Lo que comenzó como una revisión administrativa por inconsistencias contables de campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) siguió con una multa en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el envío del expediente a la Fiscalía; ahora terminó en la detención de Luisa González.

Diana Atamaint, expresidenta del CNE, denunció al binomio de Luisa González y Andrés Arauz por una infracción electoral. La acción se fundamentó en las inconsistencias detectadas en la omisión de USD 174.930 en propaganda electoral no declarada y USD 6.400 en aportes cuyo origen no contó con la documentación de respaldo requerida.

Tras la sentencia de la justicia electoral, el traspaso documental entre el TCE y la Fiscalía, mediante un oficio, originó la noticia del delito Nro. 170101826071336 por presunto lavado de activos, expediente en el que figuran cuatro sospechosos directamente vinculados a la Revolución Ciudadana.

A pesar de que las multas electorales fueron saldadas y la causa contenciosa fue archivada, el expediente penal avanzó con la detención de González, quien ahora está a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

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El oficio 080-2026 y el inicio del caso

La derivación de este caso hacia la justicia penal se concretó con la emisión del Oficio No. 080-2026-MSSD-WGOC, el 23 de junio de 2026. El documento fue suscrito por Mircka Sánchez, secretaria relatora del despacho del juez electoral Guillermo Ortega.

A través de dicha comunicación oficial, el TCE remitió las copias certificadas de la Causa Nro. 575-2025-TCE a la Fiscalía. La recepción en el Ministerio Público quedó registrada el mismo 23 de junio de 2026 para el inicio de las investigaciones.

Este traspaso dio origen a la noticia del delito, que fue ingresada al sistema informático de la Fiscalía el 14 de octubre de 2026 a las 13:12.

La causa fue asignada a la Unidad de Fiscalía de Administración Pública Nro. 4, en Quito, y fue catalogada bajo la figura penal de lavado de activos, con el Ministerio Público como denunciante.

En la ficha hay cuatro sospechosos: Luisa Magdalena González Alcívar, Andrés David Arauz Galarza, Estefanía Elizabeth Molina Freire y Joseph Santiago Díaz Asque, todos vinculados al proceso de la campaña presidencial correísta en 2023.

El proceso electoral

La base del proceso comenzó con el examen de cuentas presentado por el binomio presidencial de Revolución Ciudadana, durante las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023. El primer análisis técnico se recogió en un informe aprobado el 19 de junio de 2024.

Posteriormente, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica emitió un informe jurídico el 27 de diciembre de 2024. Estos insumos motivaron una resolución del CNE de febrero de 2025, concediendo 15 días de plazo para subsanar los hallazgos.

El 19 de febrero de 2025, la contabilidad de la campaña entregó un expediente de descargo compuesto por 209 hojas y un soporte digital en CD. Sin embargo, tras el análisis de los auditores electorales, las justificaciones presentadas no lograron desmontar la totalidad de las inconsistencias detectadas.

El examen final quedó plasmado en dos informes emitidos en octubre de 2025. Ambos instrumentos concluyeron que persistían 10 observaciones técnicas insubsanables en la contabilidad.

Las observaciones ratificadas incluyeron la apertura extemporánea de la cuenta bancaria única electoral y la obtención tardía del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). También se registraron fallas por documentación faltante e inconsistencias en los comprobantes de ingreso y egreso.

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Entre los rubros con irregularidades estaba la omisión de propaganda electoral no reportada por un monto de USD 174.930. Dicho valor fue detectado e imputado por el CNE a través del sistema de monitoreo en vías públicas desplegado a escala nacional durante el periodo de campaña.

El aspecto más llamativo para la posterior investigación penal se centró en el origen de los aportes de campaña por USD 6.400. El informe identificó que estos recursos carecían de documentación de soporte que permitiera validar y transparentar la procedencia lícita del dinero ingresado.

Esos USD 6.400 estuvieron divididos en dos comprobantes de caja. El comprobante 14 registró un valor de USD 3.500 y el comprobante 19 registró USD 2.900, ambos declarados bajo el concepto de relación de dependencia, pero sin ningún respaldo documental.

Tras el proceso de justicia electoral, el juez Guillermo Ortega dictó sentencia de primera instancia el 7 de abril de 2026. El fallo aceptó la denuncia y declaró la responsabilidad de los implicados. La sentencia impuso una multa de USD 18.000.

El fallo determinó la responsabilidad de Estefanía Molina como obligada principal en su calidad de responsable del manejo económico. Asimismo, declaró la responsabilidad solidaria de los excandidatos Luisa González y Andrés Arauz como beneficiarios directos.

La denuncia fue negada respecto al exasambleísta Santiago Díaz Asque, quien está preso por un caso de violación a una menor, por no existir la figura de jefe de campaña en la norma electoral.

En la disposición sexta del fallo de primera instancia se ordenó remitir copia certificada de todo el expediente a la Fiscalía General del Estado. 

Tras la apelación correísta, el Pleno del TCE, integrado por Ivonne Coloma, Ángel Torres, Joaquín Viteri y Patricio Maldonado, ratificó la sentencia en segunda instancia, mientras que el juez Richard González Dávila emitió un voto salvado.

Una vez que la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada, los sancionados pagaron la multa. El 5 de junio de 2026 se efectuaron tres depósitos bancarios de USD 6.000 cada uno. Los pagos fueron de Molina, González y Arauz.