Michelle Maffei

El panorama difícilmente cambiará mientras las acciones no alcancen a aquellos criminales que operan con mayor nivel de invisibilidad, insertos en la esfera pública y en los círculos de poder económico y social, desde Samborondón hasta Cumbayá.

Si se quisiera aprovechar el toque de queda, los verdaderos objetivos de alto valor deberían centrarse en actores insertos en las estructuras políticas y económicas que sostienen el funcionamiento del crimen organizado.

Mientras el Estado no ataque los nodos financieros y políticos que sostienen estas redes, Ecuador no estará ganando la guerra contra el crimen organizado. Estará simplemente observando su evolución.

Los “carteles” tal como los imaginamos —jerarquías rígidas con cabezas identificables— podrían estar volviéndose obsoletos y acercándose a su fin. Lo que emerge son redes criminales operativas adaptativas, comprendidas en la doctrina militar como sistemas complejos adaptativos.

Si el objetivo de EE.UU. realmente fuera combatir el crimen organizado, la política pública debería abordar de forma integral tanto la oferta como la demanda, comprendiendo el contexto completo del mercado ilícito.

Mientras los grupos criminales innovan con rapidez, los estados siguen reaccionando tarde y de forma fragmentada. Sin resiliencia institucional e inteligencia humana, los puertos continuarán siendo la puerta abierta del crimen organizado al comercio global.

Las muñecas de la mafia suelen ser presentadas, de manera muy errónea, como víctimas colaterales. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de cómplices específicas y eficaces dentro de los esquemas de lavado de activos.

Guayaquil, además de ser un territorio estratégicamente relevante para los grupos delictivos, registra altos niveles de violencia de manera sostenida desde el año 2014.

Cualquier intento de construir un plan nacional de seguridad ciudadana está condenado al fracaso si evita confrontar la causa central que sostiene al crimen organizado: la corrupción.