisiones apresuradas antes de dejar el cargo.
El vacío de poder en los gobiernos locales no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de consecuencias de este adelanto de las seccionales que, acumuladas, tensionan la institucionalidad y debilitan las condiciones en que se ejerce la democracia.
Al final, el verdadero costo de este vacío no lo pagará la autoridad saliente ni la entrante. Lo pagará la ciudadanía que, durante seis meses, puede enfrentar un gobierno con menor capacidad de decisión, donde obras se postergan, servicios se ralentizan y la gestión pública pierde efectividad.