¿De qué acusa la Fiscalía a Abdalá Bucaram y cómo operaba la presunta red delictiva del caso Pruebas Covid-19 y agentes AMT?

Tras años de dilaciones en las audiencia debido a argucias legales, finalmente el 14 de mayo de 2026 la Fiscalía General del Estado logró avanzar en el caso 'Pruebas Covid-19 y Agentes AMT', al punto que pidió que se condene al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, al hijo de este, Jacobo Bucaram, y a otras dos personas. 

Este es ha sido uno de esos procesos más largos para la Fiscalía y cuyo trámite ha demorado debido a que muchas diligencias no se instalaban en el pasado por pedido de los abogados de la defensa de Bucaram, y otros argumentos legales.

De hecho, el caso empezó en 2022 y han testificado ya unas 50 personas, entre peritos y testigos desde abril del año pasado. 

En su comunicado, la Fiscalía no señaló cuántos años de cárcel pide para Bucaram, y esto se espera conocer en los próximos días. 

• Los intentos de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo para dilatar el juicio por delincuencia organizada

El delito de delincuencia organizada se sanciona en Ecuador con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.

¿De qué acusa exactamente la Fiscalía a Bucaram? En su alegado final, la institución dijo que los procesados son responsables de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la Covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria".

Es decir, la presunta red de delincuencia organizada en la que participaron Bucaram y su hijo operó durante la pandemia en Ecuador, según la tesis de la Fiscalía. 

Así operaba la red delictiva 

Los peritos, que rindieron testimonio en la audiencia de juicio, coincidieron en que la red delictiva del caso Pruebas Covid-19 y agentes AMT utilizó bienes y servidores públicos de la agencia de tránsito de Quito (AMT) para el traslado de las pruebas Covid-19.  La movilización de las pruebas fue así: 

• Coordinación y reuniones: Los agentes de la AMT mantuvieron reuniones con los demás procesados de la red (incluyendo a un individuo identificado como Leandro Berrones), las cuales quedaron registradas y evidenciadas mediante peritajes de audio y video.
• Uso de uniformes e identidades falsas: Para poder movilizarse libremente, parte de los implicados utilizó uniformes y fingió pertenecer a organizaciones como el cuerpo diplomático y la DEA.
• Traslado y logística: Participaron en la movilización de las cajas que contenían las pruebas de COVID-19. Este traslado de insumos médicos se realizó utilizando vehículos de alta gama y quedó documentado a través de cámaras de seguridad y fotografías extraídas de sus teléfonos celulares

Por si fuera poco, en el entramado de esta red delictiva aparecen dos israelíes, y uno de ellos, llamado Shy Dahan, fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral.

El segundo israelí, identificado como Oren Sheinman, sobrevivió al atentado ocurrido en la cárcel. 

Estos hombres habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de la AMT hacia la casa de Bucaram en el norte de Guayaquil. Ambos fingían ser agentes de la DEA y fueron capturados en junio de 2020 en Santa Elena. 

Además, la Fiscalía asegura que el polémico expresidente ecuatoriano fue quien "almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras".

Este material se halló en la casa de Bucaram en junio de 2020 tras un allanamiento en Guayaquil. 

Sobre el hijo del expresidente, Jacobo Bucaram, la Fiscalía indica que él "pagó USD 321.600 en efectivo por esta mercadería", es decir, las pruebas Covid-19. Esto se desprende del testimonio del israelita antes de ser asesinado. 

Las pruebas se comercializaban en varias provincias del país "sin facturas y sin pagar impuestos al Estado", de acuerdo con el fiscal a cargo del caso.