La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó el 9 de octubre un informe que pone en la mira las declaraciones patrimoniales de 95 alcaldes y prefectos y será enviado a los entes de control para las respectivas investigaciones.

La mesa legislativa recopiló información de entidades como la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) o la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) para detectar inconsistencias en sus bienes.

Con eso elaboró un "semáforo" de alertas como metodología de la fiscalización. En el color rojo fueron ubicados 41 autoridades locales, en tanto que 54 están en la mitad del semáforo, en color naranja. Ambos suman el 37,8% de las 251 autoridades fiscalizadas.

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Estos funcionarios registrarían declaraciones de bienes que no coinciden con el salario que han percibido durante su administración o que incluso ya tienen procesos de investigación previa o procesos judiciales en la Fiscalía.

Los expedientes de cada uno de esos alcaldes y prefectos serán enviados a Fiscalía, Contraloría, SRI y a la UAFE para que profundicen las investigaciones. Incluso, se solicita que se amplíe la investigación a los familiares y entorno de la autoridad ante posibles casos de testaferrismo.

En verde se ubicaron los expedientes de 90 autoridades locales. En la Comisión se explicó que quienes están en este color del semáforo no es que no tienen observaciones, pero estas son menores y podrían ser subsanadas. En tanto que 66 expedientes no tiene novedad alguna. 

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Gran parte del informe tiene el carácter de reservado. El presidente de la mesa legislativa, el independiente Cristian Benavides, dijo que se tomó esa decisión, porque se quiere cuidar la presunción de inocencia de los alcaldes y prefectos. 

Los votos salieron de los independientes Cristian Benavides, Pablo Jurado, Samuel Celleri, Manuel Choro y Carlos Vargas, que son aliados del gobierno en la Asamblea. A ellos se sumó Jennifer Guillén y Milton Aguas de Acción Democrática Nacional (ADN).

"Ojalá pudiéramos sacar este informe después de elecciones"

La fiscalización de los patrimonios de las autoridades locales fue dispuesta por el Pleno de la Asamblea en julio pasado, con los votos de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, Revolución Ciudadana (RC).

Benavides defendió el 9 de octubre el carácter técnico de la fiscalización a los patrimonios de los alcaldes, aunque reconoció que no se trata de un trabajo sencillo, porque las conclusiones llegan en un momento preelectoral. 

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"Ojala pudiéramos sacar este informe después de las elecciones", dijo Benavides, que aseguró que la comisión ha actuado de buena fe, aunque no pudo garantizar que los resultados del informe no vayan a ser usados con fines políticos a propósito de la cercanía de las elecciones seccionales.

El correísta Xavier Lasso dijo que era imposible liberar de contenidos políticos al informe y sostuvo que la fechas de aprobación del documento y su tratamiento en el Pleno de la Asamblea están coordinados para ser debatidos en pleno proceso electoral.

Su coidearia Patricia Núñez, que es jefa de la bancada correísta, cuestionó la metodología del semáforo para ubicar a las autoridades locales y las fórmulas usadas para poder calificarlos, porque no han sido avaladas por entidad alguna y la Asamblea no tiene competencia para aplicarlos.