Consejo de la Judicatura inicia el concurso para elegir a 17 jueces de la Corte Nacional de Justicia
El Pleno del Consejo de la Judicatura dio inicio formal al concurso público para designar a 17 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia. El proceso cubrirá 11 vacantes actuales y seis de la renovación de 2027, con evaluaciones sobre 100 puntos y pruebas teóricas y prácticas.

El 19 de noviembre de 2026, los vocales de la Judicatura se reunieron con Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional y los jueces del Tribunal de Garantías Penales.
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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dio inicio este 19 de noviembre de 2026 al concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La decisión se adoptó durante la sesión extraordinaria de la Judicatura con el propósito de designar a 17 jueces titulares para integrar las distintas salas especializadas del máximo tribunal de la justicia ordinaria ecuatoriana.
De las 17 plazas convocadas, 11 corresponden a despachos actualmente vacantes en el organismo judicial. Las seis restantes permitirán cubrir la renovación parcial de la Corte Nacional prevista para el transcurso de 2027.
La convocatoria busca superar años de estancamiento en la renovación del organismo judicial, derivados de irregularidades previas y cambios administrativos en el organismo disciplinario. El proceso contempla ocho fases rigurosas de selección antes de la posesión definitiva.
Plataforma tecnológica, requisitos y filtros para los aspirantes
La recepción de las postulaciones se desarrollará de forma digital a través de la plataforma tecnológica de la Judicatura. Quienes aspiren a participar en el concurso deberán acreditar al menos 10 años de ejercicio profesional, de función judicial o de docencia universitaria en el ámbito jurídico, demostrando notoria probidad en sus antecedentes.
El reglamento del proceso impone filtros de ingreso para evitar el acceso de postulantes cuestionados. Los aspirantes deben autorizar el levantamiento de su sigilo bancario para transparentar su patrimonio, certificar que no poseen capitales en paraísos fiscales y no registrar sanciones o inhabilidades para el ejercicio de cargos judiciales.
Asimismo, los participantes deberán entregar una declaración juramentada en la que conste que no mantienen sentencias condenatorias ejecutoriadas por infracciones como concusión, peculado, extorsión, prevaricato o acoso sexual. Deberán además aprobar evaluaciones psicológicas y un examen de confianza enfocado en la transparencia institucional.
Ocho fases del concurso
El cronograma general de selección se estructura en ocho etapas: convocatoria, postulación, verificación de méritos, examen de confianza, prueba psicológica, impugnación ciudadana, oposición y audiencia pública. La calificación final de cada participante se calculará sobre un máximo de 100 puntos.
La fase de méritos aportará hasta 50 puntos al puntaje global. La metodología asigna hasta 24 puntos a la experiencia laboral e institucional, 20 puntos a la formación académica de cuarto nivel y especializaciones, tres puntos a publicaciones de artículos o libros especializados, dos puntos a la capacitación impartida y un punto a cursos o talleres recibidos.
Para superar la etapa de méritos y continuar en el concurso, los aspirantes tienen la obligación de obtener una calificación mínima de 30 sobre 50 puntos. En caso de inconformidad con los resultados notificados, los participantes dispondrán de un plazo improrrogable de tres días para solicitar una recalificación.
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