Comisión de Fiscalización de la Asamblea no da paso al juicio político contra Inés Manzano
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no dio paso al juicio político de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La mesa legislativa emitió un comunicado exigiendo profundizar en la ruta del dinero del caso Progen.
Exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en reunión en su despacho. 27 de febrero de 2026.
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Durante una sesión virtual desarrollada este sábado 6 de junio de 2026, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió no dar paso a la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
La decisión legislativa se concretó luego de que la moción principal registrara cuatro votos a favor y seis abstenciones.
El pedido para llevar a juicio a la exfuncionaria fue presentado por la asambleísta Ana Herrera, perteneciente a la bancada de la Revolución Ciudadana.
Al momento de la votación, los únicos respaldos que obtuvo la iniciativa provinieron de los asambleístas Fricson George, Janeth Bustos y la propia Herrera.
Minutos después de la sesión, la misma Comisión de Fiscalización difundió un comunicado señalando que “en el caso Progen, la prioridad debe ser una sola: conocer toda la verdad”.
El documento dice que consideran fundamental profundizar en la investigación de la “ruta del dinero” para esclarecer si existieron redes detrás de estas operaciones y enfatizaron que “la prioridad no es construir culpables por presión política, sino identificar a los responsables reales”.
Incluso, plantearon la posibilidad de activar herramientas jurídicas como la Ley RICO de Estados Unidos para rastrear flujos financieros internacionales.
El denominado caso Progen investiga un presunto perjuicio económico al Estado superior a los USD 104 millones. Este millonario monto se deriva de los cuestionados contratos para instalar dos plantas de generación eléctrica adjudicados a la empresa Progen Industries LLC durante la crisis de 2024, período en el que el país soportó apagones de hasta 14 horas diarias. La empresa nunca instaló ni un solo megavatio.
En la causa penal están procesadas 21 personas, conformadas por exfuncionarios, contratistas y particulares. Entre los principales investigados figura el también exministro de Energía, Antonio Goncalves, cuyo caso es manejado directamente por el despacho del Fiscal General debido a que goza de fuero de Corte Nacional.
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