La Asamblea abre una investigación a Pabel Muñoz por la compra de 60 trolebúses eléctricos

La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) decidió este 20 de enero de 2026 iniciar un proceso de fiscalización a la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y de varias entidades municipales encargadas de la movilidad en la capital. 

La moción fue planteada por el asambleísta Xavier Ordóñez, quien pide investigar la compra de 60 trolebúses eléctricos que, de acuerdo a un informe de la Contraloría, habría dejado un perjuicio de USD 2,5 millones al Municipio quiteño. 

Según el ente de control, la compra no se realizó a través de subasta inversa, pese a tratarse de bienes normalizados, como lo recomendaba el Servicio de Contratación Pública (Sercop). El Municipio optó por un esquema de cooperación con UNOPS, que es un organismo de las Naciones Unidas.

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Ordóñez calificó como "raro" el mecanismo usado por la Alcaldía de Quito "para rodear la ley y evitar los controles". El asambleísta gobiernista dijo que es momento de fiscalizar cómo se está utilizando la cooperación internacional.

"En este caso no estamos frente a asistencia técnica, aquí estamos frente a la adquisición de bienes normalizados, aquí no estamos frente a cooperación internacional, aquí estamos frente a intermediación comercial pagada con el dinero de los quiteños. Pusieron a un organismo internacional a ser un simple comisionista y no por cualquier monto", aseguró Ordóñez.

La resolución aprobada en la Asamblea dispone:

• Que la Comisión de Relaciones Internacionales inicie un proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones del señor Pabel Muñoz, Alcalde de Quito, y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas, en relación con los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos.
• Disponer que la Secretaría General de la Asamblea remita oficialmente la presente resolución a la Comisión de Relaciones Internacionales, al Concejo Metropolitano de Quito y al Alcalde de Quito para sus fines pertinentes.
• Disponer que la Secretaría de la Asamblea Nacional remita la resolución a la Contraloría General del Estado, a fin de que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopte las acciones que estime pertinentes.
• Ratificar que la resolución se fundamenta en las facultades de fiscalización y control político de la Función Legislativa, sin que esto implique una intromisión en las competencias privativas de otras funciones del Estado.

Reclamo del correísmo

El asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), Héctor Rodríguez, aseguró que la Asamblea no es el órgano competente para fiscalizar las acciones del Municipio de Quito y de su alcalde, ni de ningún gobierno local.

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"Si quieren controlar, controlen al Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una cantidad enorme de deberes con esta Asamblea. Si queremos ser fiscalizadores, demos paso al tema de Harold Burbano (ministro de Trabajo) con sus 14 bonos, al HealthBird, a Progen", señaló Rodríguez.

Pese al reclamo del correísmo, la resolución y el inicio de la investigación fue aprobada con 79 votos de la bancada de ADN y sus aliados. Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC) y algunos independientes, votaron en contra.