La Fiscalía intenta demostrar la existencia de un entramado de corrupción relacionado con los contratos para la construcción y financiamiento de Coca Codo Sinclair.
El caso Sinohydro sigue creciendo. La Fiscalía intenta demostrar la existencia de un entramado de corrupción relacionado con los contratos para la construcción y financiamiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, durante la administración de Rafael Correa.
Inicialmente, la Fiscalía procesó a 37 personas por presunto cohecho. Pero, el 14 de junio de 2023, la fiscal General, Diana Salazar, vinculó al proceso a tres personas más. Se presume que estas personas se beneficiaron de USD 76 millones en sobornos pagados por la empresa china Sinohydro.
La primera de las nuevas procesadas es Beatriz Herdoíza, esposa de Conto Patiño. Patiño ha sido señalado como uno de los operadores de Sinohydro para conseguir el contrato de Coca Codo Sinclair, aprovechando su amistad con el entonces vicepresidente Lenín Moreno.
Actualmente, Herdoíza tiene 89 años. Pero se la señala por su rol como accionista de las empresas Comercial Recorsa y Novatex, de propiedad de la familia Patiño, y que habrían sido utilizadas para mover parte del dinero de los sobornos.
Según la teoría de la Fiscalía, Herdoíza tramitó el cambio de la razón social de Recorsa, con el objetivo de que esté habilitada para las operaciones relacionadas con la hidroeléctrica. En 2009, esta compañía estableció su razón como la construcción de obra pública.
Caso parecido es el de la segunda Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño y Beatriz Herdoiza, quien también -según el registro de la Superintendencia de Compañías, es accionista de Recorsa y Novatex.
Aunque Felipe Rodríguez, abogado de Burneo, dijo que el cambio de objeto social de una empresa "no es un delito, ni una prueba un cohecho". Añadió que en dicha acta no consta la firma de su cliente.
Según la información recibida desde Panamá a través de una asistencia penal internacional, en 2008 Beatriz Herdoíza participó de la compra de una empresa en ese país. Esta entidad se convirtió en Recorsa, una empresa espejo de la firma ecuatoriana del mismo nombre.
A través de Recorsa Panamá, Conto Patiño y su esposa habrían abierto dos cuentas bancarias en ese país, en las que se habrían recibido el dinero de los sobornos.
Según la Fiscalía, Herdoíza y Burneo fueron beneficiarias de parte de esas coimas:
• Beatriz Herdoíza habría recibido USD 3 millones, en conjunto con su esposo, Conto Patiño.
• Priscila Burneo habría recibido más de USD 200.000 de manera personal y otro USD 1 millón a través de su esposo Juan Manuel Durini, quien también es procesado en el caso por cohecho.
Tanto Durini como Burneo coincidieron en sus versiones ante la Fiscalía que esos dineros corresponden a una devolución de gastos que Burneo recibió de sus abuelos. Ya que ella hacía viajes con ellos y todos los pagos en estos periplos los hacía con su tarjeta de crédito personal.
Cohechos autónomos
Según la Fiscalía, luego de recibir los USD 76 millones de coimas a través de Recorsa, los procesados siguieron moviendo el dinero y realizando pagos a otros funcionarios públicos, lo que género una especie de “cohechos autónomos”.
La tercera nueva procesada es Alexandra Álvarez, quien era la esposa Julio César Gordón, que falleció antes de que empezara el proceso penal.
Gordón era parte de la comisión técnica que aprobó la adjudicación de la obra de Coca Codo Sinclair a favor de Sinohydro.
Según la Fiscalía, Álvarez y Gordón recibieron USD 3 millones. Para esto, Gordón creó una empresa offshore en Panamá denominada Valley View Corporation.
Parte de este dinero, según relató la fiscal Diana Salazar, llegó a través de la compra de pasajes aéreos, que fueron pagados por Burneo.
Este método de pago, denominado ‘cohechos autónomos’, se aplicó también con Luciano Cepeda y su esposa María Baquero, quienes ya forman parte del caso.
A su haber, según los datos expuestos por la Fiscalía, aparecen unos USD 50.000 provenientes de Recorsa Panamá, que terminaron en un fondo de inversiones en Ecuador, cuyos beneficiarios eran estos esposos.
Como justificación del dinero dijeron que hicieron una consultoría a Recorsa, aunque como respaldo solo presentaron una copia simple.
María del Mar Gallegos, abogada de Herdoíza, criticó figura de cohechos autónomos mencionada por la fiscal Salazar, ya que no se menciona ni en el antiguo Código Penal, ni en el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Añadió que lo que se ha presentado como elemento de convicción en conta de su cliente, que es accionista de dos empresas y que es esposa de Conto Patiño, "de ningún modo constituye un delito".
Revisión de medidas cautelares
Previo a la instalación de la audiencia de vinculación de Herdoíza, Burneo y Álvarez, el juez Mauricio Espinosa resolvió acerca de un pedido de revisión de medidas cautelares presentado por Mónica Ortega, quien estuvo en el primer grupo de los procesados.
Según la Fiscalía, Ortega se benefició de USD 400.000 de los sobornos, que fueron pagados a través de Recorsa Ecuador.
Lorena Grillo, abogada de la procesada, solicitó que se modulen las medidas interpuestas en el inicio de la instrucción fiscal: presentación semanal, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.
Según Grillo, después del inicio del caso, su representada ha aportado evidencias de descargo sobre los pagos hechos por Recorsa. Además, mostró un carné de discapacidad.
Ortega es agente de viajes desde 2010 y ha brindado servicios de intermediación entre aerolíneas, hoteles, aseguradoras y la empresa de los Patiño.
Sin embargo, el juez Espinosa dijo que no se ha acreditado, en forma suficiente, elementos que justifiquen un cambio de las medidas. Por lo que negó la solicitud y se ratificaron las cautelares iniciales.
Al final de la audiencia, además, el magistrado dispuso para las tres personas vinculadas presentación periódica, prohibición de salida del país y colocación de dispositivo de vigilancia. Por la nueva vinculación también se dispuso la ampliación de la instrucción fiscal en 30 días más.
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