La Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó la noche del 8 de octubre de 2026 un informe que avala la decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de suprimir la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Con los votos de los asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN), la mesa legislativa llegó a la conclusión de que lo que hubo es una reorganización, que no significó eliminar la competencia especializada de los jueces anticorrupción, quienes conservan su alcance a nivel nacional, por lo tanto no se habrían violentado garantías.

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Además, que la supresión de la Unidad Judicial abre la posibilidad de que un mismo juzgador ejerza competencias en distintas materias, lo que ayudaría a destrabar los problemas de carga de trabajo que tiene la Judicatura y la necesidad de ampliar los servicios de justicia.

"Esta medida respondió a una necesidad e informes técnicos que demuestran el estado de saturación y colapso procesal en la justicia penal común, contrastado con la baja carga en las dependencias especializadas"

Informe de la Comisión de Justicia

Para llegar a estas y otras conclusiones, a la Comisión de Justicia, que está liderada por el oficialismo, le bastó la respuesta escrita que entregó el Consejo de la Judicatura, a través de su director general, ante un requerimiento de información de la Asamblea.

No fue necesario siquiera llamar a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, para que explique personalmente a los legisladores los motivos y alcances que tendrá la decisión de suprimir esas salas especializadas.

Una fiscalización ágil

De hecho, la Revolución Ciudadana (RC) cuestionó que no haya sido llamado a la mesa legislativa ni un solo funcionario Judicial, abogado o experto en la materia para ser escuchado sobre los pro y los contra de la decisión.

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También criticó el poco tiempo que tomó la investigación. El 17 de septiembre, la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por el correísmo, anunció su propia fiscalización y llamó a Mercedes Caicedo.

Ese mismo día, el Pleno de la Asamblea le retiró la investigación al correísmo y con 85 votos de ADN, los independientes y el Partido Social Cristiano (PSC) se le entregó a la Comisión de Justicia.

El 24 de septiembre la mesa legislativa avocó conocimiento y estableció una serie de acciones que iba a aplicar para esclarecer la situación. 

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"Tendrán que comparecer aquellos que puedan dar una explicación. Pueden ser los vocales, la presidenta del CJ, las autoridades deben entender que es importante su presencia, no solo enviar papeles, porque es la manera de tener un careo democrático en la Asamblea", pensaba entonces Esteban Torres, que es parte de la Comisión de Justicia.

Sin embargo, los asambleístas correístas de la Comisión denunciaron que no hubo ni una sesión más y peor comparecencias. El documento para ser analizado y votado les llegó sin que haya existido un debate previo, aseguraron.

La legisladora Gabriela Molina hizo notar que la normativa de las comisiones señala que las investigaciones y fiscalizaciones deben ser analizadas y procesadas en un plazo no menor a 20 días para que se pueda emitir un informe, por lo que pedía que se suspenda la sesión.

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También ingresaron a la reunión virtual las legisladoras correístas Viviana Veloz y Paola Cabezas, que pidieron participar con voz, algo que no pudieron hacer, porque la presidenta de la comisión, Rosa Torres de ADN, envió de inmediato a votar el informe, sin más debate.