Asamblea aprueba informe de fiscalización por la compra de 60 trolebuses en la alcaldía de Pabel Muñoz

Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea aprobaron el 23 de junio un informe de fiscalización por la supuesta compra irregular de 60 trolebúses en la administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. 

El proponente fue el asambleísta oficialista Xavier Ordóñez quien defendió la capacidad de fiscalización de la Asamblea a un gobierno local, pese a que la ley determina que en los municipios esa potestad recae en los concejos cantonales.

Ordóñez señaló que el Municipio de Quito realizó la compra con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo que permitió acudir a la figura de régimen especial de contratación con organismo internacionales, aunque presuntamente no cumplía los requisitos para aquello.

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El monto del proyecto fue de USD 32,9 millones y de este total, la UNOPS habría entregado apenas USD 50.000. Según Ordóñez, el perjuicio para la ciudad sería de un tercio del valor total de la adquisición.

El Municipio de Quito habría pagado a la UNOPS USD 2,7 millones por intermediar en la compra de los trolebúses eléctricos que circulan en la ciudad, lo que significaría un porcentaje del 8% cuando la propia entidad señalaría que por ese tipo de servicios cobra entre el 3% y 4%.

Recomendaciones del informe

El informe fue aprobado con 83 votos que salieron de ADN y los independientes. Revolución Ciudadana (RC), que es el movimiento político de Pabel Muñoz, se opuso con 54 votos. El documento será enviado a: 

• Concejo Metropolitano de Quito: se recomienda que pida explicaciones al alcalde Pabel Muñoz y al gerente de Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros sobre la adquisición. Además, que construya una normativa que impida que este tipo de casos se repitan.
• Contraloría General del Estado: para que valore la pertinencia de profundizar las acciones de control respecto de las actuaciones administrativas, financieras, contractuales y de supervisión de esa adquisición.
• Fiscalía General del Estado: para que, de considerarlo necesario, inicie una investigación para determinar las actuaciones de los funcionarios municipales en la compra de los 60 trolebuses.
• Cancillería: para que ponga en conocimiento de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas el contenido íntegro del informe, para que valore y analice el acuerdo al que llegó la UNOPS en este caso.
• Asamblea Nacional: para que evalúe e impulse reformas legales necesarias para delimitar con mayor claridad el uso de mecanismos de contratación o adquisición articuladas, a través de organismos internacionales de cooperación.

Para el correísmo el tema es electoral

Desde la Revolución Ciudadana se insistió el martes 23 de junio que la Asamblea no tiene la competencia de fiscalizar los actos de los Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD).

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La asambleísta Liliana Durán llevó el tema al plano electoral. Aseguró que la intención real de la fiscalización es debilitar la imagen del alcalde de Quito Pabel Muñoz, quien a su criterio, tiene las más altas posibilidades de reelección en las seccionales del 29 de noviembre.

"No tengan miedo a las urnas, dejen que el pueblo se pronuncie", dijo la asambleísta correísta quien aseguró que con este tipo de acciones, contra Muñoz o el alcalde Aquiles Alvarez en Guayaquil, se pretende allanar el camino a los candidatos del oficialismo.