Fiscalía habla de un "grave perjuicio al Estado" en el Caso Progen y pide prisión preventiva para los procesados

El juez Marco Vinicio Rodríguez Mongón suspendió la audiencia de manera temprana debido a las restricciones de movilidad por el toque de queda que podrían afectar a quienes tiene que retornar a provincias, después antes de señalar que el volumen de elementos de convicción señalados por la Fiscalía es "bastante amplio".
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​El juez ordenó que la audiencia de formulación de cargos sea reinstalada el 20 de mayo de 2026 a las 08:30
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​Antes de la suspensión de la audiencia, el fiscal general subrogante Leonardo Alarcón señaló que la pena para el delito de peculado es de 10 a 13 años y pidió al juez que se ordene la retención y la prohibición de enajenación de bienes del exministro de los 21 procesados, para garantizar el pago de una multa de USD 27.600 para cada uno.

Alarcón indicó al magistrado en la Sala Penal de la CNJ que, a la luz de que se conoce que Andrew Scott Williamson, representante de Progen, contaría con domicilio en Estados Unidos, las medidas cautelaras "no pueden ser controladas por su autoridad debo a tema de jurisdicción y competencia", y que además de la orden de prisión prisión preventiva se solicita la orden de difusión roja de la Interpol para la localización y captura del procesado.
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​El fiscal general también pidió la orden de difusión roja para Karla Suad.

El fiscal general subrogante Leonardo Alarcón señaló que, después de presentar más de 150 elementos de convicción con los que se "supera ampliamente" una "mera sospecha" de que los procesados "abusador, se apropiaron, distrajeron, dispusieron arbitrariamente, evadieron y omitieron procedimientos de contratación pública en las fases precontractual, contractual y de ejecución para favorecer a un contratista".
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​Alarcón aseguró que las medidas cautelares no privativas de la libertad "son insuficientes, y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio" porque, además, habría un "alto peligro de fuga" por la solvencia económica de los procesados.

La fiscalía señaló que Erika C. (no investigada) constó en julio de 2024 que Orozco solicitó que se realice la invitación a Progen para que presente la oferta técnica económica de conformidad institucional y las especificaciones técnicas y que invite a Progen para el proceso de Salitral.

Sobre Karla Julieta Saud Calero, la Fiscalía señaló que, de acuerdo con el personal de matriz de Celec, Edison S., los pagos de servicio de inspección para la central de Quevedo se hicieron con facturas a nombre de Saud , por un contrato de servicio de inspección para la Central de Quevedo, y que habría sido el señor José Manrique quien indicó en un correo electrónico que las facturas debían ir a nombre de Saud. Esta última, según Edison S., se había presentado como “funcionaria de Progen”. Tanto Saud como Manrique constan como dueños de Astrobryxsa.

La fiscalía señaló que Jorge Santiago Jaramillo dijo que habían ocho oferentes pero que dos no tenían la información que se solicitó, y que la información que se requería a cada oferente era el modelo, año de fabricación y número de las unidades, así como el rendimiento y la velocidad a la que operaban los motores.

El ministerio público observó que, de acuerdo con la versión de César Augusto Toledo Zapata, en una visita de la comisión verificadora de la contratación de emergencia, esta observó que habían algunos generadores que estaban embalados y otros que ya estaban abiertos.

Fiscalía añadió que en un documento fechado en agosto de 2025, el exgerente de Termopichicnha, Gonzalo Efraín López, señaló que, en el marco de la contratación emergente en Quevedo, se encontraban 17 unidades de generación correspondientes y que no se había suscrito ningún acta de entrega de recepción parcial o definitiva sobre el proyecto emergente Quevedo.

A su vez, el ministerio observó que, según la versión de Marcos G., administrador del contrato, indicó que Progen no había entregado los 20 contratos del contrato de Progen.

A las 14:25, después de constatar que todas las partes están presentes, se reinstala la audiencia en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.

En otro extracto de la audiencia, Alarcón habló de una reunión ocurrida en enero de 2025. Según la versión rendida por el exadministrador del contrato, Marcos G. (no investigado), la cita fue convocada por el exviceministro Fabián Calero inicialmente para el 6 de enero en el Viceministerio de Energía, pero ante la ausencia de la empresa, se instaló la mañana del 7 de enero.

En este encuentro, según esa versión, participaron autoridades como el propio Calero, el gerente general de Celec, Gustavo S., el gerente de Termopichincha, Gonzalo Guerrón, y la subgerente jurídica, Daniela G.

Por parte de Progen habrían asistido: el CEO de la firma, John M., los representantes Andrew Williamson y Karla Saud, además de personal técnico y abogados defensores.

Durante la reunión, Marcos G. relató ante la Fiscalía haber advertido frontalmente que era "complicado continuar" con el proyecto Quevedo, argumentando que las multas ya ascendían a USD 2,1 millones y que la empresa extranjera no demostraba tener la capacidad técnica ni logística para cumplir en tan poco tiempo.

Ante esta postura, el exviceministro Calero habría dicho que "no iba a dejar en manos de ningún administrador la ejecución" de los proyectos y habría justificado que era preferible seguir adelante antes que iniciar un proceso de contratación nuevo.

Por su parte, los directivos de Progen habrían alegado que los componentes estaban listos para ser embarcados desde China, pero exigieron que se modificara la forma de pago del contrato para obtener "flujo de dinero", quejándose además de que el cobro de multas en su contra era "ilegal y arbitrario".

Incluso, el exadministrador Marcos G. declaró que, al iniciar la segunda etapa de la reunión, los ejecutivos de Progen exigieron que él fuera expulsado de la sala por entorpecer el desarrollo del proyecto, una petición que fue acatada por Calero.

El fiscal Alarcón también presentó la versión de la subgerente jurídica, Daniela G., quien confirmó que, previo a esta reunión, el área legal ya había negado rotundamente la firma de una adenda para pagos parciales, puesto que la solicitud de Progen argumentaba un supuesto "desequilibrio económico" que carecía de sustento técnico y documental.

Sin embargo, Marcos G. detalló a la Fiscalía que el 10 de enero fue convocado a las oficinas de Termopichincha para redactar el informe de justificación. Y, apenas 24 horas después, Guerrón y Williamson suscribieron el contrato complementario que dividió el anticipo del 70% en cinco pagos para favorecer a Progen.

El fiscal Leonardo Alarcón cerró la jornada matutina individualizando los indicios contra el exministro Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero, por evadir el control estatal y delegar la emergencia energética sin resguardar los fondos públicos. 

Tras estos hallazgos, el Juez dispuso el receso para el almuerzo y la audiencia se reinstalará a las 14:15.

Durante la mañana del viernes 15 de mayo, en la segunda jornada de la audiencia de formulación de cargos del caso Apagón, el fiscal Leonardo Alarcón presentó las versiones de los miembros de las comisiones técnicas de evaluación e investigados, como Javier Lasluiza, Marco Chicaiza y Marcos Poma.

Los funcionarios revelaron que el exgerente encargado de Termopichincha, Byron Orozco (también indagado), les otorgó apenas 48 horas para elaborar un estudio de mercado evaluando más de 100 ítems y los presionó para recomendar la adjudicación a Progen.

Los miembros de la comisión técnica dijeron que entregaron sus hallazgos por escrito y de manera directa a Orozco. Y luego mantuvieron una reunión con personal de la matriz de Celec, identificando Fátima E., Eduardo de S. y José A., quienes no están procesados.

Según el testimonio de Poma, durante ese encuentro los miembros de la comisión expusieron detalladamente las tres observaciones técnicas de la empresa Progen: presentaba valores contradictorios sobre el rendimiento del combustible, la carta del fabricante de los motores fue emitida por la propia empresa y no por el fabricante genuino, y los certificados de los números de serie no correspondían a la marca exigida.

Ante estas alertas, las personas que intervinieron en la reunión por parte de las autoridades de Celec habrían respondido textualmente que estas novedades se podrían solventar en la presentación de la oferta formal.

Tras recibir esta disposición verbal y bajo órdenes Orozco, los comisionados terminaron por entregar el informe escrito dirigido al exgerente de Termopichincha, donde detallaron las observaciones, pero recomendaron invitar a la empresa extranjera para que presente su oferta definitiva

Entre las supuestas presiones, los comisionados dijeron que -además del corto plazo para hacer el informe-, Orozco les entregó directamente un enlace que ya contenía las cotizaciones específicas de Progen y de otro oferente, obligándolos a remitirse exclusivamente a esa información.

“Estuvimos bajo las presiones del gerente de unidad (...) el cual nos insistió que recomendemos invitar a la empresa Progen, pese a que tenía observaciones, las cuales fueron entregadas en todo momento y puestas en conocimiento", dijo Lasluiza.

En la segunda jornada de la audiencia, el fiscal Leonardo Alarcón retomó su exposición de los elementos de convicción detallando una certificación de la firma verificadora API Pecoms, que confirmó que no existió ningún contrato para realizar las inspecciones previas al embarque de los equipos destinados a Salitral y Quevedo. 

Alarcón expuso además un detalle contradictorio en el proceso, al revelar que la empresa extranjera Progen Industries LLC desistió en su oferta inicial de recibir el anticipo argumentando que esto dilataría los plazos de ejecución, una postura que contrasta con los millonarios desembolsos que finalmente se ejecutaron.

Según declaración de uno de los auditores técnicos de la Contraloría, el fiscal evidenció que Progen adjuntó certificados engañosos donde se acreditaba falsamente como el fabricante original de los motores y equipos auxiliares. 

Además, Alarcón expuso la versión de otro auditor de la Contraloría, quien informó que los reportes de la verificadora AP Inspections incluían fotografías donde se observaba que los motores tenían un factor de potencia de 0,7, lo que técnicamente implica equipos menos eficientes y orientados a generar mayores pérdidas de energía. 

El Fiscal agregó que estas imágenes fotográficas también dejaron en evidencia que las placas de identificación marcaban el año 2009, mientras que a otras máquinas les faltaba la fecha de fabricación y que existían motores con un doble estampado.

También Alarcón aseveró que el fabricante genuino de los equipos, la firma Electro Motive Diesel (EMD), certificó oficialmente a las autoridades de control que los modelos de motores ofertados dejaron de producirse hace años.

Por ejemplo, el modelo para Salitral salió del mercado en 2019 y el modelo destinado a Quevedo dejó de fabricarse en 2009. 

Previo a retomar la diligencia, el juez Marco Vinicio Rodríguez constató la presencia de los 21 procesados o de sus respectivos abogados defensores en la sala de la Corte Nacional de Justicia. 

Una vez que el magistrado verificó la asistencia de todas las partes procesales, procedió a reinstalar formalmente la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado en el denominado caso Apagón este 15 de mayo. 

Con la reinstalación de la audiencia, el Magistrado cedió nuevamente la palabra al fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, para que continúe con su exposición de los elementos de convicción recabados durante la investigación.