Judicatura niega desmantelamiento de unidad anticorrupción y anuncia concurso de jueces

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, respondió este 11 de septiembre de 2026 ante las críticas de expertos de Naciones Unidas y de Human Rights Watch, tras la eliminación de la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado.

La funcionaria rechazó que se trate de un debilitamiento de la lucha contra la corrupción -como advierten los expertos- y pidió “responsabilidad a quienes están desinformando a la ciudadanía y a los organismos internacionales”.

“No se trata de eliminación en lo absoluto”, afirmó Caicedo en una entrevista para Teleamazonas, al tiempo de asegurar que la decisión se sustenta en informes técnicos y en la necesidad de optimizar los recursos de la Función Judicial.

Caicedo sostuvo que los jueces anticorrupción mantienen jurisdicción nacional y que la fusión con la unidad judicial de Iñaquito y la Corte de Pichincha busca redistribuir la carga de trabajo. De este modo, dijo, se ampliará de 19 o 21 a 50 jueces la capacidad de atención de estas causas.

“Lo que estamos haciendo es suprimir y modificar competencias y, con esto, fusionando las dos unidades”, explicó.

Según datos expuestos por Caicedo, la unidad anticorrupción, que contaba con 21 jueces, registró una baja carga procesal. En 2021 recibió apenas dos causas y en 2022 ingresaron 11. En 2023 la cifra aumentó a 1.124 procesos, de los cuales 915 fueron resueltos.

De unas 6.000 causas conocidas por esa unidad entre 2021 y 2024, alrededor de 3.000 correspondían a inhibiciones, que Caicedo calificó como trámites de mero procedimiento.

Cuando la Judicatura, aprobó esta resolución Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y fiscales, dijo que "los Estados deben garantizar los recursos y la capacidad necesarios para que los tribunales administren justicia de manera efectiva".

Vacantes para 900 jueces

La presidenta de la Judicatura vinculó la reorganización con la emergencia declarada en la Función Judicial y con el déficit de magistrados. Inicialmente se identificaron 729 vacantes, pero, al sumar jueces constitucionales y del ámbito militar y policial, la necesidad asciende a cerca de 900, según explicó Caicedo.

“No se trata solamente de contratar más personal y mantener a ciertos jueces quizás en una zona de confort, sino más bien equiparar y equilibrar el trabajo absolutamente para todos”.

Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura

La funcionaria indicó que fueron priorizadas 222 plazas para ser cubiertas progresivamente mediante concursos públicos de méritos y oposición.

El primer proceso está previsto para este año y corresponde a jueces de la Corte Nacional de Justicia. “Este año tendremos el primer concurso que desde hace 10 años no han podido llevarse a efecto”, señaló.

Caicedo afirmó que la convocatoria está pendiente de la confirmación de la veeduría por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y recordó que los dos concursos anteriores para la Corte Nacional fueron anulados por irregularidades relacionadas con las pruebas de confianza.

“No se trata solamente de contratar más personal y mantener a ciertos jueces quizás en una zona de confort, sino más bien equiparar y equilibrar el trabajo absolutamente para todos”, sostuvo.