El Estado apunta al poder local: 16 investigaciones y auditorías cercan a alcaldes y un exviceprefecto en Ecuador

Un total de 16 investigaciones judiciales y auditorías rodean a alcaldes y a un exviceprefecto en Ecuador. Los expedientes abarcan presunto peculado, lavado de activos vinculado al crimen organizado y enriquecimiento ilícito, y afectan mayoritariamente a figuras de la oposición.

Alcaldes y un viceprefecto son objeto de investigaciones penales y auditorías a puertas de las elecciones seccionales.

Alcaldes y un exviceprefecto son objeto de investigaciones penales y auditorías a puertas de las elecciones seccionales.

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PRIMICIAS

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

30 oct 2026 - 19:00

En los últimos 18 meses, la Fiscalía y la Contraloría han abierto, al menos, 16 investigaciones y auditorías contra alcaldes en funciones y un exviceprefecto. Esta ofensiva judicial abarca desde delitos de peculado hasta lavado de activos con conexiones con el crimen organizado.

Las investigaciones salpican a autoridades de diversas tendencias políticas, aunque la mayoría corresponde a funcionarios identificados con la oposición al Gobierno de Daniel Noboa. Líderes locales de la Revolución Ciudadana y otras agrupaciones concentran los procesos.

Frente a las acciones de la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado, la mayor parte de los procesados califica los casos como una persecución política. Sostienen que se busca neutralizar sus liderazgos en la antesala de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Los expedientes de los casos exponen complejas tramas que van desde supuestos nexos con redes del crimen organizado hasta irregularidades en contrataciones públicas e incrementos patrimoniales no justificados en el ámbito privado, dejando a seis alcaldes detenidos hasta el momento.

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¿Nexos con el crimen organizado?

El 28 de octubre de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron la operación Gran Fénix 066, logrando la detención de Alfonso Montalván, alcalde de Vinces, en la provincia de Los Ríos.

Las autoridades le dictaron prisión preventiva junto a otras nueve personas por presunto lavado de activos. La investigación lo señala como presunto cabecilla de una red que canalizó recursos ilícitos por aproximadamente USD 3,2 millones entre 2019 y 2026. Entre los aprehendidos figuran cuatro familiares directos, incluyendo a su hijo, madre y hermano, además de cuatro funcionarios del Municipio de Vinces.

La estructura utilizaba como fachada a la firma Constructora Aldrensa, propiedad del alcalde Montalván, la cual registró un crecimiento patrimonial del 570% durante su mandato municipal. Según balances de la Superintendencia de Compañías, la firma declaró ventas anuales de hasta USD 247.726, pagando sueldos equivalentes a dos empleados y sin adquirir maquinaria.

Informes de la UAFE y de la Policía vinculan los flujos financieros de esta empresa con procesados en los casos Metástasis, Gran Fénix Cantabria y Narcofiesta, y con organizaciones narcodelictivas como Los Choneros, Los Lobos, la mafia albanesa y la Nueva Junta del Narcotráfico.

Por otra parte, la alcaldesa del cantón Jipijapa en Manabí, Ángela Plúa, fue procesada el 26 de junio de 2026 en el denominado caso La Jefa o Digitador por presunta delincuencia organizada.

thumb — Detención de Alfonso Montalván Cerezo, alcalde de Vinces, este 28 de octubre de 2026.Ministerio del Interior

Aunque inicialmente se ordenó su prisión preventiva, la autoridad obtuvo medidas cautelares alternativas tras la apelación de su defensa. La Fiscalía investiga una red instaurada en agencias de tránsito municipales de Jipijapa, Bolívar y San Vicente, en Manabí.

La trama supuestamente operaba mediante funcionarios, digitadores y tramitadores que cobraban cuotas ilegales de entre USD 100 y USD 500 por la emisión fraudulenta de licencias de conducir y matriculaciones sin revisiones técnicas vehiculares.

Escuchas judiciales registran conversaciones sobre el cobro de fondos destinados a la 'Jefa' o la 'Doctora', como se identifica a Plúa en el expediente, así como alteraciones en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

En el cantón Naranjal, en Guayas, el alcalde Juan Carlos Rivera enfrenta cuestionamientos tras la difusión en redes sociales de un video que lo vincularía con la banda criminal Los Lobos. El 29 de octubre de 2026, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), con el que busca la reelección, le retiró el respaldo e inició el proceso para su expulsión de la militancia.

Rivera tildó las filtraciones de "campaña sucia y puerca", mientras la Fiscalía no ha emitido pronunciamiento ni formulado cargos a la fecha.

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Supuesta corrupción local

El caso Ornato Municipal involucra al alcalde de Pujilí, en Cotopaxi, José Arroyo Cabrera, procesado en etapa de juicio y con prisión preventiva dictada el 7 de agosto de 2025 por presunto peculado.

La Fiscalía acusa a su administración municipal de simular cuatro procesos de contratación pública que ya habían sido ejecutados por funcionarios de la propia Alcaldía o entregados en campaña, estimando un perjuicio directo de USD 340.000 y un monto global investigado de USD 1,9 millones.

En la capital, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se encuentra bajo investigación previa tras un informe de la Contraloría General del Estado publicado el 10 de diciembre de 2025 sobre la adquisición de 60 trolebuses eléctricos.

La Contraloría determinó un perjuicio económico de USD 2,5 millones, estableció glosas por el mismo valor y responsabilidades administrativas por USD 79.970, hallando indicios de responsabilidad penal.

El examen atribuye responsabilidad a Muñoz por omitir la subasta inversa electrónica obligatoria para bienes normalizados y suscribir un Memorando de Entendimiento con UNOPS sin coordinación ni sustento técnico o financiero.

De forma paralela, la tarde del 21 de octubre de 2026, la Fiscalía y la Policía allanaron las instalaciones del Municipio de Quito y las oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Pero las diligencias corresponderían a otra investigación previa, por presunto peculado en la adjudicación de dos contratos de obra pública en 2024 por más de USD 4 millones, mientras denuncias del concejal Michael Aulestia apuntan a contratos de asfalto por USD 65 millones.

En el cantón General Villamil Playas, en Guayas, la Fiscalía ejecutó seis allanamientos la madrugada del 30 de octubre de 2026 como parte del operativo Marea.

La causa investiga a la administración del alcalde Gabriel Balladares por un presunto perjuicio de USD 520.865 detectado en auditorías por pagos de obras no ejecutadas e incumplimientos técnicos.

Durante la intervención en la vivienda del burgomaestre, las autoridades hallaron USD 15.000 en efectivo dentro de su vehículo, monto que, según el Ministerio del Interior, no fue justificado. Balladares aseguró que el dinero provenía de la venta de un automóvil particular. El alcalde no puede ser procesado por gozar de inmunidad electoral al estar inscrita su candidatura para la reelección.

En el cantón El Tambo, en Cañar, el alcalde René Castillo fue detenido el 4 de agosto de 2026 en el operativo Templo del Sol. Un juez le dictó prisión preventiva por presunto peculado con un perjuicio económico de USD 49.545.

La investigación se centra en el desvío de fondos en la contratación de espectáculos artísticos para las festividades por los 33 años de cantonización en 2024, que contaron con la presentación de artistas internacionales con un presupuesto de USD 50.000.

Asimismo, el 30 de octubre de 2026, la Fiscalía allanó las dependencias del Municipio de Guayaquil y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Los agentes inspeccionaron la Dirección de Talento Humano y oficinas de la ATM para incautar documentación y equipos electrónicos en el marco de una investigación por presunto peculado.

Finalmente, el 29 de octubre de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció el envío de información a la Contraloría sobre presuntas irregularidades en más de 300 contratos públicos por más de USD 10,5 millones gestionados durante la última década en municipios pequeños de Pichincha.

Los contratos habrían beneficiado a la empresa Tonello Soluciones, vinculada a Alexandro Tonello, exviceprefecto de la provincia y candidato a la Prefectura por la Revolución Ciudadana. Tonello publicó una carta rechazando los señalamientos y sosteniendo que la firma es previa a su función pública.

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Las empresas de los alcaldes y un exviceprefecto

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, concentra tres procesos judiciales independientes. En el caso Triple A, fue sentenciado en primera instancia a seis años y ocho meses de cárcel por comercialización ilícita de combustibles.

La Fiscalía presume el desvío masivo de diésel subsidiado del segmento automotriz e industrial hacia zonas mineras y fronterizas en Loja, El Oro y Zamora mediante las empresas Copedesa, Corpalubri, Flonape, Indudiesel y estaciones afines, todas vinculadas a la familia Alvarez.

En el caso Goleada, en cambio, Alvarez fue procesado el 10 de febrero de 2026 por delincuencia organizada. La acusación señala a los hermanos Alvarez, Antonio y Xavier, por vender diésel subsidiado del segmento naviero nacional a buques internacionales. Desde esa fecha está detenido.

Finalmente, en el caso Grillete, Alvarez recibió sentencia de segunda instancia a tres años de prisión el 16 de marzo de 2026 por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad.

Durante el allanamiento del caso Goleada, en su residencia de la urbanización Blue Bay, los agentes hallaron al alcalde sin el dispositivo de vigilancia electrónica dispuesto como medida cautelar en el caso Triple A.

En Esmeraldas, el alcalde Vicko Villacís fue detenido y enviado a prisión preventiva el 3 de junio de 2026 en el caso Blindado por presunto lavado de activos. La Fiscalía investiga una red que blanqueó USD 7,5 millones provenientes de fondos estatales.

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En Machala, el alcalde Darío Macas fue procesado y apresado el 6 de julio de 2026 en la causa Machalazo o Muralla. El proceso se inició en junio de 2026 por peculado y fue reformulado a enriquecimiento ilícito.

Auditorías de la UAFE y el SRI determinaron que entre 2019 y 2025 Macas percibió un sueldo acumulado de aproximadamente USD 300.000 como alcalde, mientras sus cuentas bancarias personales registraron ingresos por USD 2,7 millones.

En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora enfrenta una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito, con allanamientos a su vivienda y despacho ejecutados el 17 de marzo de 2026.

La Fiscalía solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos el 17 de septiembre de 2026. La causa se origina en un examen de la Contraloría sobre su empresa de alimentos por préstamos familiares de USD 80.000 no justificados antes de asumir la Alcaldía. Zamora argumentó que los rubros son préstamos familiares e inversiones preexistentes.

Zamora se encuentra suspendido de sus funciones por seis meses desde el 16 de junio de 2026 tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política de género. En septiembre de 2026 viajó a México para seguir un tratamiento médico.

El 4 de octubre de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa presentó tres denuncias adicionales en su contra por presunto peculado por USD 2,4 millones en la contratación de los hospitales municipales de El Valle, Baños y Ricaurte.