Luisa González, dos veces candidata presidencial del correísmo, se encuentra bajo prisión preventiva desde la noche del 23 de octubre, mientras duran las investigaciones por presunto lavado de activos en el caso Laberinto. 

En este proceso la Fiscalía indaga una trama de presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023 de González, en unos comicios que perdió ante el actual mandatario Daniel Noboa. 

González, de 48 años, fue llevada a la cárcel de Riobamba, ubicada en la provincia Chimborazo, en el centro del país, mientras es investigada por el origen de unos USD 500.000 usados en publicidad electoral. 

La política correísta llegó a este centro de rehabilitación femenino N°3 de Chimborazo luego de un periplo de varias horas y de incógnitas sobre en qué cárcel sería recluida. Salió desde el Cuartel Modelo la tarde del viernes hasta Latacunga. 

El traslado implicó un vuelo en una aeronave policial que aterrizó en el aeropuerto de Cotopaxi, desde donde fue llevada por carretera hasta Riobamba, en medio de un numeroso y fuerte convoy de militares y policías.

¿Cómo es la cárcel donde fue recluida González? Según información del SNAI, la prisión es uno de los tres centros de rehabilitación ubicados en Chimborazo. Tiene una capacidad para poco más de 75 privadas de libertad y es una cárcel de mínima seguridad, situada en el norte de Riobamba. 

En 2024, recibió el reconocimiento ‘Eloy Alfaro Delgado’, otorgado por el Municipio de Riobamba debido a las capacitaciones y talleres de rehabilitación que han recibido las internas de la cárcel. 

El pasado 18 de octubre de 2026, se realizó una requisa en la prisión y los guardias penitenciarios y policías hallaron celulares y drogas en las celdas de algunas privadas de libertad. 

A diferencia de otras prisiones de Ecuador, donde se han reportado cruentas masacres, no se han registrado incidentes ni motines en los últimos años. 

Durante la audiencia de formulación de cargos, se divulgó un audio en el que González se dirigió al juez para "exigir un trato justo".

Además de González, el juez dictó prisión preventiva para otros dos de los cuatro procesados en el caso Laberinto: Santiago Díaz, exjefe de campaña del correísmo y quien ya cumple una pena por violación, y Wendy Onofre, exdirigente del movimiento RETO y exfuncionaria del Municipio de Guayaquil. 

Mientras que la procesada Estafanía Molina tiene a su cuidado a un hijo cuya condición de salud requiere de su presencia. Por este motivo, se le impusieron presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un grillete electrónico.

La sombra de Venezuela en el caso Laberinto

En el caso Laberinto que envuelve a González, se indaga el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023.

José Julio Neira, secretario general de la Administración, dijo en un video que la hipótesis de la Fiscalía "apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela".

Según Neira, el detenido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus empresas también están salpicados en esta trama.

Álvarez fue condenado por comercialización ilegal de combustible subsidiado y retirarse un dispositivo electrónico de vigilancia.