Audiencia del caso Goleada se reinstala tras pronunciamiento del CNE sobre candidaturas
Abogados defensores continúan con sus intervenciones en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada. El CNE respondió sobre la situación de cuatro familiares de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, que inscribieron candidaturas a pesar del proceso judicial.

Audiencia de apelación a la prisión preventiva y revisión de medidas en caso Goleada de Aquíles Álvarez y sus hermanos, el 13 de marzo de 2026Fotos:API / Rolando Enríquez
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Redacción Primicias
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El juez del caso Goleada reinstaló este martes, 18 de agosto de 2026, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos que involucra al encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otras 16 personas.
La diligencia, que había sido suspendida el 15 de agosto, se retomó después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció sobre la situación jurídica de cuatro procesados en esta causa que se inscribieron de candidatos para los comicios seccionales, entre ellos la esposa de Alvarez, Fiorella Ycaza, y otros de sus allegados.
El organismo electoral precisó que la inmunidad electoral solamente se aplica cuando una candidatura está en firme, algo que se conocerá hasta el 9 de noviembre de 2026, según el calendario establecido por el ente.
Además de Ycaza, en la Junta provincial electoral del Guayas se inscribieron de candidatos el primo y otras dos personas cercanas al alcalde Alvarez, quien lleva seis meses detenido en la cárcel del Encuentro, de máxima seguridad en Santa Elena. Todos son procesados en el caso Goleada.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 17 personas naturales y nueve jurídicas se reinstaló de manera telemática, informó la Fiscalía General del Estado, en redes sociales.
Luego del receso, detalló, las defensas de los procesados continúan con sus intervenciones respecto de los posibles vicios formales en esta causa.
En el caso Goleada, la Fiscalía investiga un presunto esquema societario que habría sido utilizado para generar ganancias ilícitas y ocultar su origen, vulnerando el orden socioeconómico del Estado, con Alvarez a la cabeza.
El objetivo, según el Ministerio Público, habría sido evitar que las operaciones financieras activaran alertas en las instituciones de control.
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