La Fiscalía General del Estado se ratificó en su pedido de prisión preventiva contra Luisa González y otras dos personas, en el marco del caso Laberinto, que investiga un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento del proceso electoral de 2023, correspondiente a la Lista 5. Según la investigación, los recursos habrían provenido de la comercialización ilegal de hidrocarburos.

Tras dificultades técnicas durante la instalación de la audiencia de formulación de cargos, las autoridades judiciales retomaron la diligencia cerca de la medianoche del jueves. Alrededor de las 09:00 de este viernes 23 de octubre, la Fiscalía anunció un avance de la audiencia.

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Además de González, excandidata presidencial por el correísmo, entre los procesados figuran el exasambleísta Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre.

Esta última, secretaria del movimiento RETO (Lista 33), se entregó voluntariamente a las autoridades en Guayas, horas después de que se conociera la investigación.

Según la Fiscalía, el pedido de prisión preventiva se limita a Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre, mientras que Estefanía Molina recibiría medidas sustitutivas.

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El Ministerio Público señaló que Molina tiene a su cuidado a un hijo cuya condición de salud requiere de su presencia. Por este motivo, se le impusieron presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un grillete electrónico.

El caso Laberinto

El 23 de octubre, la Fiscalía informó que González y los demás procesados fueron detenidos durante un operativo realizado en Manabí y Pichincha. La investigación involucra a al menos seis personas, cuatro de las cuales, incluida la excandidata, debían enfrentar una audiencia de formulación de cargos.

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"La investigación busca esclarecer el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023 (...), donde se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000", señaló la Fiscalía.

Por medio de la cuenta de X de González se difundió un comunicado en el que la excandidata expuso su postura frente a la investigación.

En el mensaje, calificó de "absurda" la acusación por presunto lavado de activos y sostuvo que su detención constituye un "ataque a las libertades y persecución política".

En respuesta, el Gobierno, a través de José Julio Neira, secretario de la Administración Pública y portavoz de la Presidencia, señaló que la investigación de la Fiscalía apunta a un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana.

Según los expedientes, el Ministerio Público indaga el presunto ingreso de fondos no declarados en las cuentas oficiales de la campaña.

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Los indicios recopilados por las autoridades evidenciarían una supuesta inyección de recursos provenientes de empresas de combustibles vinculadas a Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, detenido desde inicios de 2026 y procesado en los casos Triple A y Goleada.