Caso Triple A | Juicio se reinstaló en Quito con presentación de pruebas de la defensas de los procesados
El juicio por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos continúa en Quito. Las defensas de 15 procesados y seis personas jurídicas realizan sus descargos. Lo abogados de Aquiles Alvarez serán los últimos en intervenir.
En el Complejo Judicial Norte de Quito, se reinstaló el juicio contra 15 personas naturales y seis jurídicas, este sábado 25 de julio de 2026. Entre los procesados está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cuya defensa será la última en intervenir.
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Fiscalía
Autor:
Redacción primicias
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La audiencia de juicio del denominado "Caso Triple A" se reinstaló este 25 de julio de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito, en un proceso por presunta comercialización y distribución ilegal de Hidrocarburos cuyo principal imputado es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Las defensas de 15 personas naturales y seis personas jurídicas continuaron este sábado aportando con descargos y presentando sus pruebas, tras la voluminosa carga probatoria, los testimonios y las pericias acusatorias presentadas durante 10 días por Fiscalía, hasta el pasado 18 de julio.
Durante la jornada de este sábado, la estrategia de las defensas se centró en intentar desacreditar los informes policiales presentados por la Fiscalía, denunciando presuntas inconsistencias en las inspecciones técnicas realizadas, según un reporte de Teleamazonas.
En el marco de la etapa probatoria, los abogados defensores argumentaron supuestas discrepancias entre lo reportado por la unidad de investigación de delitos hidrocarburíferos y la realidad física de los inmuebles inspeccionados, sobre todo en la provincia de El Oro.
El tribunal dispuso un receso a mediodía para retomar las intervenciones durante la tarde. Entre los procesados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cuya defensa se ha reservado su intervención para el cierre de esta fase, conforme al cronograma establecido.
El caso Triple A, que investiga una supuesta red de comercialización irregular de diésel avanza hacia su etapa final. El Tribunal deberá valorar tanto la tesis acusatoria como los descargos presentados por los abogados de los procesados.
Según la tesis de la Fiscalía, esta red habría desviado millones de galones de combustible subsidiado hacia mercados no autorizados, incluyendo ventas a "usuarios fantasmas" y operadores sin registros catastrales, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado de más de USD 61 millones.
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