Por Progen, Antonio Goncalves será el primer ministro de Daniel Noboa procesado por presunta corrupción
La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para formular cargos por presunto peculado contra 21 personas en el denominado caso Apagón. La investigación se centra en las irregularidades de los contratos de emergencia firmados entre Celec y Progen. ¿Quiénes son los involucrados?
Una agente realiza un allanamiento en una vivienda como parte de las investigaciones del caso Apagón, el 6 de febrero de 2026.
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Fiscalía del Ecuador
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El caso Apagón, que investiga los fallidos contratos de generación eléctrica terrestre durante la crisis energética de 2024, avanza a una nueva etapa judicial. El fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, pidió fecha para procesar a 21 sospechosos por un presunto peculado.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a la suscripción de acuerdos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen, donde la Contraloría determinó un perjuicio estatal de 100 millones.
Un caso de alto nivel
En la cúpula de las autoridades investigadas por la Fiscalía figura Antonio Goncalves, quien ocupaba el cargo de Ministro de Energía y Minas durante la época en la que se desarrollaron los hechos.
El domicilio de Goncalves, junto al de otros exfuncionarios, fue allanado por las autoridades durante los operativos del caso Apagón. Junto a él será procesado Fabián Calero, exgerente general subrogante de la Celec y exviceministro de Electricidad.
Calero fue el encargado de declarar la emergencia eléctrica en junio de 2024, delegando la contratación a las unidades de negocio bajo su exclusiva responsabilidad.
Además, viajó a Estados Unidos para visitar las supuestas instalaciones de la contratista y fue señalado por la propia empresa extranjera como uno de los negociadores directos de los acuerdos. Su vivienda también fue intervenida por las autoridades policiales en la primera fase de la indagación.
A pesar de haber declarado la emergencia inicial y viajado a Estados Unidos para conocer a la contratista, el exministro encargado Roberto Luque no figura en la lista final de personas a procesar. Luque todavía es parte del Gobierno de Daniel Noboa hasta la actualidad.
Los mandos medios y los operativos
El avance del proceso precontractual y la materialización de los acuerdos recayó en la Unidad de Negocio Termopichincha.
Por esta razón, la Fiscalía procesará también a Byron Orozco, quien en su calidad de gerente de dicha unidad suscribió en agosto de 2024 los millonarios contratos de emergencia para instalar 50 megavatios en Quevedo y 100 megavatios en Salitral.
Asimismo, la investigación abarca a su sucesor, Gonzalo Guerrón, quien asumió la representación de la entidad tiempo después. Guerrón López suscribió un contrato complementario en enero de 2025, con el cual se modificaron las condiciones originales de pago a favor del contratista.
En este nivel gerencial también será imputado Carlos Villacís, subgerente de producción, quien fue el responsable de remitir las fichas técnicas utilizadas para las cuestionadas contrataciones emergentes terrestres.
También está investigado el sector más operativo, es decir, la comisión técnica designada para atender la declaratoria de emergencia.
La Fiscalía incluyó en su expediente judicial a Marvin Rubio, supervisor de mantenimiento eléctrico y presidente de dicha comisión, quien recomendó adjudicar los contratos tras evaluar y aceptar proformas que incumplían las especificaciones técnicas requeridas.
Junto a él serán procesados los demás integrantes que, con su firma, avalaron la adjudicación a favor de la empresa extranjera. Entre ellos se encuentran Daniel Suárez, Julio Montesdeoca, César Augusto Toledo.
La contraparte privada
En el sector privado, el Ministerio Público presentará cargos en contra de Williamson Andrew Scott, de nacionalidad estadounidense, quien actuó de manera directa como representante legal de Progen Industries LLC para la firma de los contratos principales y sus posteriores modificaciones.
La trama de presunta corrupción involucra de forma protagónica a Karla Saud Calero, accionista de la empresa subcontratista Astrobryxsa y familiar directa del exgerente Fabián Calero.
Las investigaciones revelan que Saud Calero se presentaba como representante de la compañía extranjera en Ecuador, participaba en las reuniones técnicas y organizó la visita de las autoridades a Norteamérica.
De acuerdo con las denuncias y documentos que constan en los expedientes, ella habría gestionado el proceso desde sus inicios, entregando a la corporación estatal documentación forjada y certificados con firmas digitales falsas para acreditar una experiencia internacional con la empresa Megawatt Power Holding que la fabricante en realidad no poseía.
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