La Asamblea Nacional aprobó el 27 de octubre un informe que ubica en 'semáforo rojo' las declaraciones patrimoniales no justificadas de 41 alcaldes y prefectos de Ecuador y pide la intervención de las instancias de control.

Los 83 votos a favor de la aprobación salieron de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados independientes. Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) estuvieron en contra.

El documento fue elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos y determina que 54 autoridades locales más están en 'color naranja', porque sus ingresos como funcionarios no son compatibles con los patrimonios que poseen.

Esos 95 casos serán enviados a entidades como la Fiscalía General del Estado, en donde varios alcaldes ya son investigados, pero también a organismos como la Contraloría General del Estado o la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE).

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Previo al inicio del debate, el presidente de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, reconoció que en el momento político en el que se trató el informe se podrían mezclar con el periodo electoral que atraviesa el país por los comicios seccionales.

Por eso, una de las recomendaciones que hizo el informe es que no se revelen los nombres de las 95 autoridades mal puntuadas, se los identifique a través de códigos y bajo esa figura se envíe los documentos a la Fiscalía General del Estado.

"Entiendo que hay posiciones políticas preelectorales, entiendo que en este momento es difícil manejar una independencia discursiva sobre el tema, porque evidentemente se vienen elecciones seccionales y el informe se podría prestar para muchas cosas"

Cristian Benavides, asambleísta independiente.

El informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos también determina que, pese a que entidades como el SRI o la Contraloría cuentan con buenos sistemas de control y detección de alertas individuales, no existe una interconexión y cada una actúa por su lado.

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Por eso, la recomendación es que exista una mayor coordinación entre los entes de control para que sea más expedito el proceso de detectar la existencia de irregularidades a nivel patrimonial de funcionarios públicos.

Respuesta del correísmo

La jefa de la bancada de Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, dijo que no se oponen a que quienes se hayan enriquecido indebidamente deban responder ante la justicia. 

Sin embargo, recordó que entre las competencias de la Asamblea no está fiscalizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y pero aún para "perseguirlos", según el criterio de la legisladora correísta.

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Núñez, que es parte de la mesa de Gobiernos Autónomos, también cuestionó la aplicación de este 'semáforo' de medición y que haya sido una comisión técnica interna la que haya hecho la clasificación para ubicar a las autoridades en alguno de los colores.

Incluso, denunció que una vez aprobado el informe se llamó a una nueva reunión para reconsiderar lo aprobado y plantear retirar los nombres de los alcaldes y prefectos en rojo del anexo del informe para codificarlos.

"No solo retiraron los nombres, sino que dos autoridades pasaron del color verde al naranja y otras dos pasaron del naranja al verde ¿con base a que?", cuestionó la legisladora del correísmo.

La bancada opositora pedía que antes de aprobar el informe, sea enviado a la Corte Constitucional (CC) para que emita una interpretación del alcance y límites de fiscalización parlamentaria.

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¿Qué medidas aplicará la Asamblea?

La bancada de ADN defendió la fiscalización de alcaldes y prefectos en su rol de funcionarios públicos. Además, justificó esta acción fiscalizadora, porque las instancias que deberían ejercer ese control, los concejos municipales en el caso de los municipios, no estarían haciendo ese trabajo. 

El informe aprobado incluye además las siguientes recomendaciones:

• Remitir el informe completo a la Fiscalía General del Estado para que, dentro de sus competencias, evalúe el inicio de las acciones investigativas que considere necesarias a las autoridades ubicadas en los colores rojo y naranja.
• La Asamblea también presentará una noticia criminis, con base a las denuncias ciudadanas presentadas a un correo electrónico que abrió la Comisión de Gobiernos Autónomos. 
• Solicitar a la UAFE que emita una orden de trabajo de inteligencia e investigación financiera para rastrear activos de las autoridades locales que tienen alerta en el semáforo.
• El informe será enviado a la Contraloría para que también inicie exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de las 95 autoridades locales.
• Pedir a la Comisión de Justicia de la Asamblea que tramite reformas al Código Penal para tipificar la "corrupción urbanística como delito contra la administración pública".
• También se pide que en el caso de los funcionarios bajo sospecha se investigue a su círculo cercano para determinar posibles casos de testaferrismo.

La Asamblea estableció que en un plazo máximo de 15 días la Fiscalía, Contraloría, SRI y la UAFE informen de las primeras acciones y avances de la investigación a los patrimonios de las autoridades locales con alertas en el semáforo.