Según la Fiscalía, tres abogados relacionados con Conto Patiño habrían recibido USD 6,2 millones de los sobornos que entregó Sinohydro, para quedarse con el contrato de Coca Codo Sinclair.
La lista de sospechosos en el caso Sinohydro ya es la más larga que se haya visto en un proceso de corrupción en Ecuador: 37 personas en la mira por presunto cohecho.
Hay cuatro exfuncionarios públicos, con el expresidente Lenín Moreno a la cabeza, además del abogado Conto Patiño, supuesto representante de Sinohydro en Ecuador.
Además, en este caso son investigados cinco miembros de la familia de Lenín Moreno y ocho de la de Conto Patiño.
A quienes hay que sumar a los representantes chinos de Sinohydro y algunos empleados de la familia Patiño.
La teoría de la Fiscalía es que se beneficiaron de una parte de los USD 76 millones que la empresa estatal china Sinohydro habría pagado en sobornos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, de 1.500 megavatios.
La planta hidroeléctrica, que presenta daños y fisuras irreparables, le costó a Ecuador USD 2.245 millones.
Los tres abogados
En la lista de los 37 procesados hay tres nombres que no son funcionarios relacionados con las negociaciones por el contrato de Coca Codo Sinclair, ni familiares o empleados de los Patiño o de los Moreno.
Se trata de José Eduardo Carmigniani Valencia, Ximena del Rocío Delgado Vásconez y Carlos Oswaldo Almeida Almeida.
Los tres son abogados en libre ejercicio y, en algún punto de sus carreras, representaron o asesoraron jurídicamente a Conto Patiño.
Ahora la Fiscalía los señala como presuntos beneficiarios de USD 6,2 millones de los sobornos.
Los USD 2,6 millones de Carmigniani
Apenas se conoció la lista de los 37 investigados en el caso Sinohydro, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Eduardo Camigniani.
Recientemente, el abogado guayaquileño estuvo en la palestra pública por representar a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, involucrado en el denominado caso Encuentro, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas.
En los registros de la Fiscalía, Carmigniani habría sido beneficiario de una decena de transferencias desde cuentas relacionadas con la familia de Conto Patiño.
Inicialmente, Fiscalía rastreó una transferencia desde la cuenta en Panamá de Recorsa, empresa de Conto Patiño, por USD 1 millón. Entonces Carmigniani fue llamado a rendir versión, el 7 de febrero de 2023.
Ante la fiscal del caso, Carmigniani dijo conocer a Conto Patiño desde hace más de 30 años. Y admitió que lo habría asesorado judicialmente entre 2005 y 2006. Y dijo que por estos servicios cobró "bastante dinero".
Ese pago, según Carmigniani llegó atrasado, porque cuando hizo el trabajo Patiño tenía dificultades económicas.
El abogado asegura que la cuenta se saldó en 2011 y que el pago se hizo en Panamá, aunque sí fue declarado en Ecuador.
Esta versión coincide con lo que en un primer momento conocía la Fiscalía. Incluso, el abogado habría ofrecido presentar la factura. Pero, hasta el 7 de marzo de 2023, el documento no llegó a las oficinas del Ministerio Público.
Sin embargo, semanas después llegó más información de Panamá y se conoció que Carmigniani habría recibido USD 1,6 millones más a través de Anjes Finance, una empresa offshore en Panamá.
'Pago juez por juicio Filanbanco'
La abogada Ximena Delgado, quiteña de 69 años habría recibido USD 400.000 de los sobornos, según la Fiscalía.
Cuando la Fiscalía allanó las oficinas de Recorsa, en Quito, encontró varios comprobantes de egresos relacionados con Delgado.
El que más llamó la atención fue uno emitido el 6 de octubre de 2011. Era por USD 57.000 y en la descripción se hablaba de pagos a un juez, a un perito y a abogados por el juicio del caso Filanbanco.
El 22 de julio de 2022, Delgado rindió versión ante la Fiscalía. Declaró que habría representado a Patiño en varios casos.
Uno de estos casos era "un juicio grande con Filanbanco", en el que debía finiquitar una deuda de Patiño con la banca cerrada.
En su versión, Eduardo Carmigniani también dijo haber colaborado con Patiño en ese proceso judicial.
El caso, según Delgado, se llevaba a Guayaquil. Y cómo ella no podía viajar permanentemente a esa ciudad, contrató a un abogado de apellido Abad.
La abogada explicó que Abad tenía amistad con la gente de Guayaquil vinculada al caso, y probablemente fue Abad quien pidió esos USD 57.000.
"En los 40 y pico de años de profesión jamás he recibido ni pedido pagos a jueces", aseguró la abogada.
Sobre el cobro de sus honorarios, dijo que Patiño se los pagó a través de cheques que retiraba de Recorsa. Pero Ximena Delgado alega que no sabe de dónde provenían los fondos.
USD 3,2 millones para el amigo de Moreno
El tercer abogado en la lista es Carlos Almeida. Según la Fiscalía, este jurista habría recibido USD 1,4 millones mediante cheques y transferencias personales.
Pero, además, habría cobrado otros USD 1,8 millones a través de la empresa Carfal Corporation, en Panamá.
En su versión ante la Fiscalía, que fue revelada por Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos, Almeida habría dicho que "hace años" ayudó a Conto Patiño, cuando estaba en quiebra.
Y que tiempo después, una vez que la situación de Patiño mejoró, habría cobrado sus honorarios en Panamá.
El caso de Almeida es diferente porque tiene pasado en la función pública. Fue asesor de Lenín Moreno en la Vicepresidencia de la República.
Además, según la versión de su hijo, Carlos Almeida tenía una relación de amistad con el Lenín Moreno.
¿Criminalización de la profesión?
Tras la formulación de cargos, Carmigniani publicó un comunicado en Twitter. El abogado aseguró que no ha entregado "aunque sea un caramelo a un funcionario público", por lo que no existen razones para que lo procesen por cohecho.
"Es obvio que se está criminalizando el ejercicio de la abogacía, por causa de ingresos que fueron en su momento debidamente facturados y los impuestos pagados", añadió.
La fiscal Diana Salazar le respondió por la misma vía. En su comunicado, la funcionaria dijo ver con admiración que se la acuse de criminalizar la profesión.
Salazar aseguró que "ciertos procesados han tratado de engañar a la ciudadanía y manipular la opinión de sus colegas, invocando un espíritu de cuerpo que podría encubrir" delitos.
Aunque el caso todavía está en instrucción previa, es decir, en investigación. Carmigniani llevó su reclamo a instancias internacionales.
El 9 de marzo de 2023, se hizo público que Xavier Flores y José De la Gasca, abogados guayaquileños, presentaron una solicitud de medidas cautelares a favor de Carmigniani ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los juristas solicitan a la intervención de la CIDH ante el pedido de prisión preventiva que hizo Salazar. Explican que aunque el juez Adrián Rojas negó esa solicitud, "la situación de riesgo a sus derechos no ha cesado".
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