En sesión reservada, una Comisión de la Asamblea recibe información sobre los patrimonios de alcaldes y prefectos de Ecuador

A mediados de septiembre, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional espera tener elaborado, al menos, un informe borrador sobre la investigación de los patrimonios de alcaldes y prefectos de Ecuador.

Aunque la mesa legislativa ya había anunciado el 8 de julio el inicio de la fiscalización, el jueves 3 de septiembre los integrantes de la Comisión conocieron la "hoja de ruta" que aplicarán en este proceso.

En la primera fase se propuso recibir las comparecencias de la Contraloría General del Estado, Superintendencia de Compañías, Unidad de Análisis Financiera del Ecuador y registradores públicos, entre otros, para obtener información.

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El objetivo es conocer las metodologías que han sido usadas por estas instancias para detectar incrementos patrimoniales no justificados. La información no es nueva y ya ha sido reportada por los entes de control.

En junio de 2026, una alianza periodística de investigación reveló que un tercio de los alcaldes y prefectos del país tuvieron saltos patrimoniales durante su gestión, según datos que reposan en la propia Contraloría. 

Son 79 los casos de autoridades locales que cuentan con patrimonios que no van acorde con sus ingresos percibidos. Eso motivó a que el Pleno de la Asamblea, el 23 de junio, disponga el inicio de la investigación.

Sin embargo, la mesa legislativa hará un análisis de 224 alcaldes y 23 prefectos.

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Diego Flores, asesor jurídico de la Comisión adelantó que de la información que ya tiene la Asamblea "hay alcaldías y prefecturas que ni ahorrando todo lo que perciben mensualmente lograrían justificar el patrimonio generado en su administración".

Contraloría da su versión

Tras conocer el cronograma de la fiscalización, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió al subcontralor General del Estado. El presidente de la mesa, el independiente Cristian Benavides, anunció que por pedido de la entidad se debía declarar la sesión reservada.

Esa propuesta fue cuestionada por el asambleísta Xavier Lasso, de la Revolución Ciudadana (RC). Recordó que la Ley de la Función Legislativa permite declarar la reserva de las sesiones en casos excepcionales.

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Específicamente, cuando se trata de temas que pueden afectar la seguridad nacional, algo que para el correísta no incluiría conocer sobre las investigaciones y análisis que ha hecho Contraloría a los patrimonios de alcaldes y prefectos. 

Sin embargo, en la votación se impuso la mayoría oficialista que domina la Comisión de Gobiernos Autónomos y la sesión de la tarde del 3 de septiembre continuó en reserva, solo entre funcionarios y legisladores.