María Sol Borja

Cuando una regla creada para garantizar la seguridad jurídica y ofrecer certezas se reinterpreta según el momento político, beneficiando a la organización política gobernante, se golpea a la democracia.

En un Estado que ya ha dado muestras de hostilidad hacia la prensa y las voces críticas, saber quién está mirando a quién permite al poder anticiparse, asfixiar y silenciar antes de que la información se convierta en titular.

Castigar a Yasunidos es criminalizar la participación ciudadana independiente. Es, además, un aviso para cualquiera que pretenda incidir en lo público sin el amparo de un partido.

Cuando los resultados en Salud son nulos y las carencias en las zonas más vulnerables del país cobran vidas, la frivolidad en redes sociales retrata dónde está el foco del gobierno.

Lo que Noboa deja entrever es que no solo pretende tener —o tiene— el control de la justicia, sino que además la ve como un mero trámite que él, por el cargo que ostenta, puede saltárselo.

El periodismo que se exige —el que investiga, incomoda y confronta— ya no depende solo de quienes lo ejercen. Depende también de quiénes están dispuestos a sostenerlo.

La democracia no puede ser sacrificada en nombre de una promesa que ofrece finalizar la violencia pero que, hasta ahora, ha entregado resultados limitados.

Estamos ante una nueva confirmación de que en Ecuador existen dos velocidades procesales: una supersónica para el que disiente y una que apenas gatea para el que podría involucrar responsabilidades de funcionarios del gobierno.

La seguridad no se construye castigando el comercio legal ni abriendo frentes innecesarios con los vecinos. Se construye con inteligencia, coordinación internacional y fortalecimiento institucional.

Cuando el aparato público -comunicación, justicia, control político, autoridades de fiscalización y árbitros electorales- converge en proteger, sostener o ampliar el poder de un presidente, el riesgo ya no es para un sector. Es para todos.