La tarde del 21 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado allanó las oficinas del Municipio de Quito, ubicado en el centro de la capital.

En un publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público informó que este allanamiento es parte de una investigación por presunto peculado. 

"La Fiscalía y la Policía ejecutan tres allanamientos en el marco de una investigación por presunto peculado. Las intervenciones se desarrollan en las oficinas del Municipio de Quito, un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular", detalló.

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La institución agregó que los allanamientos buscan "recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por un monto superior a los USD 4 millones".

En diciembre de 2025, la Contraloría General del Estado publicó un informe sobre un presunto incumplimiento del Municipio capitalino en el proceso de compra de 60 trolebuses eléctricos.

El documento atribuye responsabilidad directa al alcalde Pabel Muñoz por la forma en que se gestionó la contratación: la entidad de control dice que el proceso no cumplió con las reglas de contratación pública y que generó perjuicios económicos.

La Contraloría examinó el período entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025, revisó el proceso de negociación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Memorando de Acuerdo suscrito y las enmiendas posteriores.

Los hallazgos alcanzan a la máxima autoridad municipal, al Directorio de la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y los gerentes y coordinadores de la Empresa.

La Contraloría estableció glosas por USD 2’552.307,83 y responsabilidades administrativas por USD 79.970,00.

Luego de que se conociera este examen, el caso llegó a la Fiscalía General del Estado, donde sigue abierta la investigación.