Exjueza anticorrupción detenida por enriquecimiento ilícito aumentó su patrimonio en más de USD 80.000

Una exjueza anticorrupción, detenida por enriquecimiento ilícito tras la investigación del caso Fachada, aumentó su patrimonio en USD 83.853 entre 2022 y 2025, lapso en el que acumuló carros y bienes inmuebles, según informes de la UAFE, del SRI y de la Policía Nacional.

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El caso Fachada surgió en enero de 2025 cuando se descubrió una red de corrupción en la que jueces habrían recibido dinero para liberar a hijos de los cabecillas del grupo narcoguerrillero colombiano ‘Comandos de la Frontera’, caso que arrancó en noviembre de 2024 y que habría provocado un perjuicio superior a los USD 300 millones por lavado de activos y narcotráfico.

De los tres jueces involucrados, dos fueron destituidos y detenidos, entre ellos la exmagistrada Gabriela Cossette L. T. El miércoles 29 de abril de 2026, la prisión preventiva que regía en su contra fue ratificada por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha.

“Gaby L., ¿en qué se enriqueció? Bajo qué preceptos económicos se enriqueció. Eso tenía que decir aquí la Fiscalía. Eso nos hubiera arrojado una pericia económica financiera de rastro forense, como yo la solicité y me la han venido negando”.

Édgar Molina, defensor de Gabriela L.

La abogada esmeraldeña Gabriela L., de 40 años, inició su carrera en la función pública en 2022, en la Defensoría del Pueblo. Fue directora del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas en 2023 y llegó a ser una de las cuatro juezas anticorrupción, de un total de 14 jueces en Ecuador.

“El daño no es personal, es colectivo, el interés colectivo debe estar frente al individual. En el caso en concreto, la corrupción ha mermado la confianza pública”, expuso el abogado Víctor Jácome, quien representa al Consejo de la Judicatura como víctima en este caso.

Casas y carros

La vinculación de Gabriela L. comenzó con una denuncia anónima. El 16 de enero de 2025, pasada la medianoche (00:21), una fiscal le pidió a un juez colega de la procesada que inicie “un acto urgente”: el allanamiento a dos inmuebles de la entonces jueza anticorrupción.

En una de ellas, en la urbanización La Fontana, en la ciudad de Esmeraldas, la Policía encontró en fundas, en su dormitorio, 892 billetes de USD 20 que sumaban USD 17.840, mientras que, en otra residencia, en Quito, en Jardines del Batán, le hallaron USD 38.920. En total: USD 56.760.

“La examinada no adjuntó documentación de respaldo que permita evidenciar el origen de los recursos, nos referimos a la suma de USD 56.760 encontrados en sus dos domicilios, que habían sido obtenidos por la Policía”, señaló la Fiscalía que logró que el juez decomise el dinero.

Cuatro días después del allanamiento, Gabriela L. presentó la copia de una escritura de promesa de compraventa de un inmueble compuesto por terreno, casa y piscina, en la ciudadela Balcones de Tachina, en Esmeraldas, por el monto de USD 120.000 y afirmó que el comprador le había cancelado USD 60.000 el 27 de diciembre de 2024.

El comprador en su versión confirmó que le hizo pagos por USD 60.000 entre el 27 de diciembre de 2024 y el 8 de enero de 2025. También dijo que “conoce a Gabriela L. desde hace 10 años, que incluso en 2021 le vendió un lote de terreno y que ella trabajó para él cuando ella estaba en el libre ejercicio”. En su versión no se constató el origen de los USD 60.000 pagados a la jueza.

Sin embargo, un informe de la Contraloría reveló las inconsistencias. En la última declaración patrimonial de la entonces jueza constaba que el inmueble de Tachina tenía un avalúo comercial de USD 206.648, casi el doble de lo que señalaba la promesa de compraventa.

Algo similar ocurrió con dos autobuses de marca Mercedes Benz de color blanco y rojo. Un contrato de promesa de compraventa les atribuía un valor de USD 30.000, pero en su declaración de bienes, en agosto de 2024, señaló que cada uno costaba USD 40.000.

A su nombre también registró otro vehículo, una camioneta doble cabina marca Great Wall plateada valorada en USD 25.490, en marzo de 2024. En esta compra, una tercera persona consta como depositante de un abono para el carro de Lara, por USD 6.875.

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Un informe de sus movimientos migratorios del 28 de octubre de 2025 le atribuye salidas a Estados Unidos, Puerto Rico y Argentina. “Su última remuneración fue de USD 4.406”, certificó el Consejo de la Judicatura, que detalló los cargos ocupados por Gabriela Lara.

• Coordinadora General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación de la Defensoría del Pueblo.
• Directora Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura.  
• Directora Nacional del Mecanismo para el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad.
• Jueza de Tribunal de Garantías Penales

Diferencias en Patrimonio

Un informe de la Contraloría General del Estado forma parte del expediente y señala que la exjueza no justificó USD 9.440 ni incluyó un vehículo que figura a nombre de su esposo. La entidad determina indicios de responsabilidad penal contra la funcionaria.

Mientras que los reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI) contrastados con el Sistema Financiero Nacional también señalan discrepancias. Durante el periodo 2022-2025, Gabriela L. registra ingresos por USD 216.990 en el sistema financiero, pero en el SRI presentó ingresos por USD 133.137 en el lapso de 2022-2024.

“Durante el referido periodo, se observa un aumento patrimonial injustificado por parte de la ahora procesada, por USD 83.853, cuyo incremento se ha producido de manera constante y continuada a través de actividades financieras como transferencia, depósitos en efectivo, retiros en efectivo, cheques, transferencias a terceros”.

Fiscalía

Las pruebas presentadas por la Fiscalía suman 49 en el proceso contra Gabriela L., sin embargo, la justicia no le autoriza a que la procesada incluya como prueba de su defensa un informe pericial económico financiero que realice ‘conciliaciones bancarias’ para que se aclare la procedencia de los dineros en efectivo que le fueron decomisados.

“Señor Juez, ante mi desesperación y ruego de súplica en la que solicité y he solicitado por más de cuatro ocasiones a la Fiscalía general del Estado, dé despacho a mi requerimiento de defensa, esto es que se nombre un perito en el área contable y financiera”.

Gabriela Cossette L. T.

Mientras que su abogado rechazó los argumentos de la justicia, que ha negado la pericia financiera con el argumento de que “los objetivos periciales ya estaban puestos”, y aseguró: “le quieren privar de libertad a mi defendida de sus tiernos hijos, de su hogar, se le criminaliza por ser juez, primero es ser humano y después juez”.

“¿Qué es lo que sucede, señor juez? El Servicio de Rentas Internas toma ingresos, pero no toma conciliaciones bancarias. Es decir, ingresa a mi cuenta USD 20.000 y sale para pago de tarjetas, colegio, depósitos USD 10.000. Señor juez, yo no tengo USD 30.000, yo tengo USD 10.000”, dijo.

En la audiencia de apelación de la prisión para la exjueza, su defensor mencionó que desde hace 92 días se ha pedido la pericia económica, la que ha solicitado “por una simple razón: todos en esta sala son funcionarios públicos. Todos corren el mismo riesgo si es que se deja pasar esto”.