Correísmo y ADN chocan en la Asamblea por la fiscalización a los municipios de Quito y Cuenca a puertas de las elecciones seccionales
En menos de una semana, el Municipio de Quito suma tres pedidos de investigación por parte de la bancada de ADN. El correísmo reconoce que no dimensionó la arremetida que habría desde la Asamblea contra sus municipios aliados.
El oficialismo y sus aliados en la Asamblea aprobaron el 20 de octubre la fiscalización de contratos artísticos en la Alcaldía de Cuenca en la administración de Cristian Zamora.
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Asamblea Nacional.
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En la Asamblea Nacional se intensifican los pedidos para fiscalizar a los municipios del país, especialmente al de Quito, así como el debate sobre si esta Función del Estado tiene competencias para ejercer control sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
En menos de 10 días, entre el 15 y 22 de octubre de 2026, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados han aprobado tres resoluciones para investigar distintas denuncias relacionadas al Municipio a cargo de Pabel Muñoz.
Esto ocurre en medio de un allanamiento que hizo la Fiscalía a las instalaciones municipales la semana pasada por el presunto delito de peculado.
Mientras que en Cuenca, la Asamblea apunta a indagar los recursos que utilizó Christian Zamora en eventos festivos, cuando el político afín al correísmo estaba a cargo de la alcaldía de esa ciudad.
Una denuncia por cobros indebidos en Quito
El más reciente pedido de fiscalización a la administración municipal de Quito ocurrió el pasado jueves, cuando el oficialista Andrés Castillo propuso incorporar en el debate una moción para que se investiguen posibles vulneraciones de los derechos de los trabajadores municipales.
Según una denuncia, funcionarios habrían sido presionados para entregar dinero a cambio de mantener sus puestos de trabajo o haber pagado altas sumas de dinero para obtener cargos en el Municipio.
El tema aún debe ser aprobado por el Pleno, pero marcó el episodio más reciente de esta suerte de disputa entre el gobierno en la Asamblea y el Municipio de Muñoz, una de las figuras de la Revolución Ciudadana (RC) y que busca la reelección en las seccionales de noviembre.
El 20 de octubre se encargó a la Comisión de Fiscalización que solicite y analice, en un plazo de 30 días, la información sobre la compra de camiones recolectores de basura para la ciudad en 2024.
El pedido se basa en un informe de la Contraloría que halló supuestas fallas mecánicas graves, incumplimiento de requisitos técnicos y omisiones de control al recibir los vehículos. El perjuicio ascendería a USD 786.000.
Cinco días antes, el 15 de octubre, luego de las lluvias que afectaron a Quito y provocaron inundaciones en la ciudad, se aprobó el inicio de la fiscalización a la construcción de Quitopía, que se inundó al día siguiente de su inauguración.
A estos pedidos de fiscalización, suman otros como la investigación de las cámaras de seguridad que operan en Quito y de los supuestos miembros de la exSecretaría de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa que habrían estado a cargo de los sistemas de vigilancia.
Además, hay un informe aprobado para que las entidades de control y justicia investiguen la compra de 60 trolebúses eléctricos con supuestas inconsistencias contractuales, que habría dejado un perjuicio a Quito superior a los USD 2,5 millones.
Cuenca en la mira de la Asamblea
En lo que va de este periodo legislativo la Asamblea ha abierto varios procesos de fiscalización, especialmente a municipio opuestos al gobierno.
Desde inicios de 2026, ya son cerca de una decena de investigaciones. Ese mismo 20 de octubre, se encargó a la Comisión de Régimen Económico que indague sobre la contratación de conciertos, festivales y eventos artísticos del Municipio de Cuenca entre mayo de 2023 y febrero de 2026.
En esa época estaba al frente del Municipio Cristian Zamora, quien está suspendido del cargo de alcalde por decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y ahora se encuentra en México.
El asambleísta de ADN, Adrián Castro, expuso inconsistencias en contratos relacionados con espectáculos artísticos.
Según el legislador, algunos artistas habrían denunciado que sus fotografías se usaron en informes de cumplimiento de gestión de eventos en los que no participaron.
Por otra parte, está pendiente que la Asamblea debata y decida qué hará con un informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos que determinó que un 38% de los patrimonios de alcaldes y prefectos presentan "alertas" en sus declaraciones patrimoniales.
El Pleno deberá decidir si expone los nombres de las 95 autoridades locales de ese listado, cuando falta algo más de un mes para las elecciones seccionales y algunos buscan la reelección.
Debate sobre las competencias
La oposición política al gobierno en la Asamblea cuestiona esta serie de investigaciones abiertas a los municipios, especialmente a aquellos que no son afines, y consideran que son usadas como herramienta de campaña.
Esto provocó un cruce en la sesión del Pleno del 20 de octubre entre el correísta Xavier Lasso y Jorge Chamba de ADN. “Están como desquiciados. Ya sabíamos que esto podía pasar en época electoral”, dijo Lasso.
Desde el otro lado del hemiciclo, el asambleísta gobiernista intentaba interferir la intervención en medio de gritos. “Cállate Chamba. Ya cállate”, dijo Lasso, quien reconoció que tampoco calcularon las proporciones de estos pedidos de fiscalización.
Desde ADN descartan que la fiscalización a autoridades municipales tenga tintes electorales. Legisladores como Andrés Castillo sostienen que "la ley y la Constitución establecen que es competencia de la Asamblea Nacional la fiscalización de los funcionarios públicos".
Esto incluiría a las autoridades locales en calidad de funcionarios públicos, que son parte del Estado.
Lo que dicen las leyes
La Constitución reconoce en la Asamblea la potestad de "fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias".
Este mismo documento delimita qué autoridades pueden ser sometidas a fiscalización política:
- Ministras o ministros de Estado.
- La máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y las superintendencias.
- Los vocales del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana.
La Carta Magna no menciona como sujetos de fiscalización política a alcaldes, prefectos, concejales o miembros de las Juntas Parroquiales.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa tampoco amplía ese espectro y más bien se limita a ratificar lo que dice la Constitución en materia de fiscalización.
En tanto que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) es más explicito en señalar que solo al Concejo Municipal de cada cantón le corresponde "fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal".
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