Prefecturas: Estas son las competencias de los gobiernos provinciales
Desde la productividad y vialidad, hasta riego y drenaje, las Prefecturas tienen ocho competencias exclusivas, enfocadas en el desarrollo rural de cada provincia. Y los ecuatorianos deberán escoger a 23 prefectos de entre 144 candidatos.

Reunión de los prefectos del país con la ministra de Gobierno, en Quito, el 4 de septiembre de 2026.
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FB: @alequintanillaz
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Al igual que otras entidades públicas, los gobiernos provinciales en Ecuador cambiaron tras la llegada de la Constitución de Montecristi, en 2008. Y los detalles de sus nuevas funciones se desagregaron en 2010, con el Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), que está nuevamente siendo modificado en la Asamblea.
Antes, los organismos eran conocidos como consejos provinciales y estaban conformados por miembros electos en las urnas. Y, aunque debían enfocarse exclusivamente en las áreas rurales, en materias como vialidad, medio ambiente, riego y manejo de cuencas y microcuencas hidrográficas, las funciones, atribuciones, recursos y competencias dependían de que los solicitaran al Gobierno Nacional y la firma de un respectivo convenio.
Ahora, sus competencias temáticas son bastante similares, sin embargo, hay más claridad en sus alcances y límites; por ejemplo la educación y salud son competencias del gobierno central. Esto ha logrado que haya menos choques con los gobiernos municipales e incluso con el Ejecutivo, aunque eso depende del poder de turno.
Y justamente en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos deberán escoger a sus nuevos 23 prefectos, puestos para los que hay en total 144 candidatos en todas las provincias que se disputarán esa dignidad. La única excepción es Galápagos, que cuenta con un régimen especial y no tiene Prefectura.
La Constitución de 2008 les asignó ocho competencias exclusivas dentro de sus territorios:
Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.
- Consiste en formular los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), articulándolos con municipios, juntas parroquiales, otras provincias y el Gobierno Central.
Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.
- Comprende la planificación, construcción y mantenimiento de carreteras secundarias, caminos vecinales y puentes en áreas rurales, excluyendo las vías urbanas y la red estatal principal.
Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas.
- Implica ejecutar trabajos de prevención y mitigación de riesgos (como dragados, diques y protección de riberas).
La gestión ambiental provincial.
- Habilita a la Prefectura como autoridad ambiental responsable para emitir licencias, controlar la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas y humedales, conservar áreas naturales e impulsar la reforestación, así como el manejo de mecanismos de protección hídrica.
Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.
- Abarca la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura hídrica para la agricultura, así como el acompañamiento a las organizaciones de regantes.
Fomentar la actividad agropecuaria.
- Incluye asistencia técnica a agricultores y ganaderos, entrega de insumos, mejoramiento genético, impulso a la agroindustria, cadenas de valor y turismo comunitario.
Fomentar las actividades productivas provinciales.
- De forma similar que con la agricultura, esto le permite ofrece asesoría, asistencia y capacitación técnica orientadas a mejorar el rendimiento de los sistemas productivos de una manera sostenible.
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
- Permite tramitar y suscribir convenios directos de financiamiento o asistencia técnica con organismos multilaterales y agencias de cooperación externa.
Pero el Cootad también les faculta para promover el buen vivir de los ciudadanos y la promoción de políticas de inclusión y equidad, con participación ciudadana y protección de derechos.
Así como patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas, coordinar temas de seguridad con la Policía Nacional, implementar planes de prevención del uso de drogas y desarrollar programas de vivienda de interés social.
Sin embargo, este nuevo marco normativo estableció un sistema nacional de competencias obligatorio y progresivo, que se llevó a cabo entre 2011 y 2015. Además, se reemplazaron las asignaciones discrecionales y leyes especiales previas por el Modelo de Equidad Territorial.
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Este sistema garantizó a los gobiernos seccionales una participación mínima del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado, distribuidos según criterios de población, densidad y necesidades básicas insatisfechas.
Sin embargo, en la práctica, los gobiernos provinciales no son iguales debido a sus capacidades operativas y financieras, a las limitaciones presupuestarias y los desacuerdos con los gobiernos de turno sobre la entrega de recursos por parte del Ejecutivo.
Es por eso que mayor reclamo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) siempre ha reclamado que las prefecturas recibieron sus nuevas competencias sin contar con los recursos necesarios para operarlas cabalmente.
Además, los recurrentes retrasos en las asignaciones por parte del Ministerio de Finanzas los obligan frecuentemente a priorizar el gasto corriente y la vialidad básica, por lo que las otras áreas quedan rezagadas.
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