María Sol Borja

Una reforma al Código de la Democracia, aprobada de forma tramposa por la Asamblea Nacional, golpea nuevamente el derecho de participación política de las mujeres.

Las instituciones no son entes etéreos ni engranajes inertes; están compuestas por personas con responsabilidades que hoy se esquivan con una ligereza alarmante.

Ecuador no tiene tiempo para novatadas. La inexperiencia y poco rigor de los legisladores cuesta demasiado y el país no está en circunstancias de asumir esos costos.

La Ley Inteligencia es un riesgo inmediato para varios derechos fundamentales y abre la puerta a que un gobierno autoritario la utilice como un instrumento para consolidar el control absoluto.

En silencio, miles de familias abandonan sus hogares y la violencia sigue tomando territorios, mientras el estado y la sociedad se enteran poco o nada de estos casos que parecen aislados.

En un país atravesado por crisis profundas y una ciudadanía cada vez más escéptica, el desafío no es menor: sin una oposición crítica, vigilante y propositiva, el equilibrio democrático se debilita.

Si, de a poco, se empieza a entregar todo el poder a un solo partido, a una sola institución, a un solo gobierno, el resultado es predecible: abusos y violaciones de derechos.

¿Qué tan dispuesto está el oficialismo en la Asamblea a fiscalizar a sus coidearios y a ser contrapeso del poder Ejecutivo y qué tanto apoyará la oposición las propuestas de ADN?

La prensa valiente denuncia, cuestiona, revela, se arriesga. No sin una dosis de romanticismo e idealismo, aceptando costos personales, profesionales y familiares muy altos.

Llegó la hora de hacerse cargo. Si votaste por Luisa González o por Daniel Noboa; si anulaste el voto o no fuiste a votar, tienes —tenemos— que tomar esa responsabilidad.