Concurso a Fiscal General: posgrados, pago de impuestos y el historial judicial de los 28 postulantes
28 abogados buscan liderar la Fiscalía General. PRIMICIAS le muestra sus perfiles, en los que destacan sus múltiples posgrados, historiales con investigaciones penales archivadas y un pasado tributario que incluye desde grandes contribuyentes hasta un deudor del SRI por más de USD 70.000.
Fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en el centro norte de Quito.
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El concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado avanza con 28 postulantes en la carrera, tras la reciente reincorporación de Christian Ayala, decidida por la Comisión Ciudadana de Selección.
Al revisar los expedientes, resalta que un alto porcentaje de los aspirantes, cercano al 70%, cuenta con especializaciones o maestrías directamente vinculadas al derecho penal y procesal penal; cabe destacar que la totalidad de los aspirantes son abogados y cuentan con estudios de cuarto nivel.
En el extremo superior de la preparación académica destaca Gabriel Pereira, actual fiscal en El Oro, quien posee uno de los registros más nutridos al acreditar nueve maestrías, tres especializaciones y un diplomado en su hoja de vida; en total, 13 posgrados.
Dentro de los perfiles de mayor exposición pública se encuentran Carlos Alarcón, actual fiscal subrogante, y José de la Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa.
De la Gasca registra un solo título de posgrado: una maestría en criminalística y ciencias forenses. Mientras que Alarcón tiene una maestría en derecho penal y dos especializaciones en derecho penal y derecho procesal penal.
Revise los posgrados de los 28 abogados que quieren ser Fiscal General:
El historial penal de los postulantes
El escrutinio del pasado judicial de los candidatos revela que varios han estado sentados en los estrados como investigados o procesados.
Los postulantes se dividen claramente en tres grupos según su nivel de participación judicial. El primer grupo abarca aproximadamente al 28,5% (ocho) de los aspirantes y corresponde a quienes enfrentan o han enfrentado quejas derivadas exclusivamente del ejercicio de sus funciones laborales.
En este segmento constan demandas de recusación, excusas o solicitudes de declaratoria jurisdiccional por negligencia manifiesta, e involucra a funcionarios como Daniella Camacho, Pereira, Maritza Romero, Walter Macías, Gina Mora y Mario Fonseca.
El segundo grupo está conformado por candidatos que han enfrentado indagaciones por tipos penales que no se relacionan estrictamente con su función judicial.
Entre ellos se encuentra Christian Ayala, investigado previamente por presunta concusión y tráfico de influencias; ambas causas se archivaron; José Luis Robalino, investigado en su momento por presuntas lesiones (causa archivada).
En este mismo grupo constan Karen Duque y el actual fiscal Alarcón, quienes enfrentaron querellas por calumnia que terminaron en abandono y desistimiento, respectivamente.
El tercer grupo lo integran aquellos profesionales que mantienen su expediente judicial completamente limpio y no registran casos en su contra. Son 16 y representan el 57,1% de los aspirantes.
Las trayectorias
Al analizar la trayectoria laboral de los participantes, resalta un dato clave: solo un abogado en toda la carrera no tiene pasado en el sector público. Se trata de Franklin Rea. La inmensa mayoría de los aspirantes ha forjado su experiencia dentro de la estructura del Estado.
Dentro de ese grupo, 15 de los 28 aspirantes (53,6%) son o han sido fiscales. Resalta el caso de Bella Castillo, quien ha sido agente fiscal en Loja de manera ininterrumpida desde 2003. O el caso de José Cevallos, fiscal en Esmeraldas desde 2007.
Además, hay otros tres postulantes (10,7%) que se desempeñan o se han desempeñado como jueces. En esta lista, por ejemplo, están De la Gasca, Bolívar Espinoza y Fonseca, quienes han ejercido en judicaturas de Guayas, Cotopaxi y Napo, respectivamente.
Además, Daniella Camacho, Gina Mora, Maritza Romero y Walter Macías han sido fiscales y jueces en distintos momentos de sus carreras profesionales.
También están los casos de Karen Duque, Salomón Montecé y Christian Rodríguez, quienes han sido defensores públicos.
Y, finalmente, Mauricio Aguirre, quien ha sido docente y asesor en la Asamblea Nacional; y Tirsa Gómez, quien ha sido analista del programa de protección a víctimas en la Fiscalía, analista en el Ministerio de Salud y secretaria judicial.
El pasado tributario
La revisión del comportamiento tributario de los aspirantes, por otro lado, evidencia realidades financieras contrastantes.
Según los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos siete años -de 2019 a 2025-, 27 de los 28 aspirantes a Fiscal General han pagado impuesto a la renta. El único que no ha tributado es Rea, quien también es el único sin pasado en el sector público.
En este período, José de la Gasca es el que más ha tributado: USD 196.745 por impuesto a la renta y USD 6.270 por impuesto a la salida de divisas, en siete años. Mientras que en segundo lugar aparece Christian Ayala, el recientemente admitido con investigaciones previas archivadas por concusión y tráfico de influencias, que pagó USD 67.524 de impuestos en siete años.
Finalmente, de la revisión de los registros del SRI, un solo postulante tiene deudas con el fisco. Se trata del fiscal José Cevallos, quien está cubriendo una deuda de USD 70.904 a través de facilidades de pago.
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