Aquiles Alvarez es sentenciado a tres años de cárcel por no usar grillete electrónico

El Tribunal de Garantías Penales sancionó con la pena máxima de tres años de prisión al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, tras hallarlo culpable como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

El fallo unánime —emitido por los jueces Smirnova Calderón, Nebel Viera y Carlos Churta— se dio a conocer la noche de este lunes 3 de agosto, concluyendo el juicio un día antes de lo programado. Además de la privación de libertad, la condena de primera instancia incluye:

• Multa económica: Diez salarios básicos unificados (USD 4.820).
• Reparación simbólica: Disculpas públicas del sentenciado.
• Difusión: Publicación de la parte resolutiva del fallo en un diario de circulación nacional.

Aunque la Fiscalía sostuvo que el funcionario manipuló el dispositivo de vigilancia electrónica e incumplió la medida cautelar impuesta en el caso Triple A desde julio de 2025, el Tribunal descartó la acusación de manipulación por falta de pruebas concluyentes.

• Caso Triple A | Fiscalía pide la pena máxima para Aquiles Alvarez por el delito de comercialización ilegal de combustibles

A pesar de desestimar el sabotaje técnico, los jueces determinaron que quedó plenamente probado que Alvarez no llevaba puesto el grillete electrónico al momento del operativo policial, violando la orden judicial que lo obligaba a portarlo de manera permanente.

La defensa del alcalde argumentó fallas recurrentes de cobertura en su domicilio y la ausencia de alertas de "pulsera quitada" la madrugada del allanamiento, solicitando su ratificación de inocencia; sin embargo, el Tribunal consideró que la infracción a la medida cautelar fue efectiva.

Hasta la fecha, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta tres procesos penales judicializados y otras denuncias que todavía no han concluido en una acusación formal.

Aparte del caso Grillete, para el cual hay espacio para la apelación, Aquiles Alvarez afronta el caso Triple A (por presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados) y el caso Goleada (por presunta delincuencia organizada, con supuestos vínculos con lavado de activos y defraudación tributaria).