Judicatura destituye a jueza que liberó a cinco detenidos tras ataque a caravana presidencial en Cañar

El Consejo de la Judicatura destituyó a Erika Álvarez, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de El Tambo, Cañar, por incurrir en manifiesta negligencia al declarar ilegal la aprehensión de cinco personas tras el ataque contra la caravana presidencial, ocurrido en octubre de 2025.

La decisión fue adoptada este martes, 4 de agosto de 2026, a diez meses del incidente cuando vehículos que transportaban al presidente Daniel Noboa fueron atacados mientras circulaban por la vía E35, en El Tambo, en medio de unas protestas del movimiento indígena.

Tras la agresión, la Policía detuvo a cinco personas. La Fiscalía solicitó al día siguiente la audiencia para legalizar la detención y formular cargos por los delitos de ataque o resistencia y daño a bien ajeno.

En principio, las autoridades del Gobierno denunciaron lo ocurrido como tentativa de asesinato y terrorismo contra los detenidos. Sin embargo, la Fiscalía no incluyó esas figuras en la acusación.

Según los informes policiales incorporados al expediente, siete vehículos de la caravana presidencial resultaron afectados por el lanzamiento de piedras y otros objetos. Los daños reportados incluyeron parabrisas rotos, ventanas destruidas y afectaciones en estructuras metálicas. 

La Judicatura concluyó que la decisión de la jueza Álvarez de declarar ilegal la aprehensión de los cinco detenidos (cuatro hombres y una mujer) constituyó una actuación negligente y resolvió su destitución.

Los análisis determinaron que incurrió en manifiesta negligencia, al declarar ilegal la aprehensión de cinco personas detenidas en flagrancia, tras el ataque a la caravana presidencial, en octubre de 2025.

Resolución de la Judicatura

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