¿Cuánto tiempo tomará el juicio político a Inés Manzano? Así será el proceso en la Asamblea

El 26 de junio de 2026, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra Inés Manzano, la exministra de Ambiente y Energía. Con 10 votos a favor, se aprobó la moción de Ana Belén Tapia para indagar su presunto incumplimiento de funciones en los contratos de Progen y Austral Technical Management.

Dichas firmas debían operar en la crisis eléctrica de 2024. Sin embargo, el correísmo afirma que entregaron equipos inservibles y calcula un perjuicio de USD 180 millones. Manzano se defiende asegurando que no adjudicó esos convenios, pero el caso prosperó tras superar los filtros del Consejo de Administración Legislativa.

A partir de este instante, el trámite legislativo respectivo seguirá lo estipulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los asambleístas de la Mesa de Control Político deberán evacuar todas las pruebas en los plazos fijados por esta norma, tras lo cual se remitirá el informe al Pleno para su respectiva resolución de censura y destitución final.

El trámite empezó el 24 de junio de 2026, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) verificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales a través del informe técnico-jurídico no vinculante emitido por la Unidad de Técnica Legislativa.

Previamente, el proceso había enfrentado intentos previos fallidos. Este es impulsado por los asambleístas correístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, quienes atribuyen a la exfuncionaria responsabilidades en los fallidos contratos de emergencia con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). .

¿Qué se viene?

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tras calificar el trámite, la Comisión tiene la obligación de notificar a la exfuncionaria para que, en el plazo de 15 días, ejerza su derecho a la defensa, presente su contestación a las acusaciones políticas y anuncie toda la prueba de descargo que considere pertinente. 

En el mismo acto, el organismo notificará a los asambleístas solicitantes para que, dentro de ese mismo lapso, presenten los elementos probatorios que sustentan sus afirmaciones. 

Con la contestación de la exfuncionaria, o incluso en su ausencia, se establecerá un plazo adicional de 10 días para la presentación y evacuación de las pruebas. 

Además, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, la mesa legislativa podrá solicitar también pruebas de oficio. 

La exministra Manzano, quien no ha sido vinculada penalmente por la Fiscalía en el denominado caso Apagón, argumentó a través de una carta pública que ella no negoció ni adjudicó dichos contratos, ya que estos existían cuando asumió su cargo en octubre de 2024. 

Vencido el plazo de actuación de pruebas de cargo y descargo, la Comisión de Fiscalización tendrá un plazo improrrogable de cinco días para remitir a la presidencia de la Asamblea Nacional un informe motivado. 

Este documento deberá detallar sus conclusiones y recomendar el archivo del trámite o, por el contrario, la procedencia del juicio político en el Pleno. 

En el escenario de que la Comisión no apruebe un informe dentro de los plazos establecidos, el presidente de la mesa remitirá las actas de votación en un periodo de dos días para que sea directamente el Pleno de la Asamblea Nacional quien dirima la situación. 

Una vez difundido el documento oficial, la presidenta de la Asamblea lo incluirá en el orden del día dentro de cinco días adicionales. 

Para proceder con la censura de Manzano, se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada del Pleno, es decir, dos terceras partes de sus miembros (92 votos). La censura implicará la prohibición de ejercer cualquier cargo público por un periodo de dos años.

En total, según los plazos legales, el proceso de juicio político podría tomar entre 37 y 45 días hasta que llegue al Pleno.