CAL admite a trámite pedido de juicio político contra Inés Manzano, exministra de Energía
En la denuncia presentada ante el CAL contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, se atribuye un supuesto incumplimiento de funciones dentro del caso ATM.

Inés Manzano, cuando era ministra de Ambiente y Energía, en un evento realizado en enero de 2025.
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Ministerio de Ambiente y Energía
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio inicio este 24 de junio de 2026 al trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, por presunto incumplimiento de funciones.
El pedido de juicio político fue presentado por los asambleístas del correísmo Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna.
El caso tiene relación con las supuestas acciones y omisiones cometidas en el proceso de contratación de las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM).
Tanto Progen como ATM fueron contradas por el gobierno para dar solución a la crisis eléctrica que vivió el país en 2024. Los equipos proporcionados por las dos empresas eran inservibles y no entraron en funcionamiento, según una investigación realizada en Estados Unidos. El correísmo calcula el perjuicio al Estado en USD 180 millones.
La decisión del CAL se adoptó tras conocer el informe técnico-jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos, por parte de la Unidad Técnica Legislativa, informó la Asamblea Nacional.
Como parte del proceso, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, remitirá en un plazo máximo de tres días y a través de la Secretaría General, la solicitud de enjuiciamiento político al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento.
En un plazo de cinco días la comisión avocará conocimiento y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, que establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado.
Para proceder a su censura y destitución se requerirá las dos terceras partes de los votos del Pleno.
Se trata del segundo intento de interpelar a Manzano, después de que otra solicitud por el caso Progen terminó en el archivo de la Comisión de Fiscalización controlada por el oficialismo.
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