Caso Jaque: Informe de UAFE revela aumento patrimonial de jefe en ANT | Tribunal señala que la red "cooptaba" funcionarios

Un informe de la UAFE reveló el supuesto aumento patrimonial de uno de los procesados en el caso Jaque, que investiga una red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), mientras el tribunal sostiene que la red "cooptaba" funcionarios para “planificar las actividades ilícitas”.

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Las revelaciones se dieron durante la audiencia de revisión de medidas cautelares para cinco de los nuevos vinculados en el caso Jaque, diligencia en la que el tribunal ratificó el 31 de julio de 2026 la prisión preventiva para tres funcionarios, mientras que para otros dos resolvió la presentación periódica ante la Fiscalía y la prohibición de salida del país.

El levantamiento de la prisión fue dispuesto para Erika C. S. y para Segundo L. Q., la primera se desempeñaba como técnica del departamento de Emisión de Licencias en la agencia de Quitumbe, mientras que el segundo era empleado de una escuela de conducción.

En cambio, el Tribunal confirmó la privación de libertad para Gonzalo Hernán F. A., técnico de Archivo; Diana Karina A. R., técnica de Emisión de Licencias en Tumbaco; y Dany Eduardo Z. R., jefe del departamento de Atención al Usuario en la Agencia de la ANT en Cayambe.

En total hay 16 procesados en este caso que se destapó el 30 de enero de 2026 durante un allanamiento que desarticuló “una estructura paralela” que vendía ilegalmente licencias y matriculaba vehículos en la ANT. Entre los detenidos consta Pedro Abril, director ejecutivo de la ANT, así como jefes departamentales, uno de ellos Dany Z. R.

Documentos de ANT en domicilio

Magister en Gestión Pública, de 51 años, Dany Z. R. fue detenido y la policía allanó su domicilio. Ahí los agentes encontraron 87 billetes de USD 20 (USD 1.740), 19 billetes de USD 10 (USD 190), cuatro teléfonos celulares, 273 documentos de la ANT, 20 licencias de conducir de usuarios, 11 carnés de tipos de sangre y 207 certificados de la ANT.

“La Losep y el reglamento interno de Talento Humano prohíben a los servidores mantener documentos públicos en su domicilio, en especial licencias de conducir”, recordó Melissa Carrera, acusadora particular de los procesados en representación de la ANT.

También se encontró en su vivienda dispositivos USB, sellos de escuelas de conducción y de certificados de departamentos psicológicos. Una pericia documentológica certificó que guardaba en su poder licencias originales. “Las extracciones de contenido de dispositivos evidenciarían generación de turnos, trámites de licencia y audios sobre entrega de dinero”, sostiene la pericia.

Los chats analizados por la Fiscalía también sumaron elementos de convicción en contra de Dany Z. R. En uno de ellos se le consultaba por el valor de un trámite. “Se advierte que existen comunicaciones en donde el servidor público tenía contacto con usuarios, cuando queda claro que no era su función brindar asistencia a través de su teléfono particular”, sostiene la Fiscalía.

Las pericias realizadas por la Fiscalía evidenciaron que Dany Z. R. mostró un comportamiento de “ocultamiento y modificación de información, y que el procesado dejó de asistir a su lugar de trabajo tras la vinculación (al caso Jaque)”.

Su participación consta en un diagrama de relaciones telefónicas con otros funcionarios procesados donde se manifiesta “su condición de funcionario de la Agencia Plataforma Sur, con poder de decisión”. También presume la Fiscalía que tenía autorización para otorgar turnos fuera de horario “con finalidades de comercialización”.

Informe de la UAFE

Sobre Dany Z. R., la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un informe que señalaba diferencias entre los ingresos reportados como funcionario de la ANT y los gastos reflejados en el sistema financiero nacional.

El reporte menciona que como jefe de la Oficina de Atención al Usuario en la ANT de Cayambe, Dany Z. R. recibió entre 2022 y 2025 la cantidad de USD 34.326, mientras que sus egresos fueron superiores, alcanzando USD 53.684.

“Esta diferencia entre ingresos y gastos no comprende una garantía de que no existan ingresos extras, como afirma la defensa, todo lo contrario, permite corroborar a la Sala que, solo en lo que refleja el sistema financiero, tuvo la capacidad económica de generar gastos adicionales a sus ingresos”.

Tribunal judicial

Esta discordancia -mencionó el juzgado- “es precisamente uno de los objetivos de la investigación fiscal”, y señaló “el riesgo relacionado con la determinación de presuntos ingresos patrimoniales que deben ser investigados”.

También el patrimonio del director ejecutivo de la ANT registró incrementos, según la investigación del caso Jaque. Pedro Abril, de 38 años, ingresó en 2020 a la ANT como director de Estudios y Proyectos. Entonces su patrimonio se ubicaba en USD 171.764.

En julio de 2025 los registros de Contraloría revelaron que su patrimonio se duplicó, llegando a USD 321.639, consistente en bienes inmuebles e inversiones.

"Cooptación de funcionarios"

La red desarticulada en la ANT cobraba USD 250 por la entrega ilegal de licencias de conducir, matriculación vehicular o permisos de operación para cooperativas, también lucraba con las autorizaciones de cursos de conducción. Estaba integrada por una docena de funcionarios, de un total de 16 procesados, a quienes se "cooptaba" dentro de la institución.

El tribunal, presidido por el juez Lauro Sánchez, dimensionó como graves los hechos en los que incurrieron los procesados de la ANT.

Esta gravedad -concluyó el pronunciamiento de la sala- “ha sido analizada por el juez, no en la medida de una connotación pública, sino respecto de la gravedad de la facultad operativa de una presunta organización que tendría capacidad de cooptar funcionarios públicos para delegar funciones y planificar actividades ilícitas para obtener ganancias para la organización”.

El sistema de cooptación fue explicado por algunos funcionarios que decidieron no acogerse al derecho del silencio y declararon que trabajaban “preocupados” pues en la ANT “si no colaboran, lo botan”.

Así contó un empleado al relatar que en una ocasión le habían pedido 50 trámites, pero los usuarios interesados “habían quedado de ir el lunes, pero ya no han regresado”.

El funcionario agregó: “Con la colaboración de las licencias y con lo que nos pagan, simplemente el funcionario que no colabora lo botan del cargo, mi función en sí es satisfacer al director y cumplir con la disposición de Pedro Abril y gestionar la habilitación del sistema informático”.