Caso Fachada: Exjueza anticorrupción, procesada por presunto enriquecimiento ilícito, dejará la cárcel
La exjueza Gabriela L., procesada por presunto enriquecimiento ilícito, dejará la cárcel tras recibir medidas sustitutivas. Según informó la Fiscalía, ahora deberá cumplir con presentaciones periódicas y no podrá salir del país.
Imagen del Complejo Judicial Norte, en Quito, donde se instaló la audiencia de revisión de medidas de la exjueza anticorrupción Gabriela L.
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Este martes 2 de junio de 2026, un tribunal de revisión de medidas cautelares decidió revocar la orden de prisión preventiva de Gabriela Cossette L. T., exjueza anticorrupción que se encontraba detenida y es procesada por presunto enriquecimiento ilícito en el caso Fachada.
La Fiscalía General del Estado informó que esta decisión judicial se dio pese al “pedido fundamentado de la institución” por mantenerla privada de libertad. En lugar de esta medida, el tribunal ha dispuesto que la procesada deba cumplir con la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas mientras avanza su proceso legal.
Este proceso se deriva de las investigaciones del caso Fachada, que surgió en enero de 2025 tras revelarse una presunta red de corrupción estructural en las cortes. El entramado delictivo señala que varios jueces habrían recibido dinero para liberar a familiares de los cabecillas pertenecientes al grupo narcoguerrillero colombiano 'Comandos de la Frontera'.
Frente a la gravedad de estos indicios, el Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió de sus funciones a la exmagistrada y a otros dos jueces el 11 de junio de 2025, alegando que comprometieron la “imparcialidad de la Función Judicial”.
La exfuncionaria del sistema judicial se encuentra procesada por presunto enriquecimiento ilícito. Según informes conjuntos elaborados por la UAFE, el SRI y la Policía Nacional, la procesada aumentó su patrimonio en USD 83.853 de manera injustificada entre 2022 y 2025, tiempo en el que adquirió diversos vehículos e inmuebles.
Las sospechas se agravaron cuando, durante un allanamiento ejecutado a dos de sus viviendas el 16 de enero de 2025, las autoridades hallaron USD 56.760 en efectivo, ocultos en fundas, un dinero del cual no adjuntó documentación de respaldo.
La defensa de Gabriela L. ha solicitado reiteradamente una pericia económica financiera de rastro forense para realizar conciliaciones bancarias y explicar el origen del dinero incautado.
No obstante, la justicia no ha aceptado la inclusión de esta prueba, lo que ha llevado a su defensa a argumentar que los ingresos detectados por el SRI no reflejan los gastos y egresos reales de la exjueza, asegurando que se la está criminalizando sin permitirle justificar adecuadamente sus cuentas.
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