Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
Mientras el debate público se concentra en sicarios, cabecillas y bandas, existe una notable reticencia a investigar, procesar y extraditar a actores de cuello blanco que lavan activos, corrompen instituciones y proporcionan cobertura al crimen organizado.
La eficacia de la respuesta estatal se mide por la capacidad de identificar, procesar y condenar a los "peces gordos" que facilitan el funcionamiento de las redes criminales.
La crisis de seguridad ecuatoriana no responde únicamente a una disputa por control territorial, sino a un problema más profundo: la progresiva normalización de redes criminales dentro de estructuras políticas, económicas y estatales.
Entre especialistas, desde Guayaquil hasta Washington o Roma, existe un consenso claro: una política seria contra el crimen organizado comienza por rastrear y desarticular sus flujos financieros, incluso cuando ello implique incomodar a actores con poder.
El panorama difícilmente cambiará mientras las acciones no alcancen a aquellos criminales que operan con mayor nivel de invisibilidad, insertos en la esfera pública y en los círculos de poder económico y social, desde Samborondón hasta Cumbayá.
Si se quisiera aprovechar el toque de queda, los verdaderos objetivos de alto valor deberían centrarse en actores insertos en las estructuras políticas y económicas que sostienen el funcionamiento del crimen organizado.
Mientras el Estado no ataque los nodos financieros y políticos que sostienen estas redes, Ecuador no estará ganando la guerra contra el crimen organizado. Estará simplemente observando su evolución.
Los “carteles” tal como los imaginamos —jerarquías rígidas con cabezas identificables— podrían estar volviéndose obsoletos y acercándose a su fin. Lo que emerge son redes criminales operativas adaptativas, comprendidas en la doctrina militar como sistemas complejos adaptativos.
Si el objetivo de EE.UU. realmente fuera combatir el crimen organizado, la política pública debería abordar de forma integral tanto la oferta como la demanda, comprendiendo el contexto completo del mercado ilícito.
Mientras el debate público se concentra en sicarios, cabecillas y bandas, existe una notable reticencia a investigar, procesar y extraditar a actores de cuello blanco que lavan activos, corrompen instituciones y proporcionan cobertura al crimen organizado.
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La eficacia de la respuesta estatal se mide por la capacidad de identificar, procesar y condenar a los "peces gordos" que facilitan el funcionamiento de las redes criminales.
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Entre especialistas, desde Guayaquil hasta Washington o Roma, existe un consenso claro: una política seria contra el crimen organizado comienza por rastrear y desarticular sus flujos financieros, incluso cuando ello implique incomodar a actores con poder.
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Si el objetivo de EE.UU. realmente fuera combatir el crimen organizado, la política pública debería abordar de forma integral tanto la oferta como la demanda, comprendiendo el contexto completo del mercado ilícito.
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