Amenazas de muerte, contratos a la medida y 104 millones perdidos: así fue el primer día de la audiencia por Progen

Juan Pablo Ortiz, abogado del exministro Antonio Goncalves, aseguró tras la primera jornada de audiencia del caso Apagón que Progen “estafó al país”, aunque cuestionó que no se esté procesando a los verdaderos responsables.

El jurista añadió que, durante la exposición de la Fiscalía, no se mencionó directamente a su cliente. Además, puso en duda la validez de la información que Progen habría presentado en los contratos, al señalar que podría ser falsa o incorrecta.

Finalmente, insistió en que el caso Apagón requiere asistencia penal internacional para garantizar que las personas realmente responsables sean procesadas.

Debido a las restricciones de movilidad por el toque de queda, el juez Marco Vinicio Rodríguez suspendió la jornada de este 14 de mayo de 2026 de la audiencia de formulación de cargos del caso Apagón.

El magistrado tomó la decisión una vez que el fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, concluyó su exposición sobre la teoría del caso. La diligencia se retomará este 15 de mayo a las 08:30.

Antes de concluir su intervención, Alarcón se refirió a un informe elaborado por Vicente Carrera Páez, auditor técnico de los contratos emergentes de Salitral y Quevedo.

Según el fiscal, en la acción de control realizada por Carrera se identificaron dos hallazgos relacionados con los motores entregados por Progen.

El primero corresponde a inconsistencias en las placas que detallaban el año de fabricación de los equipos, debido a la presencia de estampados y doble numeración.

Además, se constató que algunos motores pertenecían a modelos que dejaron de fabricarse en 2009 y 2019. Este hecho incumplía uno de los requisitos establecidos en el contrato de adjudicación, que exigía equipos modelo 2024.

De acuerdo con Alarcón, esta información fue confirmada por el fabricante Electro Motive Diesel (EMD), que además habría advertido que los motores no podrían operar y serían menos eficientes para la generación de energía.

En la tercera parte de su intervención sobre los elementos de la investigación del caso Apagón, el fiscal Leonardo Alarcón avanzó en su exposición detallando las supuestas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de emergencia para la central Quevedo y su posterior contrato complementario.

Apoyado en una certificación de Gonzalo Guerrón, exgerente de la Unidad de Negocios Termopichincha, el Fiscal expuso que las unidades de generación nunca fueron puestas en marcha en el sitio de instalación ni operaron con el combustible estipulado, por lo que jamás se suscribió un acta de entrega-recepción parcial o definitiva, pese a lo cual el Estado desembolsó millonarios anticipos.

Alarcón reveló además, mediante un informe de inspección ocular técnica de la Policía Nacional, que al sitio en Quevedo solo llegaron 17 de los 20 generadores contratados.

Y que, durante la pericia a estos equipos, las autoridades hallaron superficies con grabados de series ilegibles debido a capas de pintura superpuestas, ausencia de placas informativas y una mezcla de marcas y modelos, figurando etiquetas tanto de Progen Industries como de otra casa comercial, lo que agravó las dudas sobre la procedencia de la maquinaria.

En cuanto a los retrasos de la obra, el Fiscal citó los reportes del administrador del contrato, Marcos G., quien documentó un nulo avance en el cumplimiento del primer hito, correspondiente a la verificación en fábrica, y un progreso mínimo en las obras civiles debido a que la contratista extranjera no entregó la información de ingeniería ni los detalles de los embarques.

Alarcón detalló que la situación en campo llegó a ser crítica, registrándose días en los que el personal de obra civil y montaje electromecánico se redujo a cero, lo que provocó que para abril de 2025 las multas acumuladas en contra de Progen superaran los USD 2,2 millones.

Pese a este escenario, el fiscal relató que el 10 de enero de 2025, el representante de Progen, Andrew Scott Williamson, solicitó formalmente modificar el esquema de verificación del contrato para realizar cinco pagos parciales prorrateados de USD 6,9 millones cada uno correspondientes al anticipo.

Y, al día siguiente, el 11 de enero, las autoridades de Celec suscribieron un contrato complementario aceptando y legalizando dichos cambios a favor de la empresa.

El fiscal Leonardo Alarcón prosiguió su intervención detallando los hallazgos técnicos sobre los equipos entregados por Progen, revelados por un informe de la Contraloría General del Estado. 

Este documento señala que los generadores inspeccionados presentaban placas de identificación con años de fabricación de 2009 o carecían de fecha registrada, a pesar de que la oferta exigía obligatoriamente maquinaria de 2023 con cero horas de uso. 

Además, Alarcón profundizó en las irregularidades del proceso, asegurando que las evidencias documentales demuestran que las bases favorecieron deliberadamente a Progen. "Los contratos se encuentran hechos a la medida", dijo el agente investigador. 

Tambien puntualizó que los motores exhibían placas con un doble estampado que impedía verificar los números de serie originales y correspondían a modelos de motores distintos a los que fueron ofertados al Estado. 

Finalmente, basándose en la versión del administrador del contrato, Romel Calderón, el fiscal aseveró que estos múltiples incumplimientos de plazos, la no entrega de los hitos dos y tres, obras civiles inconclusas y la falta de renovación de pólizas derivaron en la terminación unilateral del contrato por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador.

Como consecuencia, Alarcón detalló que se ejecutó una multa que superó el 5% del valor total del contrato, materializada a través del cobro de un cheque certificado por USD 4,9 millones emitido por la aseguradora. 

Tras enunciar la lista de los 21 investigados, el fiscal Alarcón continuó la diligencia exponiendo los elementos de convicción recabados en la investigación previa. Destacó un informe del Banco Central del Ecuador que certifica la realización de seis giros al exterior a favor de la empresa Progen Industries LLC, incluyendo una transferencia por USD 69,5 millones efectuada el 1 de octubre de 2024 hacia una cuenta del Regions Bank. 

Alarcón basó gran parte de la primera parte de los elementos de convicción, antes del receso del mediodía en la primera jornada de la audiencia, en la versión rendida por el exgerente encargado de Termopichincha: Byron Orozco.

Según el relato expuesto por el Agente, Orozco detalló que los procesos precontractuales se ejecutaron en plazos sumamente cortos, de apenas dos días, amparados en las declaratorias de emergencia.

El exfuncionario relató que, durante la ejecución del contrato Salitral, el administrador del contrato, Marlon C., quien no está entre las personas a procesar, eligió a la empresa verificadora AP Inspections, la cual emitió un informe asegurando que lo que se estaba comprando estaba en buen estado, eran bienes nuevos y pertenecían al fabricante.

Sin embargo, el Fiscal precisó que una segunda inspección presencial, realizada por técnicos de la Celec entre el 18 y el 23 de septiembre de 2024 en Houston y Florida, reveló fuertes inconsistencias.

Orozco indicó que los funcionarios ecuatorianos enfrentaron restricciones impuestas por la fábrica, como la prohibición de ingresar con teléfonos celulares, debiendo usar una única cámara fotográfica entregada al administrador del contrato.

Además, señaló que en cada locación solo había un motor desempacado, mientras el resto estaba cubierto con plásticos listos para embarque, y que no se permitió una revisión íntegra de las unidades argumentando problemas logísticos.

Ante las dudas generadas por no poder verificar los equipos a cabalidad y la presión mediática sobre la procedencia de los bienes, Orozco declaró haber alertado al gerente general de Celec, Fabián Calero.

Pero que la respuesta de Calero, según citó el fiscal, fue que necesitaban una prueba contundente para tomar decisiones, advirtiendo que dar de baja el proceso pondría en riesgo la seguridad energética del país.

El momento más crítico de la exposición de Alarcón llegó al revelar las intimidaciones denunciadas por Orozco. Alarcón detalló que el 26 de septiembre de 2024, tras regresar a Ecuador, el miembro de la comisión Paúl Flores, uno de los 21 investigados, recibió una amenaza escrita.

Esta decía textualmente: "Te ubicamos y a tu familia, te vamos a matar por los contratos torcidos y a los demás".

Como resultado directo de estas supuestas amenazas, el Fiscal aseveró que el presidente de la comisión técnica de Salitral, Celso Sánchez, otro de los involucrados, no se presentó a laborar al día siguiente.

Por esta razón, según Orozco, el informe oficial de la inspección técnica jamás se concluyó ni se presentó formalmente a la gerencia, careciendo de validez como documento habilitante en el proceso.

Pese a la ausencia de este informe clave y a las amenazas, el Fiscal aseguró que el 29 de septiembre de 2024, el administrador del contrato Marlon C. recomendó y solicitó el pago del anticipo del 70%, sustentándose únicamente en el reporte inicial de la empresa verificadora extranjera.

Posteriormente, Alarcón expuso que Progen empezó a solicitar prórrogas justificadas en supuestos eventos de fuerza mayor, como los huracanes Helen y Milton y huelgas portuarias.

Finalmente, el Agente relató que para diciembre de 2024, la contratista impidió en dos ocasiones el ingreso a sus instalaciones a una nueva empresa verificadora, Bureau Veritas, argumentando falta de notificación previa, mientras las multas por incumplimientos ya sumaban cerca de USD 990.000.

Lejos de subsanar los retrasos, Orozco declaró a la Fiscalía que los directivos de Progen buscaron reuniones presenciales con las máximas autoridades del sector para proponer, sin sustento técnico que solucione el contrato actual, la instalación de una turbina adicional de 40 megavatios, oferta que fue rechazada formalmente antes de la renuncia de Orozco el 17 de diciembre de 2024.

Durante su intervención, el fiscal Alarcón dio a conocer el grado por el que está procesando a cada uno de los 21 involucrados, así como su relación con el caso.

El fiscal Leonardo Alarcón inició su relación circunstanciada de los hechos señalando que un grupo de servidores públicos, aprovechándose del déficit energético que atravesaba el país, omitió y evadió procedimientos de contratación pública en las fases precontractual, contractual y de ejecución para favorecer a la empresa extranjera Progen Industries LLC, la cual no cumplía con las especificaciones técnicas ni con sus obligaciones legales.

Alarcón detalló que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a través de la Unidad de Negocios Termopichincha, representada a la fecha por el gerente encargado Byron Orozco y sustentada en una delegación del gerente general Fabián Calero, suscribió tres contratos irregulares con el estadounidense Andrew Scott Williamson, representante de Progen.

El fiscal precisó que el 2 de agosto de 2024 se firmó el contrato de emergencia Salitral por USD 99,4 millones para la adquisición de 29 grupos electrógenos, y el contrato de emergencia Quevedo por USD 49,7 millones para la compra de 20 grupos electrógenos.

Posteriormente, el 11 de enero de 2025, el gerente de Termopichincha a esa fecha, Gonzalo Guerrón, firmó un contrato complementario para Quevedo, pese a que ya existía un conocimiento de los incumplimientos de la contratista, la imposición de multas y el exceso de plazos.

Según expuso Alarcón, la adjudicación de estas obras se basó en los informes de las comisiones técnicas y de calificación que recomendaron a Progen bajo el argumento de que supuestamente cumplía con todos los requerimientos técnicos, económicos y jurídicos.

Sin embargo, el Fiscal enfatizó que la oferta adjudicada presentaba graves inconsistencias, pues la empresa no demostró ser el fabricante original de los motores y no contaba con la autorización del fabricante genuino.

El funcionario añadió que las especificaciones técnicas, elaboradas y aprobadas por funcionarios procesados, no incluyeron criterios diferenciados para evaluar la capacidad legal, económica y técnica de la empresa, lo que impidió asegurar que el proveedor tuviera el respaldo financiero para asumir un contrato de alto riesgo, además de que tampoco se definieron mecanismos para verificar la autenticidad de los documentos de experiencia de la contratista.

Además, relató que un estudio de mercado comparó ofertas que no cumplían las especificaciones ni presentaban características homogéneas, pero aun así recomendó invitar a Progen a presentar una oferta formal argumentando únicamente que tenía menos observaciones, lo que expone una evidente falta de metodología formal para el análisis técnico y económico exigido por la ley.

Como resultado de estas acciones, el fiscal denunció que los motores y generadores entregados por Progen incumplieron los términos y resultaron ser usados, repintados, obsoletos y técnicamente incompatibles, razón por la cual no han podido entrar en funcionamiento hasta la fecha para mitigar la crisis energética.

Esto a pesar de que los equipos debían operar desde noviembre de 2024 y fueron ofertados como maquinaria nueva, sin uso y con un año de fabricación igual o superior a 2023.

A pesar de los flagrantes incumplimientos técnicos, el fiscal Alarcón aseveró que el Estado efectuó transferencias internacionales hacia una cuenta en el Regions Bank para el pago de anticipos por USD 34,8 millones correspondientes al contrato de Quevedo y USD 69,6 millones por el de Salitral.

Estos montos generaron un perjuicio económico total de USD 104,4 millones para Ecuador, al ser entregados sin la respectiva verificación técnica de los equipos y sin contar con garantías suficientes.

Finalmente, Alarcón puntualizó que la erogación de estos millonarios fondos estatales se dio sin que existiera ninguna acción inmediata de control, supervisión, veeduría o ejecución de garantías contractuales por parte del Ministerio de Energía, dirigido en esa época por Antonio Goncalves.

A criterio de la Fiscalía, la omisión del deber de precautelar los bienes del Estado y la malversación y desvío de los fondos públicos configuran plenamente las conductas propias del delito de peculado, afectando directamente el progreso económico y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Tras la instalación de la audiencia, la abogada Terán volvió a pedir la palabra y presentó un recurso oral para revocar la decisión del juez Rodríguez de instalar la audiencia, pese a que ella anunció que no está preparada para ejercer la defensa de Guerrón.

Terán argumentó que su presencia en la audiencia no justifica que está lista para hacer una defensa técnica, por lo que no se está garantizando el derecho a la defensa de su cliente.

“Solo retiraría mi pedido de revocatoria si el señor Fiscal garantiza que no va a pedir prisión preventiva”, indicó Terán asegurando que la audiencia de formulación de cargos no es solo para conocer los hechos investigados, sino que también se debatirán las posibles medidas cautelares.

Ante esta postura, otros abogados se sumaron. Por ejemplo, David Arias, abogado de Goncalves, también pidió la revocatoria de la instalación insistiendo en que la argumentación del fiscal Alarcón sobre la notificación a Progen parece la de “un estudiante de pregrado”.

La Fiscalía, la Procuraduría y Celec, desde la parte acusadora, se opusieron a la revocatoria. Alarcón, en primer lugar, pidió respeto tras la intervención de Arias. Y ratificó que es decisión de la Fiscalía a quien formular cargos y que en este caso se está enfocando en personas naturales y no jurídicas como Progen.

En respuesta, Rodríguez rechazó los pedidos de revocatoria y ratificó la instalación, argumentando que él agotó la argumentación de todas las partes.

A las 08:50, el juez Marco Vinicio Rodríguez llegó a la sala de audiencias del piso 8 del edificio de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Previo a iniciar la diligencia, el organismo judicial constató la presencia de los 21 procesados y sus abogados.

Una vez confirmada la presencia de todos los investigados y de la Fiscalía y Celec, como parte acusadora, a las 09:53 Rodríguez declaró instalada la audiencia.

Antes de la instalación, Rodríguez atendió tres pedidos de diferimiento. Gladys Teán, abogada de Gonzalo Guerrón, exgerente de Termopichincha, argumentó que no conoce los 200 cuerpos del expediente del denominado caso Apagón. Por lo que pidió más tiempo para preparar su defensa.

Asimismo, la defensa de Carlos Villacís, exsubgerente de Producción de Celec, anunció que asumieron el caso en la víspera de la audiencia, por lo que solicitó también el diferimiento.

Finalmente, el abogado de Antonio Goncalves, exministro de Energía, dijo que se ha pedido a la Fiscalía que se abstenga de formular cargos, ya que no ha notificado sobre este caso a la compañía Progen.

En su descargo, el fiscal Leonardo Alarcón indicó que la audiencia está convocada desde el 6 de mayo de 2026, por lo que los pedidos de las defensas de Guerrón y Villacís no tienen asidero, ya que han tenido suficiente tiempo para prepararse. Por lo que la Fiscalía se opuso a los pedidos de diferimiento.

Respecto a la solicitud de Goncalves, Alarcón recordó que la titular de la acción penal es la Fiscalía, por lo que es su decisión a quiénes procesar y, por ende, notificar. Y en este caso se ha notificado a Andrew Scott, representante de Progen.

Ante esta situación, el juez Rodríguez indicó que la audiencia de formulación de cargos es competencia de la Fiscalía. Por lo que el Magistrado considera que el Ministerio Público ha garantizado los derechos de los investigados en esta causa, por lo que dio paso a la instalación de la audiencia.