Concurso para Fiscal General: Así quedaron fuera los cuatro 'favoritos' y Carlos Alarcón pasó a liderarlo
La descalificación de 21 postulantes en la Comisión Ciudadana de Selección dejó fuera a los cuatro aspirantes mejor puntuados del concurso para la Fiscalía General del Estado. Siete impugnaciones aceptadas alteraron la lista de elegibles y cambiaron el rumbo del proceso, que se encamina hacia ratificar a Carlos Leonardo Alarcón.
El fiscal Carlos Alarcón abandona el CPCCS el 21 de septiembre de 2026 luego de que su impugnante no se presentó a la audiencia.
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PRIMICIAS.
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Siete carpetas de impugnación, sustentadas en certificaciones catastrales y actas de excusa judicial, desmantelaron la cúpula del concurso para la Fiscal General del Estado. La revisión de los expedientes expone la dinámica administrativa que apartó a los cuatro 'favoritos'.
Las objeciones aceptadas por la Comisión de Selección cuestionaron desde una declaración de amistad íntima con un procesado del caso Las Torres hasta el cobro de un punto por acción afirmativa rural en Cumbayá. Los documentos suman cientos de fojas de descargos que fueron desestimados.
PRIMICIAS revisó los expedientes de las impugnaciones que cambiaron el rumbo de un concurso demorado y lleno de cuestionamientos que hoy se encamina a ratificar a Carlos Leonardo Alarcón en el cargo hasta 2032.
Falta de probidad por sentencias y menciones en el caso Metástasis son otras de las impugnaciones que completaron el giro en el proceso. La salida simultánea de los mejores puntuados reconfiguró el mapa de elegibles.
El reordenamiento situó a Carlos Leonardo Alarcón Argudo, actual fiscal general encargado, en el primer lugar con 46,50 puntos. Con 8,75 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, la contienda entra a su fase decisiva en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la fase de oposición.
Camacho y Las Torres
La jueza nacional Daniella Camacho llegó a la fase de impugnación como la aspirante mejor calificada del concurso. Su expediente registraba 48 puntos sobre 50 posibles en la valoración de méritos, que evalúa su preparación y experiencia.
Su descalificación se resolvió en la Resolución Nro. CCS-FGE-SA-00205-2026 del 6 de octubre de 2026. La comisión aceptó la impugnación del ciudadano Gary Cedeño, con seis votos afirmativos, un voto en contra y una abstención.
Cedeño tiene 30 años, es magíster en Derecho Penal y se desempeña como funcionario en la Alcaldía de Otavalo, administración dirigida por la alcaldesa correísta Anabel Hermosa. El impugnante fundamentó su reclamo en una falta de probidad e idoneidad.
El cuestionamiento señaló que en el caso Las Torres, en el que fue sentenciado por cobrar sobornos el excontralor Pablo Celi, la juzgadora presentó una excusa manifestando amistad íntima con ese mismo personaje. En sus descargos, la candidata sostuvo que excusarse ante un conflicto de interés es un deber legal y no falta de probidad.
Camacho remarcó que una excusa no constituye sanción disciplinaria ni inhabilidad para ejercer cargos públicos. Pese a sus argumentos, la Comisión determinó que el estándar cualificado de probidad e idoneidad exigible resulta incompatible con haber declarado dicho vínculo en causas de trascendencia nacional.
El organismo desestimó, en cambio, otras impugnaciones contra la jueza Camacho. Estas provenían, por ejemplo, de Patricio Rosero, quien la señalaba por haberse excusado por la misma causal en un caso contra Wilman Terán, exdirector de la Judicatura, quien acumula sentencias por corrupción.
Sin embargo, el 23 de octubre de 2026, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana ratificó la descalificación de Camacho al rechazar su apelación. Además, el organismo acogió el recurso de Rosero y revocó la resolución que había rechazado su objeción inicial, sumando otro motivo de exclusión.
Romero y una nueva exclusión
La jueza provincial de Pichincha, Maritza Romero, ocupaba la segunda posición en la tabla de méritos con 47,25 puntos. Su descalificación se produjo tras la aprobación de tres resoluciones individuales adoptadas por la Comisión de Selección.
Mediante la Resolución CCS-FGE-SA-00201-2026, esta instancia aceptó la impugnación de Víctor Hugo Cañizares por ocho votos afirmativos. Cañizares la acusó de inducción a error para adjudicarse un punto por acción afirmativa rural por residir en Cumbayá.
El impugnante demostró que la candidata no solicitó el beneficio en el concurso de la Defensoría Pública de 2022 y que los catastros municipales ubican su predio en zona urbana. Romero respondió que en 2022 llevaba solo dos años en la zona y que para 2026 ya cumplía cinco años.
Cañizares Mero tiene 40 años, es abogado de profesión y ejerce como director de la Defensoría Pública en Esmeraldas. La institución está encabezada por Ricardo Morales, quien accedió al cargo en un concurso del CPCCS donde la propia Romero también fue descalificada previamente por supuesta falta de probidad. Tras la designación de Morales, una jueza concedió una acción de protección a la postulante que obligó al organismo a ofrecerle disculpas públicas, sin que el certamen fuera anulado.
Además, la Comisión aprobó por ocho votos la impugnación de Saddim Molina. Él cuestionó su probidad por inconductas atribuibles a su ejercicio judicial en la Corte de Pichincha, aunque no detalló en qué casos Romero habría caído en esas "irregularidades". Tampoco Romero pudo revertir ese señalamiento con la presentación de 100 hojas de descargos.
A esa decisión se sumó la Resolución CCS-FGE-SA-00200-2026, adoptada con ocho votos, que acogió la impugnación de Mónica Jaramillo por reproches éticos a sus fallos. Romero presentó 277 fojas de prueba alegando apego al debido proceso y ausencia de sanciones. Tampoco fueron suficientes.
Sobre Romero, el Pleno de la Comisión rechazó otras cinco impugnaciones planteadas en contra de la jueza. Las desestimaron tres reclamos de Carlos Bravo, junto a las decisiones sobre las objeciones de Carlos López y Luis Cangahuamín.
Durante la Sesión Extraordinaria del 23 de octubre de 2026, el CPCCS conoció la apelación de Romero, pero el organismo la dejó en firme y, al igual que Camacho, quedó afuera del proceso definitivamente.
Montecé y Macías también quedaron fuera
El jurista Salomón Montecé Giler compartía la tercera casilla de la calificación de méritos con 46 puntos. Su salida del certamen se concretó mediante la Resolución CCS-FGE-SA-00234-2026, aprobada en la sesión del 6 de octubre de 2026.
La comisión de selección aceptó por unanimidad, con ocho votos afirmativos, la impugnación interpuesta por Hamilton Taramuel, quien cuestionó la probidad notoria e idoneidad del aspirante señalando observaciones a su trayectoria profesional. En sus descargos, Montecé rechazó las acusaciones afirmando que eran juicios subjetivos.
El nombre de Taramuel ganó relevancia, ya que impugnó a cuatro candidatos. Se trata de un tatuador de 19 años. Al final solo se presentó, a través de una abogada, a sustentar su impugnación contra Montecé y logró su descalificación, que fue ratificada el 23 de octubre por el CPCCS.
Finalmente, está el caso del exjuez de la Corte Nacional, Walter Samno Macías, quien registraba 46 puntos en méritos tras la etapa de recalificación. La Comisión aprobó dos resoluciones descalificatorias en su contra con siete votos afirmativos y una abstención.
La resolución aceptó la impugnación de Marcelo Ortiz, quien cuestionó la valoración probatoria en la sentencia de inocencia a favor de Danilo Veliz en la causa penal por el desvío de fondos para el Hospital de Pedernales en plena pandemia.
Ortiz aludió, además, al testimonio anticipado de Helive Angulo, alias 'Estimado', en el caso Metástasis, sobre supuestos sobornos pagados a Macías cuando era juez en Portoviejo. Macías respondió que la Fiscalía no apeló el fallo de Veliz y presentó la orden de archivo definitivo dictada el 18 de julio de 2025.
Cinco siguen en carrera, con Alarcón a la cabeza
La salida de los cuatro mejor calificados provocó un reordenamiento de las posiciones en el concurso. Cinco postulantes superaron la etapa de impugnaciones y quedaron como los únicos finalistas habilitados para la fase de oposición con las pruebas escritas y oral.
Carlos Leonardo Alarcón, fiscal general encargado desde noviembre de 2025 tras la renuncia de Wilson Toainga, pasó a liderar el concurso con 46,50 puntos en méritos. Alarcón es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca y excoordinador de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Mario Fonseca se ubica en el segundo lugar con 37,75 puntos en méritos. El candidato registra 16 puntos en formación académica, 13 en experiencia laboral, siete en experiencia específica y 1,75 en otros méritos.
Juan Vicente Guaño comparte la segunda casilla con 37,75 puntos. Guaño registró inicialmente 36,75 puntos en la valoración de méritos y sumó un punto adicional durante la etapa de recalificación resuelta por la comisión de selección.
Andrea Cazar ocupa el tercer puesto con 37 puntos y se mantiene como la única mujer en competencia. Cazar obtuvo 35 puntos en la evaluación inicial de méritos y sumó dos puntos tras la resolución de su pedido de recalificación.
Patricio Haro completa la nómina de finalistas con 34,50 puntos en la fase de méritos. Haro acreditó 16,50 puntos en formación académica, 15 en experiencia laboral, dos en experiencia específica y uno en otros méritos.
Con la nómina de elegibles redefinida y una ventaja matemática de 8,75 puntos a favor de Alarcón sobre sus perseguidores inmediatos, el proceso entra a su fase culminante de oposición.
La etapa de oposición evaluará a los finalistas sobre 50 puntos restantes. Esta fase comprende una prueba escrita de 30 puntos, elaborada a partir de un banco de preguntas preparado por catedráticos universitarios, y una prueba oral de 20 puntos consistente en la resolución pública de casos prácticos hipotéticos.
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