Sala Anticorrupción opera al 50% de su capacidad tras suspensión de tres jueces por el caso Goleada
En manos de tres jueces anticorrupción queda el trámite de 143 causas pendientes. "Se ha implementado un plan de contingencia inmediato", asegura el Consejo de la Judicatura.
El Pleno del Consejo de la Judicatura reunido el 6 de julio de 2026.
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Consejo de la Judicatura
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Redacción Primicias
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La suspensión por 90 días de tres jueces de la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dejó a esa instancia operando con la mitad de sus integrantes, por lo que el Consejo de la Judicatura implementó un plan de contingencia.
Hasta julio de 2026, la sala acumulaba 143 causas pendientes, de las cuales 77 estaban a cargo de los magistrados suspendidos, según recogió Teleamazonas.
La medida fue adoptada el 27 de julio por el Consejo de la Judicatura contra los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Willer Chóez, luego de que revocaran la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus dos hermanos en el denominado caso Goleada.
Con las suspensiones, la Sala Anticorrupción quedó integrada únicamente por Esteban Coronel, Mabel del Pilar Tapia y Lauro Sánchez, quienes deberán atender las causas restantes mientras se resuelve la situación disciplinaria de sus colegas.
Byron Uzcátegui aseguró que la capacidad operativa de la unidad se redujo al 50%. En declaraciones a Ecuavisa, atribuyó el proceso en su contra a presuntas presiones.
Plan de contingencia ante falta de jueces
El vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Fabara, informó que las causas que requieren la conformación de un tribunal están siendo sorteadas entre jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha como parte de un plan de contingencia.
En un comunicado, el 5 de agosto, el Consejo de la Judicatura sostuvo que la redistribución de expedientes busca garantizar la continuidad del servicio judicial.
La institución afirmó que "se ha implementado un plan de contingencia inmediato que asegura que todas las causas que se encontraban a cargo de los jueces suspendidos continúen con un despacho oportuno, evitando cualquier afectación al servicio de justicia".
El penalista Juan Pablo Ortiz cuestionó la solución adoptada y advirtió que la respuesta no puede limitarse al reemplazo temporal de magistrados.
"No se puede tampoco tener jueces golondrinas; no es cuestión de decir que por el momento tienen que ir rápido tres jueces. También se tiene que hacer un seguimiento de trayectoria".
Juan Pablo Ortiz, penalista
El proceso disciplinario se originó tras una declaratoria de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 12 de julio de 2026, que concluyó que los tres jueces habrían incurrido en un presunto error inexcusable, considerado una falta gravísima en el Código Orgánico de la Función Judicial.
La Judicatura defiende suspensión de jueces
El Consejo de la Judicatura rechazó que la decisión responda a motivaciones políticas y sostuvo que los magistrados cuentan con todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa dentro del debido proceso. Además, aseguró que su actuación se enmarca exclusivamente en las atribuciones legales de la institución.
Fabara también defendió la actuación del organismo y, al referirse al caso Goleada, afirmó que se trata de "un caso muy particular" y que corresponde determinar "qué tipo de intereses políticos y económicos están primando".
Entre los procesos afectados está la apelación a la prisión preventiva del asambleísta Raúl Chávez y otras dos personas dentro del caso Goleada, cuya audiencia fue convocada para el 19 de agosto ante la Sala Penal, luego de que el tribunal especializado quedara incompleto por las suspensiones y recusaciones.
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