Caso Sinohydro: las 10 claves del juicio contra el expresidente Lenín Moreno y otros 20 procesados

La Fiscalía sostiene que la empresa Sinohydro pagó USD 76 millones en sobornos para adjudicarse la construcción de la central hidroeléctrica. Este monto ilegal representaría el 4% del valor del contrato original de la obra, estimado en USD 1.979 millones.

Los pagos ilícitos se habrían realizado entre 2010 y 2018 a través de un entramado que simuló consultorías y representaciones. Posteriormente, el dinero fue canalizado mediante terceras personas y empresas en el extranjero.

El expresidente Lenín Moreno es señalado por la Fiscalía de ser supuestamente el principal beneficiario de las coimas en su época como vicepresidente de la administración de Rafael Correa. El exmandatario llegó a Quito el miércoles 6 de mayo de 2026, procedente de Paraguay, para enfrentar a la justicia.

Moreno argumentó antes problemas de salud para no presentarse en Ecuador y calificó al caso penal como una venganza del correísmo. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia lo juzgará como autor directo del delito de cohecho.

El círculo íntimo del expresidente, según la Fiscalía, estaría involucrado en la red de corrupción, por lo que enfrentan el proceso como cómplices. Su esposa, Rocío González, y su hija Irina Moreno constan en la lista de los enjuiciados.

También irán a juicio sus hermanos Guillermo Moreno y Edwin Moreno, además de su cuñada Martha González. La empresa offshore INA Investment, creada por su hermano Edwin, presuntamente lleva el acrónimo de las hijas del exmandatario.

El empresario Conto Patiño, amigo cercano del exmandatario, operó como lobista de la empresa china en el país. El Ministerio Público lo acusa como autor directo de canalizar los dineros ilícitos desde Sinohydro.

Patiño habría utilizado a su compañía Comercial Recorsa para abrir cuentas en Panamá y recibir las transferencias. Los fondos habrían ingresado bajo la fachada legal de pagos por supuestas asesorías y representaciones prestadas a los empresarios chinos.

La acusación alcanzó a la familia de Conto Patiño, procesada en calidad de cómplice. Entre los enjuiciados destacan su hija María Auxiliadora Patiño y el esposo de ella, Xavier Macías.

En la lista de llamados a juicio también figuran otros tres hijos del empresario: Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño. Además, se incluyó a Priscila Burneo, nieta del lobista, consolidando la supuesta red familiar que distribuyó el dinero, según la acusación fiscal.

El exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo, será juzgado como autor directo, tras supuestamente facilitar las negociaciones del proyecto hidroeléctrico. El diplomático actuó luego como representante de Sinohydro.

La justicia ecuatoriana también enjuiciará por autoría directa a Yang Huijin y Song Dongsheng, exejecutivos de la compañía estatal china. Para asegurar su presencia, se requirieron difusiones rojas de Interpol e incluso procesos de extradición.

El dinero obtenido ilícitamente habría circulado por el sistema bancario de al menos cinco naciones distintas, complicando el rastreo inicial. La Fiscalía documentó movimientos financieros en Panamá, Suiza, España, Belice, China y Estados Unidos.

Parte de los fondos transferidos a la sociedad panameña INA Investment sirvió para la adquisición de costosos muebles enviados a Suiza. Adicionalmente, el dinero financió la compra de un departamento en Alicante, España.

Las indagaciones no solo se concentraron en los intermediarios, sino también en el personal directivo encargado de la hidroeléctrica ecuatoriana. Es el caso de Luciano Cepeda y Henry Galarza, ambos exgerentes de la planta.

Estos exfuncionarios deberán responder ante el tribunal como autores directos del ilícito. También enfrentará a la justicia, en calidad de cómplice, María Augusta Baquero, quien es esposa de Luciano Cepeda.

Dos abogados que asesoraron a Conto Patiño enfrentan cargos dentro de este proceso judicial por cohecho. Eduardo Carmigniani (foto) y Carlos Almeida están llamados a juicio en calidad de cómplices.

La tesis fiscal indica que estos exabogados habrían prestado sus servicios para supuestamente dar apariencia legal a las transacciones. Según las investigaciones, Carmigniani habría recibido, al menos, USD 2 millones procedentes de los supuestos sobornos.

El caso arrancó de forma masiva en el año 2023 con 37 personas procesadas y la cifra se amplió hasta 40 vinculados. Sin embargo, la complejidad para probar responsabilidades obligó al Ministerio Público a depurar la nómina de imputados.

La Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de 15 individuos, reduciendo la lista a 25. Finalmente, los jueces sobreseyeron a cuatro personas más, dejando el grupo exacto en 21 procesados que se sentarán en el banquillo desde este lunes.