Ni Progen ni Odebrecht: así las empresas señaladas de corrupción quedan fuera de los casos en Ecuador
Pese a que la legislación penal permite procesar a las personas jurídicas desde 2014, la Fiscalía General del Estado ha priorizado enjuiciar únicamente a los individuos, dejando a las empresas corruptoras sin sanción. Un análisis documental de los casos judiciales más sonados de los últimos años revela esta omisión, siendo el expediente de China CAMC una excepción.
Evidencia de las irregularidades en los generadores vendidos por Progen.
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Expediente / Fiscalía
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El caso Apagón, una investigación por presunto peculado en la compra de generadores eléctricos a la empresa Progen durante la crisis energética, expone una práctica judicial polémica. En este proceso, que investiga contratos de Celec con un perjuicio mayor a USD 100 millones, la Fiscalía apunta exclusivamente contra funcionarios, contratistas individuales e intermediarios.
Este suceso es el reflejo de una actuación repetitiva del sistema judicial ante los escándalos de corrupción.
Durante la última década, las empresas privadas que han sido señaladas por pagar millonarios sobornos en relación con contratos estatales lograron esquivar el banquillo de los acusados.
Del Código de Procesamiento al COIP
La responsabilidad penal de las corporaciones representó un hito en la legislación ecuatoriana. El antiguo Código de Procedimiento Penal derogado centraba la imputación de los delitos únicamente sobre las personas naturales.
Así, en los casos de corrupción, por ejemplo, el Ministerio Público únicamente podía perseguir a los directores, gerentes o administradores que cooperaban en los ilícitos.
Sin embargo, el marco legal cambió tras la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014. Esta normativa estableció que las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados.
A partir de este cuerpo legal, los jueces tienen la potestad de imponer sanciones corporativas que incluyen multas, clausuras temporales o definitivas y la disolución y liquidación total del patrimonio de la empresa infractora.
La ausencia de Progen en el caso Apagón
Durante la fase inicial de la indagación previa del caso Apagón, la Fiscalía mantuvo formalmente bajo escrutinio a la Progen. Las carátulas oficiales del expediente fiscal incluyeron de manera explícita en su nómina de investigados a la "Persona Jurídica Progen Industries LLC", figurando a la par de su representante legal, Williamson Andrew Scott, y de los exfuncionarios de Celec.
Bajo esta premisa inicial, el Ministerio Público recopiló información sobre las cuentas bancarias en el extranjero de la compañía y rastreó movimientos societarios relacionados con los contratos de emergencia.
Sin embargo, cuando la investigación se convirtió en instrucción fiscal -con la formulación de cargos por peculado- la Fiscalía tomó otro rumbo al momento de oficializar la nómina de procesados, dejando a la empresa fuera de la etapa de procesamiento.
La lista judicial se circunscribió de forma exclusiva a personas naturales, enlistando a individuos relacionados con la administración estatal de Ecuador como el exministro Antonio Goncalves y el exgerente de Celec Fabián Calero, entre otros.
Del lado privado, la personería jurídica de Progen Industries LLC no fue incluida; el caso, al menos por ahora, se quedó en Williamson Andrew Scott, el CEO de Progen, y Karla Saud, la intermediaria que representaba a la compañía en las negociaciones con Celec.
De Odebrecht a Sinohydro
En Ecuador, el caso de Progen no es algo nuevo. Desde 2015, se destapó que la constructora brasileña Norberto Odebrecht protagonizó un esquema de sobornos dirigido a funcionarios públicos e intermediarios para beneficiarse de adjudicaciones estatales en Ecuador y otros países del mundo.
Los documentos del capítulo ecuatoriano del caso Odebrecht evidencian de forma detallada pagos irregulares por más de USD 33 millones canalizados a través de compañías de fachada en el extranjero para la obtención de megaobras como el Poliducto Pascuales Cuenca, el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, el Trasvase Daule Vinces y los trabajos en la Refinería del Pacífico.
El caso por asociación ilícita terminó en la sentencia de ocho personas, incluyendo al exvicepresidente Jorge Glas. Pero a pesar del esquema de sobornos detallado en la investigación, la empresa Odebrecht no fue procesada ni acusada, manteniendo un manto de inmunidad judicial como corporación.
Un entramado de características similares operó en el caso Sobornos 2012-2016, que examinó los aportes irregulares para financiar actividades proselitistas de Alianza PAIS a cambio de concesiones y beneficios en la contratación pública estatal.
Empresas privadas proveedoras del Estado como Consermin, Equitesa, Técnica General de Construcciones y SK Engineering cruzaron facturas para cubrir los pagos a exigencia de altos funcionarios gubernamentales.
Por estos hechos, la Corte Nacional de Justicia sentenció a 20 personas, incluyendo al expresidente Rafael Correa, Glas y otros funcionarios de Revolución Ciudadana. Y una decena de empresarios privados, representantes de las empresas involucradas.
Nuevamente, las empresas fueron las ausentes. De hecho, los propios magistrados de la causa incluyeron en su sentencia una orden para que la Fiscalía inicie nuevas investigaciones contra otras personas y empresas.
El caso Sinohydro, que está en plena etapa de juicio e involucra al expresidente Lenín Moreno, expone la misma mecánica en el estratégico sector eléctrico.
La compañía estatal china se adjudicó el contrato para la ejecución y construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Las investigaciones apuntan a que la contratista asiática pagó coimas por USD 76 millones a través de la intermediaria Comercial Recorsa.
Los fondos ilícitos habrían sido distribuidos a funcionarios ecuatorianos, embajadores y allegados al núcleo político del Gobierno de Rafael Correa, del que Moreno era vicepresidente. Ni Sinohydro ni Recorsa son parte del juicio.
En medio de esta dinámica judicial, el caso China CAMC, que todavía tiene pendiente la sentencia de primera instancia, podría considerarse una excepción. La trama de este proceso gira alrededor de la Contraloría General del Estado.
Según la teoría del caso, la compañía asiática pagó más de USD 22 millones al círculo de Pablo Celi, excontralor, a cambio de desvanecer responsabilidades civiles de manera irregular. La compañía es uno de los procesados en ese caso.
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