Asambleísta denuncia supuesta extorsión a alcaldes a cambio de excluirlos de la lista de autoridades fiscalizadas

La fiscalización a los patrimonios de alcaldes y prefectos del país que se lleva adelante en la Asamblea Nacional podría desembocar, este 22 de septiembre de 2026, a una investigación por el presunto delito de extorsión.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, acudirá la tarde del martes a poner una denuncia en la Fiscalía en Quito, porque personas no identificadas estarían contactando a autoridades locales para ofrecerles gestionar su salida del listado de fiscalizados.

La alerta la dio un alcalde de un cantón del noroccidente de Pichincha quien ya ha proporcionado los números de teléfono celular y otros detalles, para tratar de identificar a los autores de las llamadas con estas propuestas. 

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El alcalde habría señalado que los responsables son "ciudadanos de la Asamblea", pero Benavides aseguró este 22 de septiembre que no se trataría de funcionarios de la Función Legislativa y prefirió hablar de un "circulo de extorsionadores".

Según el asambleísta independiente, pero cercano a la bancada de ADN, no se conoce si a cambio de los supuestos favores, los alcaldes presionados tendrán que dar dinero o ceder ante algún tipo de exigencias. 

Extensión del plazo de investigación

Este 22 de septiembre el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos pedirá al Pleno de la Asamblea una prórroga de 10 días para presentar el informe con las conclusiones de la fiscalización a los patrimonios de autoridades locales.

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Cristian Benavides dio a conocer que la investigación está bastante avanzada, pero que entidades como la Fiscalía, que ya investiga a varios alcaldes y prefectos, y el Consejo de la Judicatura no han enviado la información requerida.

Esto no ha permitido que la comisión realice un cruce de información para completar los datos de un semáforo de riesgos, que se elabora para ubicar a los alcaldes de acuerdo a las inconsistencias en sus patrimonios.

Hasta ahora, la mayor parte de la investigación ha sido declarada reservada y solo el Pleno de la Asamblea determinará si las conclusiones y recomendaciones de la fiscalización se hacen públicas.

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Benavides dio algunos detalles de dicho semáforo, y dijo, por ejemplo, quienes se ubican en el color verde no significa que no tienen alertas, pero sus diferencias patrimoniales todavía no son escandalosas.

"Están (70) alcaldes que habrían ahorrado todo su patrimonio, sus recursos no se han gastado ni en un café, y aparte de ello tienen un recurso adicional que va de entre USD 1.000 Y USD 50.000", dijo Benavides. 

En amarillo están cerca de 40 autoridades con denuncias de que sus patrimonios no coinciden con lo declarado y tienen procesos en la Contraloría.  

En el color rojo estarían unas 50 autoridades locales que ya registran investigaciones en la Fiscalía General del Estado con investigaciones previas por enriquecimiento ilícito.