La Asamblea concentra su fiscalización en los municipios opositores, ¿qué efecto tienen las investigaciones?
La bancada de ADN y sus aliados defienden la competencia de investigar a todos los funcionarios del Estado. El correísmo atribuye el inicio de varios trámites de fiscalización a la cercanía de las elecciones primarias.
Sesión del Pleno del 30 de junio de 2026 en el que la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, propuso iniciar la investigación por la supuesta contratación de exSenain en el Municipio de Quito.
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La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea han centrado desde inicios de año gran parte de sus esfuerzos fiscalizadores en escrutar el trabajo de los Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD), especialmente de los que están en manos de la oposición.
A esta tarea se le ha destinado, en el Pleno y en las comisiones legislativas, horas y horas para analizar las supuestas irregularidades cometidas, especialmente por los alcaldes de ciudades como Quito y Guayaquil.
Los legisladores se han propuesto investigar, por mencionar algunas, la presunta emisión ilegal de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada en municipios, o el destino de USD 23 millones asignados al subsidio de transportistas en Quito.
Lo más reciente fue la aprobación de un informe que cuestiona la adquisición de 60 trolebúses eléctricos y ahora se aprestan a indagar la supuesta presencia de exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en el Municipio de Quito.
Esto ha abierto un amplio debate, tanto dentro como fuera del Legislativo, sobre las competencias y alcances que otorga la Constitución y las leyes complementarias en materia de fiscalización a los asambleístas.
El oficialismo defiende sus investigaciones. Cuestionado al respecto a inicios de año, el asambleísta de ADN, Andrés Castillo, dijo:
“La ley y la Constitución establecen que es competencia de la Asamblea Nacional la fiscalización de los funcionarios públicos, y los funcionarios públicos son los que forman parte del Estado; por supuesto que alcaldes y concejales forman parte del Estado”
Andrés Castillo, asambleísta de ADN.
¿Qué dicen los cuerpos legales?
La Constitución, que es la norma fundamental, reconoce a la Asamblea la potestad de "fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias".
Este mismo documento delimita qué autoridades pueden ser sometidas a fiscalización política:
- Ministras o ministros de Estado.
- La máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y las superintendencias.
- Los vocales del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana.
Al menos en la Carta Magna no se menciona como sujetos de fiscalización política a alcaldes, prefectos, concejales o miembros de las Juntas Parroquiales, que serán renovados en las elecciones seccionales de noviembre.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa tampoco amplía ese espectro y más bien se limita a ratificar lo que dice la Constitución en materia de fiscalización.
En tanto que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) es más explicito en señalar a quién le corresponde la fiscalización: al Concejo Municipal de cada cantón, que deberá "fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo decentralizado municipal".
"No pueden simular control político"
Esto ha impedido a los asambleísta denunciantes la elaboración de informes de fiscalización con efectos políticos reales o vinculantes. Los textos son más bien exhortativos o están cargados de recomendaciones.
Eso sucedió el 23 de junio con el informe por la compra de los trolebúses, impulsado por Xavier Ordóñez, de ADN, que se aprobó -luego de más de una hora de debate- con los votos de 83 asambleístas.
Este recomienda al Concejo Metropolitano de Quito pedir explicaciones al alcalde Pabel Muñoz; a la Contraloría, que analice profundizar en un examen especial que ya se hizo; y a Fiscalía, que abra una investigación, de considerar necesario.
El exasambleísta y exministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que lo correcto es que las autoridades de todos los niveles, incluyendo los alcaldes, se sometan al control no solo de los asambleístas, también de los ciudadanos y de quien requiera información.
"Lo que no pueden hacer (los asambleístas) es, con base en los pedidos de información, tratar de simular, entablar o establecer un control político, porque no está en las competencias de la Asamblea", considera Cucalón.
El camino correcto sería, según el exlegislador, que con la información a la que acceden, acudan a la Fiscalía o Contraloría a poner denuncias si hay indicios de un delito, sin necesidad de pasar el tema por las comisiones o el Pleno para aprobar informes que no tienen efectos prácticos.
"¿Por qué lo hacen? Creo que es un coctel de varias cosas: ignorancia, centralismo, totalitarismo y desviar la atención de temas de fiscalización que si son su competencia"
Henry Cucalón, exasambleísta
Una práctica con antecedentes
La fiscalización a los GAD en la Asamblea ha generado el reclamo de las agrupaciones políticas de oposición, especialmente de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), porque sus alcaldes son los más mencionados.
El 30 de junio, mientras se debatía el inicio de la investigación por la supuesta presencia de exfuncionarios de la Senain en el Municipio de Quito, el legislador correísta Franklin Samaniego calificó el tema como un "show" y aseguró que el único propósito era el de perjudicar a Pabel Muñoz a puertas de las elecciones seccionales.
Cucalón recordó que esta también fue una práctica del bloque legislativo correísta, cuando se desempeñaba como secretario del Municipio de Guayaquil, en la administración de Jaime Nebot.
"El correísmo también acosó a la administración de Jaime Nebot. Permanentemente, los asambleístas de Alianza PAIS nos bombardeaban con pedidos de información de diferentes contratos y respondimos todos, como corresponde. La gran diferencia es que nosotros nos paramos firmes y no retrocedimos una línea", recordó Cucalón.
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