Fiscalización, la gran deuda de la Asamblea Nacional en su primer año de gestión
Pese a las críticas por la falta de investigación de casos como Progen o el desabastecimiento de medicinas en hospitales, la legisladora de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, descartó este 6 de mayo que la fiscalización sea una deuda de la Asamblea.
El Pleno instalado en sesión, el 28 de abril de 2026, en la Asamblea Nacional en Quito.
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Con muchos arranques y pocas conclusiones se ha desarrollado la fiscalización en la Asamblea Nacional del Ecuador durante el primer año de gestión del periodo 2025 - 2029.
El presidente de la Función Legislativa, Niels Olsen, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), ha hecho una evaluación del trabajo del Parlamento desde que fue posesionado, el 14 de mayo de 2025.
Él resalta el avance de la agenda legislativa presentada en julio pasado y la aprobación de 28 normativas: nueve de las cuales corresponden a leyes económicas enviadas por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente. Dos de ellas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional.
Esa es la producción legislativa, una de las competencias de la Asamblea. La otra es la potestad fiscalizadora, que deja dudas y críticas dentro y fuera del Legislativo en su primer año.
Retraso en temas sensibles
En la Asamblea Nacional se han abierto acciones para investigar diferentes temas. Las más importantes han ido a dar a las comisiones permanentes de Seguridad, Transparencia y Salud. Todas dominadas por la bancada de ADN.
La primera acción de control se centró en el proceso de contratación realizado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con la empresa estadounidense Progen. Se trata de la fallida entrega de generadores eléctricos destinados a mitigar la crisis energética, en un contexto de estiaje que pone en riesgo el suministro en el país.
A la Comisión de Transparencia le tomó seis meses llegar a la conclusión de que en el millonario perjuicio que sufrió el Estado, no hubo responsables políticos y aprobó un informe sugiriendo que el documento fuera enviado a la Contraloría y a la Fiscalía.
Han pasado casi cinco meses y el tema no ha sido puesto en el orden del día del Pleno de la Asamblea, que es la instancia que debe aprobar el texto para que las entidades de control sigan la investigación con los indicios hallados por los legisladores.
En agosto de 2025, la Comisión de Salud asumió la fiscalización de la "Red Pública Integral de Salud para evaluar la atención médica, provisión de medicamentos y servicios complementarios".
A raíz de los reclamos por la falta de medicamentos por parte de los usuarios de los hospitales del sector público y el fallecimiento de 12 neonatos, presumiblemente por la infección con una bacteria.
La comisión lleva nueve meses analizando el caso y recopilando información, Mientras las quejas persisten y han pasado por el Ministerio de Salud tres funcionarios: Jimmy Martin, María José Pinto y ahora Jaime Bernabé.
Una de las más recientes sesiones se hizo el 8 de abril de 2026, en la que recibió al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Bernardo Cordovéz, para que explique las acciones implementadas en esa entidad.
Paro indígena y atentados sin respuesta
En una lucha 'palmo a palmo' con el correísmo, la Comisión de Seguridad logró llevarse la investigación de la violencia que se ejerció, entre manifestantes y fuerza publica, durante el paro indígena que se concentró en Imbabura, en septiembre y octubre de 2025.
La proyección de esa mesa legislativa era que en enero se apruebe el informe con las conclusiones y ubicando a los posibles responsables políticos y otros actores que pudieron incidir en la paralización que se extendió por un mes.
El 2 de mayo pasado se cumplieron siete meses desde que inició la fiscalización de este tema, pero ni la comisión ha tratado el informe y tampoco se conoce que haya existido comparecencias recientes para abordarlo.
En octubre, la mesa dominada por el oficialismo tomó la investigación de los dos atentados ocurridos en la avenida Joaquín Orrantia en Guayaquil, que dejó una persona fallecida, y la explosión de un puente que conecta los poblados de Churunte y Naranjal en Guayas.
Pese a que ambos casos siguen en espera, la Comisión de Seguridad asumió el 9 de abril pasado la fiscalización del supuesto atentado al canal del gobierno TC Televisión -de enero de 2024- y lo errores que impidieron la extradición de alias 'Negro Willy' desde España.
Ese mismo día, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) le asignó la investigación de toda la operación militar y bombardeo ejecutado el 6 de marzo de 2026 en la parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en el marco de la fase denominada “Ofensiva Total".
¿Juicios políticos a la carta?
La máxima expresión de la fiscalización en la Asamblea se plasma en la censura y destitución de un funcionario público cuestionado por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
En este primer año hubo varios juicios políticos e intentos de interpelación que tuvieron distintos desenlaces:
- La Asamblea se inauguró con el juicio político a la entonces vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Correístas, Pachakutik y algunos independientes evitaron su censura y destitución.
- En septiembre de 2025 fue llevado al estrado de la Asamblea el vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán Molestina. En esa ocasión, ADN logró 81 votos para la censura y destitución.
- Otro que no pudo evitar salir en medio de cuestionamientos de los asambleístas fue el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a finales de febrero.
- Suerte distinta corrió el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, cuyo pedido de juicio político, motivado por la muerte de los niños de Las Malvinas, no fue calificado en la Comisión de Fiscalización.
- El CAL por su parte bloque en octubre de 2025 un pedido de juicio político planteado por Revolución Ciudadana (RC) en contra de la ministra de Energía, Inés Manzano, por el caso Progen.
- La mesa de Fiscalización, se abstuvo en diciembre de 2025 de votar a favor de continuar con el juicio político al entonces exministro de Salud, Jimmy Martin, por el manejo y desabastecimiento de medicamentos. "¿Qué soluciona un juicio político?", justificó ADN.
- El CAL también negó en tres ocasiones el pedido del legislador del correísmo, Luis Molina, para llevar a una interpelación a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por supuestas irregularidades en el concurso para elegir Fiscal General del Estado.
¿Qué pasa en Fiscalización?
A esta serie de cuestionamientos se ha sumado el de la gestión de la Comisión de Fiscalización, que su última sesión virtual data de inicios de abril para aprobar un informe sobre irregularidades en entidades municipales en las competencias de tránsito.
Esta supuesta irregularidad en las sesiones de la comisión ya provocó un impasse entre su presidente, Ferdinan Álvarez de ADN y el legislador del correísmo, Fricson George, que en octubre de 2025 reclamó que había muy pocas reuniones.
El último caso de impacto nacional que trató la mesa de Fiscalización fue el juicio político contra Mario Godoy que el 13 de febrero sugirió al Pleno de la Asamblea continuar con la interpelación.
Otros temas que ha fiscalizado esta comisión son las supuestas irregularidades cometidas por los operadores de justicia en el marco de la emergencia de seguridad; cumplimiento normativo de las 24 federaciones deportivas del país; y la problemática en el reconocimiento de directivas en cooperativas de transporte.
Sin embargo, uno de los pocos informes de fiscalización que han llegado al Pleno salió de esta mesa. Con ese documento, la mayoría oficialista acogió los hallazgos sobre irregularidades en la matriculación vehicular, planteando la necesidad de aplicar reformas legales y enviar el documento a la Fiscalía y Contraloría.
Visiones distintas sobre la fiscalización
El miércoles 6 de mayo, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, se refirió al trabajo de la Asamblea en esta materia: "No creo que haya una deuda en fiscalización", aseguró la legisladora de ADN.
Al ser consultada sobre una presunta selectividad de casos que se investigan y una benevolencia hacia funcionarios del gobierno de Daniel Noboa, Alarcón aseguró que la fiscalización "no puede ser tomada como un cheque en blanco para golpear autoridades".
La legisladora oficialista destacó que en la mesa de Seguridad se ha fiscalizado el tema de chalecos de policías y militares, muertes indeterminadas entre 2008 y 2017 y en el Caso Ligados, en los cuales se ha enviado información a Contraloría y Fiscalía.
Estos últimos involucran al gobierno del expresidente Rafael Correa y a exconsejeros de Participación Ciudadana cercanos al correísmo.
Una versión diferente tiene el asambleísta independiente Cristian Benavides que considera que en temas de fiscalización la Asamblea tiene bajas calificaciones en el primer año.
Si bien, reconoció que hay temas en los que hay apertura para investigar como en el caso de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, hay otros "muy sonados en los que la gente quiere respuestas, y son una deuda que se debe saldar el siguiente año", señaló
Se refiera a casos como el de Progen o ATM, en los que se investiga los fallidos contratos de generación eléctrica que han dejado millonarias pérdidas para el Estado.
Blasco Luna, de Revolución Ciudadana (RC), dijo en fiscalización la Asamblea "deja mucho que decir, por no decir que deja todo por decir" en este primer año.
Luna es parte de la Comisión de Transparencia. Por eso recordó que esa mesa legislativa aprobó el informe sobre el caso Progen, sin establecer responsabilidades políticas de funcionarios del sector eléctrico.
"Y hasta ahora, con ese informe, el Pleno de la Asamblea no lo ha tratado, no han convocado y creo que no van a convocar, por eso queda debiendo y de largo", señaló el correísta.
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