A través de funcionarios del municipio de Guayaquil, a los que la Fiscalía identifica como "mulas financieras", se cobraron cheques con los que se financió la campaña electoral de Luisa González en 2023, reveló la Fiscalía al formular cargos en el caso Laberinto el 23 de octubre de 2026.

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En esta diligencia, la Fiscalía adelantó que la investigación del caso Laberinto “permitiría establecer una posible articulación entre la estructura empresarial investigada (compañía Ternape S.A.), funcionarios municipales y las operaciones económicas destinadas presuntamente al financiamiento de actividades electorales”.

Un día antes de esta audiencia, la madrugada del jueves 22 de octubre, la excandidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, fue detenida durante un allanamiento realizado en la parroquia Canuto, de Chone, en Manabí. El viernes, la fiscal María Belén Luna le formuló cargos y logró que el juez le dictara prisión por el presunto delito de lavado de activos.

Además de González, el juez Rodolfo Navarrete dispuso la privación de libertad de Joseph Diaz Asque, quien ya cumplía una condena por el delito de violación, y Wendy Onofre. Para la cuarta procesada, Estefanía Molina, Fiscalía pidió el uso del grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones obligatorias tres veces por semana.

Estas mismas medidas cautelares solicitó sin éxito Wendy Onofre durante la audiencia de formulación de cargos. “Soy madre de tres niños, soy cabeza de hogar, estoy presta a colaborar con la Fiscalía y solo quiero un proceso justo”, declaró Onofre.

No obstante, la Fiscalía ratificó su pedido de prisión y la acusó de haber “transferido, administrado, resguardado, entregado y transportado beneficios de activos de origen ilícito”. “En las conversaciones -chats- se puede observar una disimulación de la determinación real y la naturaleza de los activos de origen ilícito”, señaló la Fiscalía.

Wendy Onofre, ingeniera en Comercio Exterior, de 37 años y con domicilio en el sur de Guayaquil, figura en el caso Laberinto como la persona encargada de "gestionar y viabilizar el cobro de cheques en las agencias bancarias", dinero que tenía el presunto fin de cubrir los gastos proselitistas de González, sostiene la Fiscalía.

Pero esta no fue la razón principal para que la Fiscalía mantuviera su pedido de prisión y solicitara para ella una sanción de entre 10 y 13 años de privación de libertad. En la audiencia judicial, la entidad señaló tres principales agravantes:

• El monto de los dineros lavados, que supera los 900 salarios básicos unificados. “La imputación de la Fiscalía presume la introducción de USD 500.000”, mencionó.
• También que para el cometimiento del delito se crearon empresas que fueron legalmente constituidas, “dada la participación o utilización de la compañía Ternape S.A. (de propiedad de Aquiles Alvarez y sus hermanos Xavier y Antonio)”.
• “Finalmente, cuando el delito ha sido cometido utilizando empleados, empleos públicos, considerando la calidad de la señorita Onofre, que en el año 2023 se desempeñaba como funcionaria pública de la alcaldía de Guayaquil”. 

Facturas no deben decir la palabra "campaña"

Wendy Onofre tenía el cargo de jefa de Gestión Administrativa en la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, un departamento del municipio de Guayaquil. Sin embargo, en la práctica, la Fiscalía señala que era asistente del alcalde y que integraba la estructura que manejó las operaciones económico-financieras que habrían disimulado la inyección de recursos para la campaña de Luisa González.

“(Wendy Onofre) se encargaba de la gestión de entrega y cobro de cheques a través de la utilización de terceros que se conocen como ‘mulas financieras’, con la particularidad de que sus funciones las realizan desde el Municipio de Guayaquil”.

Fiscalía.

En el expediente no constan los nombres de los funcionarios municipales utilizados para el cobro de cheques, pero la Fiscalía cree que las pruebas permitirán confirmar y determinar “una posible articulación entre la estructura empresarial investigada, funcionarios municipales y las operaciones económicas destinadas presuntamente al financiamiento de actividades electorales”.

De estas operaciones “se habrían beneficiado de forma directa los candidatos auspiciados por el movimiento político Revolución Ciudadana a través de publicidad, propaganda y eventos de campaña, mientras que los responsables de la gestión económica habrían intervenido en la administración, participación y canalización de dichos recursos”.

En los chats telefónicos extraídos del teléfono de un ‘cooperador eficaz’ utilizado por la Fiscalía en los casos Triple A y Goleada constan conversaciones como la del 25 de junio de 2023, en las que Wendy Onofre -por orden de Aquiles Alvarez- “habría dispuesto que los gastos correspondientes a la campaña presidencial de Luisa González fueran remitidos a Ternape para su pago”.

El expediente del caso Laberinto supera las 1.000 páginas. Sin embargo, durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía enumeró dos modalidades que se utilizaron para la circulación de los recursos de presunto origen ilícito:

• “La primera modalidad consistió en la gestión de transferencias bancarias desde las cuentas de Ternape hacia proveedores de publicidad electoral, entre ellos 911Society S.A.S. (ligada a un procesado en el caso de lavado de activos 'La Reina') y Monowave S.A.S. (empresa de un empleado de Aquiles Álvarez) para financiar propaganda, brandeo de vehículos, producción audiovisual y eventos de campaña, en los que se evidencia la participación de Aquiles Álvarez y Luisa González. 
• En estas operaciones se identificaron proformas emitidas a nombre del movimiento Revolución Ciudadana. Sin embargo, la documentación posterior registra facturas a nombre de Ternape S.A. pese a que los servicios contratados estaban ligados con actividades electorales y no con la actividad comercial propia de dicha compañía.
• En una comunicación del 18 de agosto de 2023 se instruyó expresamente que la factura no debía contener la palabra “campaña”, lo que constituye un indicio de una posible intención de desvincular los pagos empresariales de su destino electoral, es decir, impedir la determinación real de la naturaleza de los activos”.
• “La segunda modalidad comprendió la emisión de cheques girados al portador desde las cuentas bancarias de Ternape S.A.; de acuerdo con la hipótesis investigativa, este procedimiento habría permitido convertir recursos bancarios de Ternape en dinero en efectivo, destinado al pago de brigadistas, movilización, logística y otros gastos de campaña del binomio González-Aráuz.
• Estas operaciones económico-financieras habrían sido coordinadas desde Ternape con intervención de Lesly C. B., a cargo de la tramitación de proformas, facturas y solicitudes de transferencia; Viviana A. Z., en la coordinación de requerimientos y gastos electorales; y, Wendy Onofre en la gestión de entrega y cobro de cheques a través de terceros”.

Funcionaria de Segura E.P.

Wendy Onofre tenía una década en la función pública. Los registros de la Contraloría identifican sus primeros cargos como técnica de planificación de la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana (AME) en 2017, asesora y coordinadora de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO E.P.) en 2017, asesora y gestora de gobierno en el Servicio de Contratación de Obras, Secob, en 2019, y asesora de Banecuador en 2020.

También se desempeñó como analista del IESS en 2021. Se vinculó al Municipio de Guayaquil en 2023, en la administración del alcalde Aquiles Alvarez, como jefa de Gestión Administrativa; en 2024 fue jefa departamental, en 2025 fue analista 7 en el mismo municipio y en 2026 asumió como asesora de Segura E.P., empresa pública municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil.

PRIMICIAS pidió una entrevista al municipio sobre este tema, pero desde Segura E. P. se informó que "el caso en que estaría involucrada Wendy Onofre es un tema personal y no tiene vínculo con el tema laboral".

La Contraloría también registra que sus declaraciones juradas de bienes reportan un crecimiento de su patrimonio desde que ingresó al municipio de Guayaquil. En 2023 Wendy Onofre presentó un patrimonio en negativo por USD 12.757, mientras que este año 2026 declaró bienes por USD 59.355.

Su participación en el caso Laberinto resulta clave para la investigación que tiene como principal acusada a la excandidata presidencial Luisa González, actualmente detenida en la cárcel de Riobamba y quien presentó el mediodía del domingo 25 de octubre su apelación a la orden de prisión. Durante la audiencia de formulación de cargos también se opuso a esta medida.

González señaló que “fiscalía intenta engañar a su señoría desvirtuando los arraigos presentados, diciendo que he salido 60 veces, sin decir que eso es por 10 años”.

“Mi hijo es menor de edad y mi mamá es adulta mayor al igual que mi padre, quien además tiene problemas renales. La primera vez que me allanaron pude haberme ido, pero pese a eso he regresado al país, porque mi compromiso es colaborar con la justicia”.

Luisa González, excandidata presidencial

Su abogado Diego Guarderas alegó que González “no era responsable de los gastos de campaña y tampoco debía conocer a qué se dedican las supuestas empresas relacionadas con el alcalde de Guayaquil. Las medidas de presentación periódica y prohibición de ausentarse del país son idóneas”, dijo el defensor.

No obstante, la Fiscalía señaló que González adecuó su conducta al delito de lavado de activos en el momento en que “pudo haberse beneficiado de forma directa e indirecta de los activos de origen ilícito”. Su conducta -agregó la entidad- se enmarca en “la ocultación y la disimulación de la determinación real de la naturaleza de los activos de origen ilícito”.

Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, el juez Navarrete presentó su excusa de seguir al frente del caso y ordenó que el proceso sea reasignado a otra unidad judicial que fije la fecha de la audiencia de apelación de la prisión que presentaron Luisa González y Wendy Onofre.