El Consejo de la Judicatura suprimió la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado en Ecuador, cuatro años después de su creación. Esa instancia operaba al 50% de su capacidad tras la la suspensión de tres jueces por el caso Goleada.

Tras la decisión adoptada por el Pleno, el 7 de septiembre de 2026, sus competencias serán asumidas por otras judicaturas penales del cantón Quito y la Corte provincial de Justicia de Pichincha.

La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, aseguró que la decisión no debilita la lucha contra el crimen organizado sino que la fortalece, pues 50 jueces conocerán casos de corrupción y crimen organizado.

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"Esto no debilita la lucha contra la corrupción, no retrocedemos, fortalecemos", afirmó Caicedo, en un video difundido en redes sociales.

La Judicatura, a través de un comunicado, sostuvo que la resolución se dio "en el marco de la Declaratoria de Emergencia de la Función Judicial".

"Desequilibrio operativo"

"El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) reestructuró el modelo de juzgamiento especializado en Corrupción y Delincuencia Organizada, con base en sustentos técnicos, jurídicos y de planificación", señaló.

La entidad apuntó que dichos informes determinan que el actual modelo especializado de juzgamiento de este tipo de delitos "registra un desequilibrio operativo".

Según datos del SATJE, en 12 meses el Tribunal Anticorrupción registró solo 234 expedientes para sus nueve magistrados, mientras despachos penales ordinarios como la Corte Provincial de Pichincha superaron el 100% de su capacidad.

En este marco y para optimizar el sistema -insistió-, se dispuso la supresión de las dependencias especializadas contra la corrupción y el crimen organizado y se aprobó que sus competencias sean asumidas por los jueces de la Unidad Judicial Penal Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha.

La medida incrementará la capacidad operativa al pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados para conocer estos casos a nivel nacional, afirmó.

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¿Qué pasará con audiencias instaladas o suspendidas?

Las causas en trámite con audiencias instaladas o suspendidas seguirán a cargo de los jueces asignados.

Además, se dará mayor celeridad a los procesos de extinción de dominio para la recuperación de bienes de origen ilícito.

La Judicatura adujo que esta medida también responde "a la necesidad urgente de fortalecer la transparencia e integridad del sistema judicial", en vista de que varios juzgadores del antiguo esquema especializado resultaron involucrados en investigaciones por presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada como el caso Fachada.

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